El negocio de la pobreza, o la incapacidad de generar trabajo

Marta tiene 56 años y vive en el oeste del conurbano bonaerense con su esposo albañil y tres hijas. Trabaja como empleada doméstica desde hace muchos años, y vende cosméticos en su barrio. Pero su principal ingreso es un plan social, el Potenciar Trabajo, que le facilita 19 mil pesos. En realidad, casi 19 mil pesos. 

Cada mes, debe apartar 500 pesos de su caja de ahorro para dárselos al puntero político del Polo Obrero, el dirigente que le dio ese plan y que maneja unos 60 beneficiarios. ¿Qué contraprestación les pide a cambio? ¿Pintar una escuela, cocinar para un comedor, limpiar las calles del barrio? No, ir a las marchas del PO que suele encabezar Eduardo Belliboni, en contra del Gobierno que le otorga los planes. Y el Gobierno lo sabe.

El Polo Obrero cuenta con unos 60 mil planes. Si se multiplica los 500 pesos que aporta Marta por esos 60 mil planes, conforman una formidable caja para la izquierda, envidia de cualquier partido, de 30 millones de pesos por mes. Con eso pagan los micros que llevan y traen a los "manifestantes" o, por ejemplo, compran carpas nuevas como en el acampe de 48 horas en el microcentro porteño, meses atrás.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dispuso que los beneficiarios brinden una contraprestación de 4 horas laborales, pero no se cumple. Marta está obligada a ir a las marchas. Si no puede ir, debe darle $1.000 a su "jefe" que pagará su “reemplazo” en la protesta. Y Marta pierde esa suma. Cuando le toca marchar, no le dan de comer y tiene que estar estoicamente parada durante horas o caminar largas distancias bajo las adversidades climáticas. Es una de las tantas que cuando los periodistas le preguntan por qué están ahí, no sabe. El único aliciente es que no paga el boleto del tren ni del subte cuando van al Congreso, a la Plaza de Mayo o frente al Ministerio de Desarrollo Social, porque los punteros de izquierda “gestionan” el viaje gratis.

“Hay una alianza perversa. El Polo Obrero es funcional a Emilio Pérsico –secretario de Economía Social y a la vez referente del Movimiento Evita- como detonante contra Juanchi Zabaleta para conseguir más beneficios. Es una mutua conveniencia”, resume un dirigente del Frente de Todos que no comulga con el loteo de la cúpula del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando asumió Daniel Arroyo, se repartieron los cargos entre el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie de Daniel Menéndez, y dirigentes de la CTEP de Juan Grabois. De piqueteros a funcionarios con plata y planes.

El ejemplo más claro es el de Pérsico que representa a los beneficiarios y al Gobierno, está a los dos lados del mostrador; el Evita recibe más de 300 mil planes además de manejar a través de Alexandre Roig el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que habilita a las cooperativas y cuyo presupuesto anual supera los 2.500 millones de pesos.

Es inconmensurable la caja de dinero que maneja el Movimiento Evita para administrar la pobreza. Tal es la obscenidad, que pocos recuerdan el episodio de marzo del 2021 cuando Gendarmería encontró $1.400.000 en un micro que trasladaba a militantes del Evita a Luján. La explicación inédita la dio el propio Fernando Chino Navarro, otro referente del Evita y actual Secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno: era para pagarle el traslado y las viandas a quienes asistían al acto por los ocho años del pontificado del Papa Francisco. Increíble, sobres con plata que financian todes.

Si a los 300 mil planes que maneja se suma los fondos que maneja el INAES, el Evita administra al menos $8 mil millones por año. Por eso es lógico el enfrentamiento con La Cámpora, la otra ala del oficialismo que maneja grandes cajas como ANSeS y Pami.

Cuando Mauricio Macri entregó el gobierno, los planes arañaban los 500 mil; hoy son más de 1.200.000. Nacieron como un paliativo transitorio en 2002, y el kirchnerismo los transformó en una caja política.

Nadie hasta ahora se ocupó en serio de convertir esos subsidios en trabajo, tal vez porque es más fácil administrar la pobreza que generar empleo y crecimiento económico. Prueba de ello es que ningún gobierno sentó a una mesa a los ministerios de Desarrollo Social, Producción, Trabajo y Economía para definir áreas productivas en las cuales insertar a quienes reciben planes e ir desarmando la estructura clientelística.

“Si yo vuelco toda la plata posible, la pobreza va a bajar más rápido, pero si no apostamos a un mediano o largo plazo que te va a llevar 20 años, no estamos haciendo nada distinto”, le advirtieron a Macri. El ex mandatario pensó lo mismo que Cristina Kirchner y ahora que Alberto Fernández: de esto no voy a capitalizar nada políticamente porque es un proceso de décadas. En 2021, en plena campaña, el kirchnerismo otorgó unos 900 mil planes más y así todo, perdió las elecciones legislativas. Dar planes ya no asegura ninguna fidelidad política.

