Se juntó "la casta" y puso furioso a Juez

Por Juan Palos

En los últimos días, la política cordobesa ha atravesado un verdadero sismo, resultado de una serie de decisiones que han dejado mucho que desear en términos de transparencia y eficiencia. La reciente creación de la polémica Procuraduría del Servicio Penitenciario y el acuerdo que llevó a la UCR a ceder la silla de una fiscalía adjunta son ejemplos claros de una política más preocupada por la repartición de poder que por el bienestar de la ciudadanía.
La discusión sobre la reforma previsional y las tensiones con la Casa Rosada en relación al Presupuesto no son más que telones de fondo ante una maniobra que revela un reacomodamiento en el poder. Al nombrar al ex socio de Juez, Carlos Lezcano, como nuevo jefe de los fiscales, y al avanzar con la postulación de Florencia Degano para ocupar una de las fiscalías adjuntas, se desdibujan las fronteras entre las ideologías de los partidos. Este tipo de acuerdos, impulsados por el llaryorismo, no sólo crean incertidumbre sobre la capacidad de las instituciones, sino que muestran un alarmante nivel de compromisos que comprometen la integridad de la función pública.
Lo más preocupante es la forma en que se han desarrollado estas negociaciones: a puertas cerradas y sin la consulta adecuada a los organismos partidarios. La UCR, que históricamente ha defendido ciertos valores, parece diluirse en este contexto, viendo cómo figuras como Degano, con conexiones directas al negrismo y favorecidas por el entorno del presidente del partido, Marcos Ferrer, son promocionadas sin que la militancia tenga voz en el proceso.
Ese descontento no ha pasado desapercibido. El juecismo, representado por Walter Nostrala, ha presentado su enérgico rechazo, acusando al gobernador Llaryora y a los radicales de sostener un “acuerdo espurio” en medio de lo que perciben como una crisis de valores. Dichas acusaciones ponen de relieve que la manipulación del sistema judicial no es simplemente un error estratégico, sino un ataque directo a la plena confianza que los ciudadanos deberían tener en sus instituciones. ¿Es este el tipo de cambio que los cordobeses esperaban?
Además, la postura de Ramón Mestre resuena en el sentimiento colectivo al señalar que acciones como la designación de funcionarios en horas intempestivas y la aprobación de presupuestos engañosos son un ataque frontal a la identidad política de la UCR, así como a la democracia misma. La urgencia de la política y la falta de consulta a las bases solo aumentan la desconfianza.
Es crucial que los ciudadanos se mantengan alertas ante estos movimientos. Los vínculos entre los funcionarios, las negociaciones a espaldas de la ciudadanía y el debilitamiento de principios básicos son señales de que, en la política cordobesa, es el poder el que prima por encima del servicio público. En lugar de combatir la corrupción, se está conformando un sistema que la legitima. La transparencia y la participación real deben ser la norma, no la excepción. De lo contrario, la política en Córdoba podría terminar siendo una sombra de lo que debería ser: un espacio de construcción democrática al servicio del pueblo.