Un proyecto busca proteger a clínicas y laboratorios privados ante el fin de la emergencia sanitaria

• La iniciativa busca reemplazar la emergencia sanitaria vigente desde 2001 por un régimen permanente para los prestadores privados.
• El proyecto contempla clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico por imágenes y geriátricos.
• La propuesta prevé una moratoria de hasta 180 cuotas, sin condonación de las deudas acumuladas.
• El sector privado genera, según las cifras citadas por Quintar, alrededor de 1,5 millones de empleos directos e indirectos.
• El texto plantea resguardar fondos operativos frente a embargos y evaluar compensaciones por deudas verificadas del PAMI.
• El Congreso deberá analizar el costo fiscal y definir un mecanismo que permita regularizar obligaciones sin afectar la continuidad de los servicios de salud.

La continuidad de miles de establecimientos de salud privados quedó en el centro del debate legislativo ante el próximo vencimiento de la emergencia sanitaria que rige desde 2001. Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone establecer un régimen permanente para ordenar las deudas acumuladas por clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico y geriátricos, con facilidades de pago y mecanismos para evitar que los embargos comprometan la atención médica.

El proyecto fue girado a las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, según explicó el diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Salud, Manuel Quintar. La discusión deberá contemplar el impacto fiscal de las medidas propuestas y determinar cómo regularizar las obligaciones pendientes sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas.

La emergencia vigente durante los últimos 25 años impidió que se ejecutaran compulsivamente determinadas deudas de los prestadores privados, pero no eliminó sus obligaciones tributarias. Por ese motivo, el vencimiento del régimen abre un interrogante sobre el destino de los pasivos acumulados y la posibilidad de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avance con reclamos judiciales y ejecuciones.

Quintar advirtió que el levantamiento de la protección podría desencadenar acciones de cobro contra instituciones que todavía mantienen compromisos pendientes. Según sostuvo, el objetivo de la iniciativa es evitar que un cambio abrupto en las reglas fiscales ponga en riesgo la continuidad de los establecimientos.

El alcance del proyecto no se limita a las empresas de medicina prepaga, sino que comprende a los prestadores que brindan atención directa: clínicas, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios y geriátricos, incluidos establecimientos de pequeñas localidades y del interior del país.

Una red sanitaria con peso en el empleo y la atención

Uno de los argumentos centrales de la propuesta es la dimensión del sistema privado dentro de la estructura sanitaria argentina. De acuerdo con las cifras citadas por Quintar, el sector genera alrededor de 1,5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos, mientras que entre el 65% y el 70% de la población recibe atención en establecimientos privados. También señaló que el 55% de las camas disponibles en el país pertenece a ese ámbito.

Para el legislador, el funcionamiento de los prestadores privados y el sistema público debe analizarse de manera conjunta. Una reducción de la capacidad de atención de las clínicas podría trasladar pacientes hacia los hospitales públicos, aumentando la demanda sobre una infraestructura que también enfrenta sus propias limitaciones.

En ese contexto, la iniciativa busca establecer herramientas que permitan regularizar las deudas sin comprometer los recursos necesarios para sostener la actividad cotidiana.

Una moratoria de hasta 180 cuotas

El primer componente del proyecto contempla un régimen de regularización de obligaciones acumuladas durante la emergencia sanitaria. La propuesta prevé planes de pago de hasta 180 cuotas, con facilidades para los establecimientos que no pudieron cumplir con sus compromisos.

Quintar aclaró que la intención no es condonar las deudas, sino permitir que los contribuyentes puedan cancelarlas en condiciones compatibles con sus posibilidades financieras. También planteó que el esquema deberá contemplar a quienes sí cumplieron con sus obligaciones durante el período.

El costo fiscal será uno de los principales puntos de discusión parlamentaria. La iniciativa deberá determinar qué parte de los pasivos puede recuperarse y qué condiciones permitirían facilitar los pagos sin afectar las metas presupuestarias del Gobierno.

Embargos, deudas del PAMI e inversiones en tecnología

Otro eje apunta a resguardar los fondos operativos de los establecimientos frente a embargos y medidas cautelares que puedan impedir la compra de medicamentos, el pago de salarios o el mantenimiento de los servicios. La propuesta no pretende eliminar las responsabilidades por incumplimientos laborales o casos de mala praxis, sino evitar que determinadas medidas judiciales paralicen anticipadamente la actividad.

El proyecto también incorpora la discusión sobre las deudas históricas del PAMI con prestadores privados. Quintar planteó la posibilidad de compensar obligaciones estatales verificadas con deudas tributarias de las instituciones, bajo un mecanismo que permita reconocer los créditos y pasivos existentes entre ambas partes.

Además, se busca revisar el tratamiento del impuesto al valor agregado (IVA) en la compra de equipamiento médico. Según el diputado, las restricciones para aprovechar el crédito fiscal asociado a inversiones como resonadores y tomógrafos encarecen la incorporación de tecnología y afectan la capacidad de modernización del sector.

El Congreso deberá definir una solución permanente

La iniciativa pretende reemplazar las sucesivas prórrogas de la emergencia por una normativa estable que ordene las obligaciones fiscales y establezca condiciones para preservar la actividad sanitaria privada.

El tratamiento legislativo deberá avanzar por las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto. Mientras tanto, el debate combinará la necesidad de recuperar deudas tributarias con la preocupación por el empleo, la infraestructura médica y la continuidad de la atención.

Quintar sostuvo que el cierre de establecimientos representa una pérdida difícil de revertir. La discusión, por lo tanto, buscará determinar si el Congreso puede construir un régimen que permita regularizar los pasivos sin comprometer los recursos indispensables para el funcionamiento de una parte central del sistema de salud argentino.