Manual peronista para fabricar pobres (y el problema de cuando alguien quiere que trabajen)

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Durante años la política argentina perfeccionó un modelo muy eficiente para tratar la pobreza. No para eliminarla, claro. Para administrarla. Que es distinto. Mucho más estable, mucho más previsible y, sobre todo, mucho más compatible con el calendario electoral.

La lógica fue simple y elegante: si hay pobreza, se crea un programa social. Si el programa no alcanza, se crea otro. Si tampoco funciona, se arma un organismo que supervise a los dos anteriores. Y si el problema sigue creciendo, se aumenta el presupuesto.

Con el tiempo, ese sistema se convirtió en una especie de industria nacional. Una máquina enorme dedicada a gestionar la marginalidad con un nivel de creatividad administrativa digno de Silicon Valley, pero aplicado a mantener el problema dentro de ciertos márgenes tolerables.

El resultado está a la vista.

Durante los últimos gobiernos peronistas y kirchneristas, el gasto en asistencia social creció de manera monumental. Cada año aparecían nuevas partidas, nuevos planes, nuevas estructuras estatales y, por supuesto, nuevos funcionarios encargados de explicar por qué todo eso era indispensable.

Mientras tanto, la pobreza seguía creciendo con una obstinación casi grosera.

Y entre los síntomas más visibles de ese fracaso apareció uno que debería incomodar a cualquier sociedad: cada vez más personas viviendo en la calle. Personas que pasaron a formar parte del paisaje urbano como si fueran un detalle inevitable de la modernidad, al mismo nivel que los autos mal estacionados o los carteles de alquiler.

Pero tranquilos: había programas para eso.

Paradores, refugios, dispositivos de acompañamiento, mesas de articulación, áreas de seguimiento, oficinas de contención emocional y probablemente un PowerPoint titulado “Plan Integral para la Inclusión de la Inclusión”.

Todo muy serio.

El problema es que el modelo tenía un pequeño defecto: la pobreza no disminuía. Al contrario, parecía multiplicarse con una velocidad que ni el presupuesto público podía seguir.

Es una paradoja interesante: cuanto más dinero se destinaba a combatir el problema, más grande se volvía el problema.

Algo parecido a apagar un incendio con nafta.

Pero el sistema estaba cómodo. Porque la asistencia social permanente tiene una ventaja política extraordinaria: transforma a millones de personas en dependientes de un mecanismo que nunca termina.

Es una especie de sala de espera social. Uno entra con la promesa de que algún día saldrá adelante, pero mientras tanto recibe acompañamiento, subsidios y discursos sobre la importancia de la inclusión.

El único detalle que falta en esa ecuación es el trabajo.

Ese viejo invento que durante siglos fue considerado la forma más efectiva de que alguien deje de ser pobre.

Durante años, en el universo político del kirchnerismo y el peronismo más clásico, el trabajo empezó a desaparecer del centro de la conversación. En su lugar apareció una palabra mucho más elegante: asistencia.

La asistencia tiene un problema filosófico: funciona mejor cuando nunca termina.

Porque si la gente deja de necesitarla, el sistema que la administra se vuelve innecesario. Y eso, naturalmente, no es una buena noticia para quienes viven de gestionar esa estructura.

En ese contexto llega un gobierno que, con todas sus rarezas y exageraciones, plantea algo que suena casi ofensivo para el modelo anterior: que la mejor política social es el trabajo.

Una idea tan revolucionaria que, curiosamente, fue la base de todas las sociedades que alguna vez lograron reducir la pobreza.

Pero en la Argentina de las últimas décadas esa idea parecía casi herética. Porque implicaba cambiar el enfoque completo: pasar de administrar la pobreza a intentar eliminarla.

Y ahí aparece el verdadero conflicto.

Porque cuando alguien propone construir puentes entre personas que necesitan empleo y empresas que lo ofrecen, empiezan a suceder cosas incómodas. Resulta que muchos de los que el sistema había etiquetado como “irrecuperables” en realidad están bastante interesados en trabajar.

Quién lo hubiera dicho.

Personas que durante años estuvieron atrapadas en el circuito infinito de la asistencia descubren que pueden sostener un empleo, alquilar una habitación, recuperar una rutina y salir del limbo social en el que habían quedado atrapadas.

La dignidad tiene ese efecto extraño: cuando aparece, ya no necesita tanta tutela estatal.

El problema es que este modelo funciona demasiado bien para ciertos intereses. Porque cada persona que logra autonomía deja de ser un número dentro del sistema de asistencia.

Y cuando los números empiezan a bajar, las estructuras que se dedicaban a administrarlos empiezan a ponerse nerviosas.

Por eso el cambio de paradigma genera tanta resistencia. No es solo una discusión ideológica. Es, en el fondo, una discusión sobre qué tipo de país se quiere construir.

Uno donde la pobreza sea un fenómeno permanente que se gestiona con presupuesto y discursos.

O uno donde el objetivo real sea que la gente deje de ser pobre.

El actual gobierno dice apostar por lo segundo. Habrá que ver si logra sostenerlo en el tiempo. Pero al menos introduce una novedad bastante perturbadora para la política argentina: la idea de que el trabajo puede ser más eficaz que el subsidio eterno.

Una idea peligrosa.

Sobre todo para quienes hicieron de la pobreza un sistema.