Tras el amparo por la AGN, el Gobierno busca recomponer la relación con el PRO

• El PRO presentó un amparo para frenar la designación de auditores de la AGN.
• Denuncia inconstitucionalidad y graves irregularidades en el procedimiento.
• El trasfondo del conflicto es político por la exclusión del PRO del acuerdo.
• Diego Santilli actúa como mediador para evitar una ruptura con el Gobierno.
• La Casa Rosada necesita recomponer la relación para aprobar Presupuesto y reformas.
• El episodio expone tensiones estructurales dentro de la alianza oficialista.

La presentación judicial del bloque de diputados del PRO para frenar la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) abrió un nuevo foco de tensión en el Congreso, pero también activó gestiones del Gobierno para evitar que el conflicto derive en una ruptura política con uno de sus principales aliados parlamentarios. El recurso de amparo, firmado por el presidente del bloque, Cristian Ritondo, cuestiona la legalidad de las designaciones realizadas durante la madrugada del 18 de diciembre y expone, detrás de los argumentos institucionales, una disputa política por el reparto de poder.

Para el PRO, la resolución que designó a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti es “abiertamente inconstitucional”. El planteo se apoya en que la designación de las autoridades de la AGN no formaba parte del temario habilitado para las sesiones extraordinarias y, por lo tanto, habría violado el artículo 63 de la Constitución Nacional. A eso se suman denuncias sobre la forma en que se desarrolló la votación: sin dictamen previo, sin debate parlamentario, con escasa publicidad y en un horario inusual, cerca de las tres de la mañana.

Sin embargo, en el partido fundado por Mauricio Macri reconocen que el conflicto excede lo jurídico. El bloque daba por hecho que uno de los cargos en la AGN sería ocupado por Jorge Triaca, pero quedó afuera de un acuerdo que, según su lectura, fue sellado entre el oficialismo, sectores del peronismo y gobernadores del norte del país. Esa exclusión fue interpretada como una traición política en la primera sesión con la nueva conformación del Congreso tras las elecciones nacionales de octubre.

La reacción del PRO dejó en una posición incómoda a Diego Santilli. Histórico dirigente del espacio y actual ministro del Interior del gobierno de Javier Milei, asumió el rol de equilibrista entre la defensa del acompañamiento legislativo de su partido y la necesidad de sostener la gobernabilidad. En declaraciones públicas, reivindicó el apoyo “incólume” del PRO al oficialismo durante los últimos dos años y buscó enviar una señal de continuidad en la alianza.

Al ser consultado por la judicialización de la designación de auditores, Santilli marcó distancia del conflicto. Señaló que se trata de una atribución propia del Congreso y que será la Justicia la que deba determinar si existieron irregularidades en el procedimiento. De ese modo, intentó evitar que el episodio escale hacia un enfrentamiento directo con la Casa Rosada, al tiempo que dejó abierta la puerta a una recomposición política.

Desde el Gobierno observan con preocupación el impacto que este conflicto podría tener sobre la agenda legislativa. La aprobación del Presupuesto, la modernización laboral y otras reformas estructurales dependen de acuerdos finos en ambas cámaras. En ese marco, Santilli defendió con énfasis el objetivo del equilibrio fiscal y remarcó que la falta de un presupuesto aprobado en los últimos años fue uno de los factores que agravó la crisis económica.

Respecto de las dificultades para avanzar con algunos capítulos en Diputados, explicó que se trata de leyes que requieren mayorías agravadas y que, de no ser tratadas con cuidado, podrían generar un fuerte desequilibrio fiscal. Aun así, sostuvo que el proceso legislativo muestra avances significativos y se mostró optimista sobre la capacidad del Gobierno para construir consensos.

En relación con la reforma laboral, el ministro descartó que la postergación del debate en el Senado esté vinculada a internas políticas o presiones sindicales. Atribuyó la demora a la gran cantidad de pedidos de audiencias y a la decisión estratégica de trabajar durante enero en comisión para llegar con un dictamen sólido en febrero. Defendió la iniciativa como una herramienta clave para reducir la informalidad laboral y ampliar derechos.

El amparo presentado por el PRO funciona, así, como un síntoma de las tensiones latentes dentro del esquema de alianzas que sostiene al Gobierno. Mientras la Casa Rosada busca recomponer el vínculo con el macrismo para asegurar su agenda de reformas, el episodio de la AGN dejó en evidencia que la relación atraviesa un momento de redefinición, marcado por desconfianzas, reclamos de poder y la necesidad mutua de sostener la gobernabilidad.