La gestión de Carolina Stanley consiguió, después de dos años, censar al 100% de los beneficiarios del plan Argentina Trabaja porque el kirchnerismo no tenía un banco de datos. ¿Cómo se puede atacar la pobreza o mejorar la situación de los más necesitados sin siquiera saber quiénes son o cuál es su realidad? De ese censo surgió que el 80% no había terminado el secundario. Entonces se apuntó a que terminaran el estudio. El otro dato fue que percibían sólo la mitad de los planes en su caja de ahorro; la otra mitad iba a las cooperativas. El negocio de los intermediarios.

Fuentes del macrismo aseguran que eliminaron unas 10 mil cooperativas y el pago a los beneficiarios eran directos. Y que contra los punteros que pedían retornos habilitaron un sistema de denuncias. Y que ahora a través del INAES que maneja el Evita dieron de alta más de 20 mil cooperativas.

Con Daniel Arroyo se creó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP). Se logró establecer que, entre los más de tres millones de inscriptos, el 64,3% eras personas entre 18 y 35 años, jóvenes. ¿Qué se hizo al respecto? Poco y nada.

Su sucesor, Zabaleta, acaba de lanzar un programa para capacitar a personas desocupadas para facilitar que sean tomadas por el sector privado. En caso de que una empresa los contrate, el plan pasará a formar parte del salario. Pero la tarea es más compleja. Mucha gente no está preparada para cumplir con un régimen laboral de ocho horas, y no está capacitada. Algunas buenas intenciones de tres gestiones. Pero sin una decisión política de consensuar una política de Estado que trascienda los gobiernos, no sirven de nada.

“Lo que nadie mira es la informalidad laboral. Ningún Presidente planteó atacar el 40% de informalidad, que es el empleo pobre”, asegura un ex funcionario opositor. La mirada es igual a la de un ex funcionario del actual Gobierno. “Hace tiempo que no logramos generar un esquema de desarrollo económico que incluya a todos y eso se compensa con planes. Si tenés 40% de informalidad laboral, el problema es el sistema que nadie ataca”, señala.

La polémica se disparó por estos días acerca de la continuidad o eliminación de los planes. ¿Pueden eliminarse los planes en 3 o 6 meses? “Seriamente no hay manera, salvo que quieras dejar un montón de gente en condición de pobreza absoluta o indigencia. No vas a conseguir un millón de puestos de trabajo en ese lapso, salvo que los metas en otro esquema”, argumenta un especialista que asesora a Juntos por el Cambio.

El slogan remanido de todos los gobiernos ha sido la generación de empleo genuino para reducir los planes. El macrismo dice haber creado unos 25 mil puestos de trabajo, pero es un número irrisorio si el total era 500 mil. Hoy el número creció y sólo la creación de unos 600 mil puestos de trabajo podría ser un indicador importante. Con una inflación proyectada en un 70%, un gobierno sin credibilidad y una carga impositiva tan alta, nadie va a tomar a un trabajador si no es un caso de vida o muerte.

En el Frente de Todos abonan la idea de un ingreso universal para paliar las necesidades básicas. Aseguran que América Latina va en ese camino y que el IFE demostró que son 9 millones las personas que requerirían ese ingreso. Una manera de blanquear más subsidios en lugar de pensar en cómo generar empleo, que la economía crezca, o combatir el empleo en negro.

A través de distintas fundaciones, por lo menos tres marcas importantes de ropa están abriendo sus propios talleres y buscando trabajadores en distintos puntos del país. Otra empresa, alimentaria, por motu proprio trabaja con la comida que está por vencer, o la fruta y verdura que se descarta y arma cajas de alimentos mucho más baratas y con un esquema nutritivo. Contrató mujeres en las villas para venderlas y ya está en varios puntos del AMBA. El Estado no estuvo presente en ninguno de los casos.

Según un reciente informe de Cáritas y de la UCA, 4 de cada 10 argentinos es pobre de ingresos y derechos sociales básicos como educación, salud, vivienda; y 1 de cada 10 experimenta hambre de manera cotidiana. Los planes sociales blanquean parte de esa realidad, pero no la erradican. Y los Gobiernos hasta se vanaglorian cuando informan la cantidad de beneficiarios.

“El problema argentino es que la actual pobreza no es nueva: no hemos logrado encontrar las coordenadas de una política de estado capaz de dar respuestas a las necesidades de trabajo y de desarrollo humano de nuestra sociedad”, afirma Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner no es austero, ni mucho menos. Detrás del aumento de la ayuda social que pasó de $84 mil millones a $500 mil millones siguen multiplicándose los planes y el clientelismo que muchas veces es un gran negocio que no soluciona el principal flagelo: sacar a millones de familias sumergidas en la pobreza en base a educación, capacitación y creación de empleo. La clase política, incluidos los que critican a la clase política, están en otra cosa.

 

 

* Para Clarín