La pulseada por la AGN abre un nuevo frente judicial y expone las grietas del oficialismo ampliado

• La Cámara de Diputados designó tres auditores de la AGN durante una sesión nocturna cuestionada por el PRO.
• El bloque macrista presentó un amparo y pidió frenar la asunción mediante una cautelar.
• Denuncian que el tema no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias.
• Señalan irregularidades en el procedimiento: sin dictamen, sin debate y sin acuerdos formales.
• El PRO esperaba que Jorge Triaca fuera designado, pero quedó fuera del acuerdo político.
• El caso abre un nuevo frente judicial y profundiza las tensiones en el Congreso.

La designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) durante la madrugada del 18 de diciembre sumó un nuevo capítulo de tensión política y derivó en una ofensiva judicial del PRO contra la Cámara de Diputados. Con la firma de su presidente de bloque, Cristian Ritondo, el partido fundado por Mauricio Macri presentó un recurso de amparo para frenar las designaciones, a las que calificó como “abiertamente inconstitucionales”, y pidió una medida cautelar urgente que impida la asunción de los funcionarios hasta que exista una sentencia definitiva.

La controversia gira en torno a la resolución 7018-D-2025, mediante la cual la Cámara baja designó como auditores de la AGN a Rita Mónica Almada, cercana a La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, identificado con el kirchnerismo; y Cinthia Pamela Calletti, vinculada políticamente al gobernador salteño Gustavo Sáenz. Para el PRO, el procedimiento no solo vulneró normas reglamentarias básicas, sino que además quebró el equilibrio institucional de uno de los principales organismos de control del Estado.

Según la presentación judicial, el núcleo del planteo es que la designación se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias. El bloque macrista sostiene que el decreto presidencial de convocatoria no incluía este punto, lo que implicaría una violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional. “El Congreso no puede tratar asuntos ajenos al temario sin seguir los mecanismos formales que la propia Constitución establece”, argumentaron desde el entorno de Ritondo.

Pero las críticas no se detienen allí. En el escrito de 29 páginas, patrocinado por la abogada Tiziana Díaz, se enumeran una serie de presuntas irregularidades: la votación se realizó cerca de las tres de la mañana, sin publicidad suficiente, sin dictamen previo de comisión, sin debate parlamentario y sin que los antecedentes de los candidatos circularan con antelación entre los legisladores. Tampoco, señalan, existió un acuerdo de Labor Parlamentaria que habilitara el tratamiento exprés de la moción.

Para el PRO, estas condiciones no son un detalle menor. En el texto presentado ante la Justicia se subraya que el respeto de las reglas constitucionales y reglamentarias “no es una mera exigencia ritual”, sino una garantía esencial para que todos los diputados, y en particular los que no integran una mayoría circunstancial, puedan ejercer plenamente la representación conferida por el electorado. Desde esa perspectiva, la integración “viciada” de la AGN implicaría un avasallamiento de gravedad institucional.

El trasfondo político del conflicto también es evidente. En el macrismo daban por hecho que uno de los lugares en la AGN sería para Jorge Triaca, pero quedaron fuera de un acuerdo que, según su interpretación, fue sellado entre Martín Menem, sectores de Fuerza Patria y gobernadores del norte. Esa exclusión alimentó el malestar interno y terminó de detonar la decisión de judicializar el tema.

Ritondo ya había anticipado el movimiento durante la propia sesión. Visiblemente molesto, advirtió en el recinto que la designación de los auditores no podía tratarse por ser inconstitucional y acusó a La Libertad Avanza de romper compromisos políticos básicos. “La falta de códigos y de respeto corre por cuenta del oficialismo”, lanzó en aquella madrugada, antes de confirmar que el PRO acudiría a la Justicia.

Ahora, el expediente quedó en manos del Poder Judicial, que deberá resolver si hace lugar a la cautelar solicitada y, en un plano más amplio, si considera nula la resolución que dio origen a las designaciones. Más allá del desenlace, el episodio dejó expuesta la fragilidad de los acuerdos parlamentarios y abrió un nuevo foco de conflicto institucional en torno al control de los organismos clave del Estado.