Llaryora se quiere acercar a la Casa Rosada. ¿Podrá?

La semana en el Centro Cívico de Córdoba dejó una sensación inusual: un respiro político en medio de un panorama económico cada vez más complejo. Este escenario se dio en contraste con la derrota sufrida por el oficialismo libertario en el Congreso nacional, impulsada en gran medida por los diputados cordobeses de Provincias Unidas. Mientras tanto, el peronismo local logró aprobar una reforma previsional impopular, una jugada estratégica que buscaba demostrar que Córdoba tiene voz y puede hacerse notar en el ámbito nacional.
La maratónica sesión en la Unicameral y los movimientos coordinados de los diputados alineados con Martín Llaryora evidencian una decisión política clave: recuperar la iniciativa y forzar al Gobierno Nacional a sentarse a negociar seriamente por los recursos previsionales que Córdoba reclama ante la Corte Suprema. Actualmente, la provincia recibe unos $5.000 millones mensuales, una cantidad que claramente resulta simbólica frente a un déficit estructural que se estima entre $10.000 y $14.000 millones. Además, el tiempo apremia: el esquema transitorio establecido por la Corte Suprema vence en marzo y Córdoba enfrentará la obligación de presentar auditorías pendientes, que determinarán el flujo económico futuro.
En el gobierno provincial se siente una acumulación de fastidio por el tratamiento inicial recibido del Gobierno nacional. La dinámica de la semana pasada, en la que el oficialismo se vio obligado a convocar a sesiones de manera urgente, marcó un quiebre significativo. La derrota en Diputados provocó un cambio en la atmósfera: ahora hay más diálogo y una moderada esperanza de reconstruir un vínculo político productivo. No obstante, la postura del gobierno provincial es clara: no se van a conformar con migajas ni ATN, buscan una negociación seria que valore a Córdoba adecuadamente.
La reforma previsional en cuestión es un tema delicado. Aunque el gobierno admite que actualmente enfrenta críticas de todos los jubilados, su estrategia política plantea que aproximadamente 65,000 pasivos, los que estaban más rezagados, recibirán un beneficio real, a costa de un esfuerzo que recaerá en aquellos con haberes más altos. Reconocen que no existe una solución mágica y que las decisiones difíciles siempre generarán descontento. Sin embargo, consideran que este enfoque es necesario para descomprimir un sistema en crisis y generar un discurso sólido.
Por otro lado, la oposición sinala la reforma como un ajuste encubierto, cuestionando la discrecionalidad que tendría el Ejecutivo en su aplicación. Sin embargo, la aprobación en la Legislatura fue percibida como un triunfo político para el oficialismo, que logró ordenar sus fichas y aislar a una oposición fragmentada. En este contexto, el ambiente político también aparece apto para decisiones que, en otras circunstancias, serían impensables.
Al mirar hacia el futuro electoral, existe un fenómeno interesante: algunos electores en Córdoba podrían optar por Javier Milei a nivel nacional, pero respaldar a Llaryora en la provincial. Esto señala una complejidad en el panorama político que el oficialismo está dispuesto a aprovechar. La estrategia del gobierno de optimizar cuentas y reducir costos se alinea con una demanda social palpable por parte de la ciudadanía, que busca soluciones concretas a sus problemas.
El desafío es claro: la gente espera resultados tangibles, no discursos vacíos. Así, el camino hacia 2026 estará marcado no solo por decisiones políticas, sino también por la capacidad del gobierno para ejecutar y sostener las inversiones necesarias en infraestructura, salud, educación y seguridad. La expectación de la sociedad es alta, y el tiempo dirá si estas cartas jugadas dan frutos en el complicado juego de la política y la economía cordobesa.