Un Presupuesto, una señal al mundo y una advertencia hacia adentro

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Por primera vez desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, el Gobierno contará con una ley de Presupuesto. No es un dato menor ni un trámite administrativo más. En la Argentina, donde la excepcionalidad suele transformarse en norma y donde el manejo discrecional de los recursos ha sido una constante, la aprobación del Presupuesto 2026 constituye un hecho político de relevancia estructural. También revela, sin embargo, las fragilidades y dependencias que todavía condicionan al oficialismo.

El camino hasta la sanción definitiva estuvo lejos de ser lineal. En Diputados, el Gobierno sufrió un traspié que no esperaba: la oposición logró modificar artículos sensibles vinculados a la emergencia en discapacidad y al financiamiento universitario. Aquella votación encendió alarmas en el oficialismo y dejó en evidencia que, aun con bancadas ampliadas, La Libertad Avanza no controla el Congreso. El Presupuesto que finalmente salió del Senado fue el resultado de una negociación intensa, silenciosa y, por momentos, angustiante.

Para Milei y para el ministro de Economía, Luis Caputo, el Presupuesto no era sólo una herramienta de gestión. Era, sobre todo, una señal política hacia afuera. El Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos habían transmitido con claridad la necesidad de contar con una ley de gastos y recursos aprobada por el Congreso, como prueba de previsibilidad, estabilidad y respaldo institucional. Sin ese aval, cualquier discurso sobre orden macroeconómico quedaba incompleto.

En los días previos a la sesión del Senado, el oficialismo desplegó una diplomacia parlamentaria contrarreloj. El foco estuvo puesto en evitar nuevas modificaciones que obligaran a devolver el proyecto a Diputados, una posibilidad que hubiese expuesto al Gobierno a un escenario incierto, con sesiones extraordinarias en pleno verano y dificultades serias para reunir quórum. El artículo 30, que elimina pisos mínimos de financiamiento en áreas sensibles como educación, ciencia y defensa, se convirtió en el principal punto de fricción.

El solo hecho de que el oficialismo haya contemplado la necesidad de convocar a sesiones el 30 de diciembre o incluso el 6 de enero habla de la precariedad de su posición. Martín Menem, presidente de la Cámara baja, sabía que cualquier ausencia podía resultar fatal. Las relaciones con aliados clave, como el PRO y sectores de la UCR, estaban tensadas por decisiones recientes, entre ellas las designaciones en la Auditoría General de la Nación y la frustrada inclusión de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires en el texto original.

La paradoja es evidente: La Libertad Avanza creció de manera notable en ambas cámaras, pero sigue dependiendo de bloques dialoguistas y de la buena voluntad de los gobernadores. No puede prescindir de ellos. La votación en Diputados dejó una lección que el oficialismo no debería olvidar: el respaldo de las provincias es volátil y responde más a equilibrios coyunturales que a alineamientos ideológicos sólidos.

Los gestos de autonomía de varios mandatarios provinciales fueron elocuentes. Tucumán, Catamarca y Salta acompañaron el Presupuesto en general, pero se desmarcaron en artículos clave. Hubo ausencias estratégicas, votos negativos selectivos y abstenciones que funcionaron como mensajes políticos. Incluso algunos legisladores que llegaron al Congreso bajo el paraguas libertario se permitieron tomar distancia cuando el clima se volvió incómodo.

El Senado, en cambio, ofreció una foto distinta. Allí, los gobernadores eligieron no tensar más la cuerda y alinearse con la Casa Rosada. Permitieron que Milei obtuviera el Presupuesto que necesitaba y evitaron un nuevo desgaste institucional. Fue una tregua más que una alianza. Un acompañamiento condicionado que no garantiza futuros apoyos automáticos.

La aprobación del Presupuesto le da aire al Gobierno, pero no resuelve sus dilemas de fondo. El receso de enero será algo más que un paréntesis administrativo: será una oportunidad —y una necesidad— para recomponer vínculos políticos. En febrero, el oficialismo pretende avanzar con reformas de alto voltaje, como la modernización laboral y los cambios en la ley de Glaciares. Ambas iniciativas prometen resistencia social, sindical y ambiental, y requerirán una arquitectura política mucho más robusta que la exhibida hasta ahora.

El mensaje que dejó el Congreso es claro. Milei logró una victoria importante, pero no definitiva. Tiene Presupuesto, sí, pero también una advertencia: sin diálogo sostenido, sin acuerdos con gobernadores y sin una estrategia más fina hacia los aliados parlamentarios, cada ley será una batalla. En la Argentina, incluso los triunfos suelen ser provisorios.