Crisis previsional en Córdoba: ¿Justicia social o ajuste encubierto?"

El Gobernador de Córdoba logró una aprobación trascendental en la Unicameral, con el respaldo de 38 legisladores, para declarar una emergencia previsional que podría extenderse por diez años. Esta medida, de impacto significativo, permite al Ejecutivo incrementar los aportes de los trabajadores activos hasta un 8%. Aunque no está explícitamente detallado, se entiende que la carga principal recae en los trabajadores de mayores ingresos, mientras que los pasivos de menores ingresos se beneficiarán con una garantía de que recibirán el 82% de su haber bruto.

El contexto de esta normativa no es trivial. Se han destapado preocupaciones sobre su transparencia y su claridad. Facundo Torres, un importante referente del oficialismo, mencionó que alrededor de 65,000 pasivos se verán beneficiados, pero los detalles aún permanecen vagos en el texto que fue votado. La falta de precisión puede generar desconfianza en un público que ya ha mostrado inquietudes sobre la gestión de sus aportes y beneficios.

A pesar de que el objetivo de la ley se justifica bajo el manto de una crisis económica que afecta al sistema previsional, el método utilizado para "socializar" este ajuste podría resultar cuestionable. La carga de mayor aportación corresponde en gran medida a unos 20,000 activos que se encuentran en la cúspide del escalafón salarial, lo que implica que sectores como los bancarios o judiciales, que ya enfrentan un impuesto de 22%, verán su contribución subir hasta un 30%. ¿Es este un enfoque justo y equitativo, o se está utilizando a un grupo reducido como “chivo expiatorio” para suavizar la crisis?

Además, es preocupante que la normativa llegue al recinto después de un debate apresurado, con escasas instancias de discusión previa. Los cruces entre oficialismo y oposición reflejan una falta de consenso y un debate más profundo que podría haber enriquecido el proyecto y aliviado las preocupaciones de los involucrados. Este tipo de tramites acelerados no contribuyen a la confianza en el proceso democrático.

Por otro lado, la suspensión del Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios previsionales (Focca) nos conduce a preguntarnos sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas nuevas medidas. Mientras que el ajuste parece ser la solución más evidente, no se discute cómo se financiarán a futuro esos aumentos para los pasivos, ni se aborda una posible restricción en las jubilaciones, lo que podría desencadenar una reacción adversa en los sectores más vulnerables.

En conclusión, si bien la intención de proteger a los pasivos con menores ingresos es loable, las decisiones tomadas deben estar rodeadas de transparencia y un sólido debate público. La comunidad merece medidas que no solo sean efectivas, sino también justas y equitativas, con un enfoque claro hacia la sostenibilidad del sistema previsional que no deje a nadie atrás. El desafío ahora es evitar que este tipo de decisiones se conviertan en un patrón de gestión que sacrifique el bienestar de los más desfavorecidos en aras de salvaguardar la estabilidad fiscal.