A contrarreloj: Milei vuelve para firmar decretos clave antes del vencimiento de las facultades delegadas

• Milei regresa al país tras una gira internacional para firmar decretos antes del 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas de la Ley Bases.
• Hay 13 decretos listos, centrados en recortes, cierres y reestructuración de organismos del Estado.
• Se apunta al INTA, Senasa, ANAC e INC, entre otros, con reducciones de personal y venta de activos.
• La administración pública perdió 30.000 contratados en un año; se busca seguir achicando.
• Hay malestar entre monotributistas y altos cargos por salarios congelados; Milei rechazó actualizarlos.
• El Gobierno mide el momento de comunicar estas medidas, en un contexto político sensible.
• Tras el 8 de julio, las reformas deberán pasar por el Congreso o quedar en sugerencias internas.

Tras una extensa gira internacional de diez días, el presidente Javier Milei regresa este sábado a la Argentina con una agenda urgente: firmar una batería de decretos que deben ejecutarse antes del 8 de julio, fecha en la que expiran las facultades delegadas obtenidas con la Ley Bases del año pasado. El reloj corre para el Gobierno, que busca avanzar en medidas de desregulación del Estado antes de que pierdan su fuerza legal.

En la Casa Rosada lo esperan más de una docena de decretos listos para ser rubricados, que abarcan desde recortes de gastos y cierre de dependencias, hasta la transformación de organismos descentralizados. El foco está puesto en las carteras de Salud, Capital Humano y Economía, y los organismos apuntados incluyen al INTA, el Senasa, la ANAC y el Instituto Nacional del Cáncer.

Según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la administración pública cuenta con 111 organismos, con una estructura que el oficialismo considera sobredimensionada. Federico Sturzenegger, titular del área, impulsa convertir entes descentralizados en desconcentrados, con el argumento de eliminar duplicaciones administrativas y achicar el aparato estatal.

La reforma del INTA es una de las más ambiciosas. Incluye reducción de personal, cierre de sedes y posible venta de campos. También se evalúan transformaciones similares en otras agencias con gran dotación de empleados. Desde el Gobierno, justifican las medidas con la caída sostenida del empleo público: cerca de 30.000 contratos menos en un año.

Sin embargo, no todo es ejecución. Los decretos deben atravesar múltiples filtros legales antes de llegar al escritorio presidencial. Las áreas jurídicas del Ministerio afectado, de Desregulación, y la Secretaría Legal y Técnica de la Nación participan en un proceso engorroso y altamente técnico. Además, la comunicación pública de estas reformas se mide con precisión: con un lunes feriado y la atención puesta en la detención de Cristina Kirchner, se descarta que haya anuncios en los primeros días de la semana.

En paralelo, crece el malestar entre los empleados estatales monotributistas, cuyo salario —regido por Unidades Retributivas (UR)— permanece congelado desde octubre. Mientras la paritaria de los efectivos avanza, los contratados esperan un aumento que no llega. Incluso los altos cargos, como directores y secretarios, tienen sus sueldos congelados desde diciembre. Sturzenegger pidió descongelar las remuneraciones, pero Milei se opuso, generando dificultades para retener personal calificado. “Sólo se queda el que tiene muchísima plata”, grafican desde dentro del Gobierno.

Con la cuenta regresiva corriendo hacia el 8 de julio, el oficialismo enfrenta una encrucijada: ejecutar su proyecto desregulador sin perder iniciativa política en un Congreso que le es ajeno. Después de esa fecha, las reformas podrán continuar, pero sin el poder de fuego que otorgan las facultades delegadas. En adelante, las propuestas deberán navegar el sinuoso camino legislativo o limitarse a sugerencias internas dentro del Ejecutivo.

El regreso de Milei marca el inicio de una etapa decisiva: la ofensiva final del decreto.