Córdoba busca reformar la tasa de Comercio e Industria tras un fallo de la Corte Suprema

La resolución que favoreció al Banco Galicia obligó al municipio a revisar el esquema tributario. La iniciativa del intendente Daniel Passerini abre un nuevo debate en el Concejo Deliberante, donde la oposición deberá definir su postura frente a una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa entre el Banco Galicia y la Municipalidad de Córdoba volvió a poner bajo la lupa el sistema de tasas municipales. La decisión, dictada el 10 de septiembre, estableció criterios más estrictos para justificar el cobro de estos tributos y generó la necesidad de revisar la normativa vigente en la capital provincial.

El pronunciamiento judicial cuestionó la forma en que estaba fundamentada la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. Según el criterio del máximo tribunal, no alcanza con invocar prestaciones generales destinadas al conjunto de la población: debe existir una relación concreta entre la tasa exigida y los servicios que justifican su cobro.

La Corte también señaló que corresponde al municipio acreditar la organización y disponibilidad efectiva de esas prestaciones cuando el contribuyente cuestiona su existencia. Con esta decisión, revocó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y ordenó que la causa vuelva a ser examinada conforme a los criterios establecidos. (Fuente judicial)

Los cambios que impulsa el municipio

Frente a este escenario, la gestión de Daniel Passerini promueve modificaciones en la Ordenanza Tributaria para adecuar el régimen local a los parámetros fijados por la Corte Suprema.

La propuesta busca reemplazar las referencias amplias a los servicios municipales por una descripción más precisa de las prestaciones que fundamentan el tributo. Entre ellas figuran tareas vinculadas con habilitaciones comerciales, inspecciones, controles sanitarios, cuestiones ambientales y medidas de seguridad.

El proyecto también contempla la posibilidad de cobrar por servicios permanentes que estén efectivamente organizados y disponibles, aunque no se realice una actuación individualizada sobre cada contribuyente durante todos los períodos fiscales.

Este punto puede convertirse en uno de los aspectos más discutidos de la reforma. La cuestión central será determinar si la nueva redacción logra demostrar una vinculación suficiente entre los servicios municipales y la obligación tributaria, evitando nuevos cuestionamientos judiciales.

La oposición, ante una decisión política

La iniciativa también trasladó el debate al Concejo Deliberante de Córdoba. Los bloques opositores deben definir si acompañarán los cambios propuestos por el oficialismo o si plantearán modificaciones antes de su aprobación.

Dentro de la Unión Cívica Radical existen diferencias sobre cómo abordar el problema. Una de las preocupaciones es que una posición demasiado rígida frente a las tasas municipales pueda entrar en tensión con las decisiones que adopten intendentes radicales de otras localidades, que también podrían verse obligados a revisar sus propios esquemas tributarios.

Sin embargo, entre algunos concejales también aparece una postura crítica respecto de la estrategia del Ejecutivo municipal. Desde ese sector sostienen que la discusión no debería limitarse a modificar la normativa para sostener la recaudación, sino que tendría que incluir un análisis más amplio sobre los gastos, la estructura administrativa y la eficiencia del Estado local.

El Frente Cívico, por su parte, tiene mayor margen para fijar una posición propia, aunque el respaldo al proyecto no aparece como una decisión automática.

El peso de la recaudación municipal

La discusión tiene una dimensión económica central. La contribución sobre Comercio e Industria representa una parte sustancial de los ingresos de la Municipalidad de Córdoba, por lo que cualquier modificación que afecte su cobro puede tener consecuencias sobre las cuentas públicas.

Una reducción significativa de esos recursos obligaría a revisar el financiamiento de las políticas y los servicios municipales. Por eso, el desafío del Ejecutivo consiste en adaptar la normativa a los criterios judiciales sin comprometer la capacidad de funcionamiento del municipio.

La oposición, en tanto, puede utilizar el tratamiento legislativo para exigir información sobre distintos aspectos de la administración, entre ellos la evolución del empleo municipal, los gastos en alquileres y la presentación de las cuentas de inversión de ejercicios anteriores.

De este modo, la reforma tributaria podría convertirse en una discusión más amplia sobre las prioridades presupuestarias y los mecanismos de control del gobierno local.

Doble lectura y audiencia pública, otro punto de discusión

El procedimiento legislativo también puede influir en los tiempos de aprobación. Si las modificaciones son consideradas una creación o un aumento de tributos, podrían requerir doble lectura y una audiencia pública entre ambas instancias. Si, en cambio, se interpretan como una adecuación normativa sin esas características, el tratamiento podría seguir otro recorrido.

La definición sobre este aspecto será relevante para determinar cómo avanzará el proyecto en el Concejo y qué margen tendrá la oposición para introducir cambios.

Una reforma que va más allá de una tasa

El caso Banco Galicia volvió a instalar una discusión de fondo sobre los límites de la potestad tributaria municipal. Los gobiernos locales necesitan recursos para sostener los servicios que prestan, pero el cobro de una tasa debe estar respaldado por una prestación que cumpla con los requisitos establecidos por la jurisprudencia.

En Córdoba, la reforma impulsada por Passerini busca responder a esa exigencia sin debilitar una fuente central de financiamiento. La discusión legislativa determinará si el oficialismo consigue los consensos necesarios y qué modificaciones se incorporan al texto definitivo.

El resultado no solo tendrá consecuencias para las finanzas de la capital provincial. También podría convertirse en una referencia para otros municipios que deban revisar sus ordenanzas a la luz de los criterios fijados por la Corte Suprema.