Llaryora redobla la apuesta por la obra pública y se distancia cada vez más de Milei

Resumen

• El gobernador cordobés anunció inversiones por $570 millones para ampliar las redes de gas natural en Kilómetro 658 y Piquillín, en el departamento Río Primero.

• La agenda incluyó viviendas, infraestructura escolar, iluminación, salud, equipamiento y asistencia a instituciones locales.

• Llaryora sostiene una política de inversión pública que marca diferencias cada vez más visibles con el modelo económico y la concepción del Estado que impulsa Javier Milei.

• El mandatario volvió a defender el valor del trabajo territorial y el acompañamiento a las comunidades del interior provincial.

• Córdoba apuesta a sostener la infraestructura y los servicios públicos como herramientas para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo local.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, continúa profundizando su política de obra pública y asistencia a las localidades del interior, en una estrategia que lo diferencia cada vez más del presidente Javier Milei. Mientras la Nación mantiene una política de fuerte restricción del gasto y prioriza el equilibrio fiscal, la administración cordobesa busca sostener las inversiones en infraestructura, vivienda, educación y salud.

La última muestra de esa orientación se produjo durante una recorrida por el departamento Río Primero, donde el mandatario anunció un paquete de inversiones que contempla obras de gas natural, nuevas viviendas, mejoras urbanas y aportes económicos para instituciones educativas, deportivas y de servicios esenciales.

El anuncio más significativo fue la asignación de $570 millones para extender las redes de gas natural: $200 millones destinados a Kilómetro 658 y otros $370 millones para Piquillín. Se trata de obras que apuntan a ampliar el acceso a un servicio fundamental para los hogares y a fortalecer la infraestructura de ambas comunidades.

Pero la agenda del gobernador no se limitó al gas. También comprometió fondos para nuevas viviendas, cordón cuneta, iluminación, equipamiento municipal y mejoras en establecimientos educativos. Una presencia territorial que busca mostrar a un Estado provincial activo, con capacidad de intervenir en las necesidades concretas de cada localidad.

Viviendas, educación y servicios para el interior

En Kilómetro 658, Llaryora anunció el financiamiento para construir seis viviendas y comprometió otros $40 millones para continuar las obras de cordón cuneta. Además, inauguró cuatro unidades del programa Viviendas Semilla, ejecutadas con una inversión provincial de $151 millones.

En materia educativa, confirmó $80 millones para infraestructura escolar mediante el programa Fortec@Cba y entregó 12 netbooks a la escuela C.E.R.I., en el marco de TecnoPresente. A eso se sumaron $20 millones para desarrollar un proyecto educativo, aportes para instituciones locales y $30 millones destinados a los Bomberos Voluntarios.

El gobernador destacó especialmente el esfuerzo de las comunidades educativas y sostuvo que los resultados requieren compromiso y dedicación. «Los resultados no llegan por arte de magia, llegan porque hay mucho, mucho trabajo», expresó, al reconocer la tarea de los docentes.

La recorrida continuó por Cañada de Machado, una localidad de apenas 158 habitantes. Allí, junto a la jefa comunal María Laura Bazzi, anunció recursos para tres viviendas, $20 millones para adquirir una máquina Bobcat y otros $10 millones para fortalecer el centro de salud. También comprometió $10 millones para el club local y $30 millones para los Bomberos Voluntarios de La Para.

En Piquillín, además de la ampliación de la red de gas natural, se anunció la instalación de iluminación en el acceso desde la ruta nacional 19, una intervención que estará a cargo de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

La localidad recibirá también financiamiento para seis viviendas, una ambulancia para reforzar la atención sanitaria y obras de techado del polideportivo.

Dos modelos de Estado cada vez más diferentes

La sucesión de anuncios vuelve a poner sobre la mesa una discusión política y económica de fondo: qué papel debe cumplir el Estado en el desarrollo de las comunidades.

Javier Milei sostiene que la reducción del gasto público y el ordenamiento de las cuentas fiscales son condiciones indispensables para estabilizar la economía. En ese esquema, la obra pública financiada por el Estado nacional perdió protagonismo, mientras las provincias y los municipios enfrentan el desafío de responder a demandas de infraestructura con recursos limitados.

Llaryora, por su parte, intenta sostener una estrategia diferente. Sin que eso implique desconocer las restricciones presupuestarias, su gobierno procura mantener inversiones en obras y servicios que considera necesarios para el crecimiento de Córdoba, especialmente en las localidades más pequeñas, donde una intervención relativamente acotada puede representar una mejora significativa para sus habitantes.

La diferencia no es menor. El gas natural, las viviendas, la iluminación, los caminos y los establecimientos educativos no son solamente partidas presupuestarias: también son infraestructura que puede mejorar las condiciones de vida y favorecer el desarrollo de una región.

Naturalmente, los anuncios deberán traducirse en obras concretas, ejecutadas en los plazos previstos y con controles sobre el uso de los recursos. La eficacia de esta política no se mide únicamente por los montos comprometidos, sino por sus resultados y por la capacidad de la Provincia para sostenerla financieramente.

Sin embargo, desde el punto de vista político, la señal es clara: Llaryora busca diferenciarse de Milei no solamente con discursos, sino también a través de las decisiones de gestión. Cada recorrido por el interior, cada obra anunciada y cada aporte a una institución forman parte de una concepción del Estado que el gobernador procura defender frente al modelo nacional.

En un país donde la discusión sobre el gasto público ocupa el centro de la escena, Córdoba ensaya su propio camino. La apuesta de Llaryora consiste en demostrar que el equilibrio de las cuentas y la inversión en infraestructura deben encontrar un punto de convivencia.

El interrogante será si la Provincia logra sostener ese ritmo de inversiones sin comprometer sus finanzas. Por ahora, el gobernador mantiene su hoja de ruta y vuelve a dejar en evidencia que, aunque comparten la necesidad de administrar los recursos con responsabilidad, su visión sobre la obra pública y el rol del Estado se distancia cada vez más de la que impulsa la Casa Rosada.