Los cordobeses ponemos todo; la Nación, nada

Los vecinos de la ciudad de Córdoba estamos sufriendo una quita de fondos por parte del Gobierno nacional sin precedentes. Cada mes, se apropian de recursos que generamos mediante un esquema tributario que incumple la reforma constitucional de 1994. El sistema ya era injusto, pero pasaron al saqueo.

En cada compra, la Nación se queda con parte del importe que pagamos. El Presidente Javier Milei decidió que de esa recaudación no vuelva nada. Los beneficios que Nación nos brinda a los cordobeses ya eran mínimos y encima los recorta eliminando la obra pública y los subsidios al transporte, achicando las prestaciones del PAMI o cortando los medicamentos del programa “Remediar”.

El Intendente Daniel Passerini hace una pregunta muy lógica: “¿Por qué, cuando cargamos combustible en Córdoba, el 35% del importe queda en manos del Estado nacional, sin que un solo peso vuelva a nuestro municipio?”. Ese recurso podría utilizarse para reforzar servicios esenciales como salud, educación o transporte.

En el mismo sentido se expresaron los mandatarios provinciales que se reunieron días atrás, señalando el incumplimiento nacional en el envío de los fondos que surgen del Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Recurso que además tiene una afectación específica: reparar las rutas nacionales que hoy son una amenaza.

Está quedando muy en evidencia que la “motosierra” no poda privilegios de una casta poderosa, sino que recorta derechos de sectores vulnerables y suprime servicios que necesita toda la sociedad.

Nudo tributario y federalismo fiscal
Córdoba ya es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, pero no puede profundizar la modernización de su tecnología de gestión si el Intendente tiene que salir de urgencia a producir los medicamentos que necesitan los dispensarios o sostener el sistema de transporte.

A partir de la reforma constitucional del año 1994, la Argentina reconoce explícitamente la autonomía municipal. Uno de los elementos esenciales de esa autonomía es la posibilidad de que la Municipalidad de Córdoba establezca sus propios tributos. Incluso, esa reforma establece que los actores de la vida institucional argentina deben consensuar y dictar una nueva Ley de Coparticipación. No se pudo o no se quiso.

Aquí hay que detenerse ante un dato crucial: la mayor fuente de financiación de los municipios viene de la coparticipación nacional y, en menor grado, de la coparticipación provincial. Además, el obsoleto marco legal que tenemos obliga a restringir el poder tributario municipal al máximo. La letra establece que todo lo que imponga la Nación (impuesto a las ganancias, por ejemplo) las provincias y los municipios tienen prohibido cobrarlo.

Como todos sabemos, en la Argentina no hay hecho imponible que no se encuentre alcanzado por el gobierno central, por eso los estamentos inferiores aplican tasas y contribuciones que tienen como objeto financiar los servicios que prestan.

La Nación absorbe hoy la mayoría de las imposiciones y no devuelve ni lo que la vieja ley exige. Una nueva Ley de Coparticipación nos daría orden, identificando cuáles son los servicios que tienen a cargo las provincias y cuales los municipios.

La Municipalidad de Córdoba no solo mantiene los espacios verdes o el alumbrado. También implementa programas de seguridad, educación, salud, políticas sociales e innumerables prestaciones que muchas veces no se asocian con la gestión local. 

Y no tiene alternativas: esos servicios se financian por lo recaudado o se costean por impuestos. La paradoja radica en que los municipios no pueden imponer, pero tienen derecho a hacerlo por el principio de la autonomía municipal.

Con mucha razón se exige una vez más un consenso fiscal. Pero ya hubo infinidad de parches, en cada pacto firmado desde el 92 al 2021, y la injusticia de fondo no cesó. La foto es el último estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, donde se informa que la coparticipación nacional cayó un 23,3% en comparación interanual. Extraoficialmente se estima que las transferencias de fondos a provincias caerían un 4,2% durante 2025 (casi 2.5 billones de pesos).

Mientras no se sienten todos los actores a modificar esa ley que, sin consenso de las 24 jurisdicciones provinciales, la nación y la CABA, no puede ser alterada, este esquema perverso va a seguir vivo. Los más de 2200 municipios argentinos deben ser parte del acuerdo.

Si la nación es el único estamento capaz de imponer tributo en la mayoría de los segmentos, y se queda con casi todos los recursos sin devolver nada, cabe preguntarse: ¿No urge una nueva legislación nacional que le dé más derecho a los municipios?. Quizás, deba invertirse el orden en esta materia. A lo mejor, en un futuro, sea la municipalidad la que deba recaudar y luego coparticipar a la Nación. Así, el esfuerzo de los vecinos podría volver en servicios, sin depender de la voluntad de gobiernos nacionales como éste, que hoy no nos da nada.
 

CON INFORMACION DE CBA24N.