El Senado se encamina a una disputa por los lugares en el Consejo de la Magistratura

• La renovación del Consejo de la Magistratura enfrenta a La Libertad Avanza, el kirchnerismo y la UCR por cuatro lugares del Senado.
• El regreso de Fernando Rejal al kirchnerismo modificó la relación numérica entre los principales bloques.
• Victoria Villarruel deberá intervenir en la definición del reparto si no hay un acuerdo entre las bancadas.
• El oficialismo evalúa acudir a la Justicia ante una eventual resolución contraria a su interpretación.
• El conflicto recuerda el antecedente de 2022, cuando la Corte Suprema falló a favor de Luis Juez en una disputa por la representación parlamentaria.
• El Senado también prepara el tratamiento de proyectos sobre inversiones, salud mental, huella de carbono e inviolabilidad de la propiedad privada.

La renovación de los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura amenaza con abrir un nuevo conflicto político y judicial en el Senado, donde los cambios de alineamiento entre legisladores modificaron la relación de fuerzas entre el oficialismo, el kirchnerismo y la Unión Cívica Radical. La distribución de cuatro lugares correspondientes a la Cámara alta dependerá de cómo se reconozca la composición de los bloques, una definición que podría terminar en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El movimiento más reciente fue el regreso del senador riojano Fernando Rejal al espacio kirchnerista, después de una serie de cambios de pertenencia parlamentaria iniciados en 2025. Con esa decisión, el bloque justicialista que conduce José Mayans pasó a contar con 22 integrantes, mientras que La Libertad Avanza quedó con 20 senadores tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto.

La vacante que dejó el legislador riojano será ocupada por Claudia López, dirigente cercana a los Menem, quien deberá prestar juramento en la próxima sesión. Con su incorporación, el oficialismo alcanzará los 21 integrantes, todavía uno menos que el espacio peronista.

La diferencia numérica, sin embargo, no resuelve el reparto de las cuatro representaciones senatoriales en el Consejo de la Magistratura. Tanto el oficialismo como el kirchnerismo aspiran a quedarse con dos lugares cada uno, pero la UCR, que reúne a diez legisladores, también reclamaría una representación. De esa manera, tres espacios competirían por cuatro puestos.

El organismo tiene una función central en el sistema judicial, ya que interviene en la selección de candidatos a jueces y en los procedimientos disciplinarios correspondientes. Por eso, la integración de sus representantes parlamentarios constituye una disputa por influencia institucional que excede la distribución formal de cargos.

Villarruel, ante una definición decisiva

La resolución dependerá de la interpretación que se haga de la composición de los bloques y de los criterios de proporcionalidad aplicables. Una vez presentadas las solicitudes correspondientes, la decisión deberá llevar la firma de Villarruel, en su condición de presidenta del Senado.

La muerte de Pagotto había dado lugar a conversaciones entre representantes del oficialismo y del kirchnerismo para establecer cómo quedaría el reparto. En ese momento, ambas bancadas contaban con 21 senadores y se contemplaba que una eventual solicitud radical obligaría a resolver la controversia desde la conducción de la Cámara.

El retorno de Rejal al kirchnerismo alteró esas cuentas y reavivó las sospechas sobre la distribución de los lugares. En La Libertad Avanza ya contemplan la posibilidad de recurrir a la Justicia si la resolución no favorece su interpretación, en un escenario atravesado por los plazos ajustados para completar la renovación, prevista para mediados de noviembre.

La trayectoria parlamentaria de Rejal ayuda a explicar la complejidad del escenario. Durante 2025 se había distanciado parcialmente del kirchnerismo, aunque Convicción Federal permaneció dentro del interbloque de Unión por la Patria junto con Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Fernando Salino.

Posteriormente, Moisés y Andrada se alejaron del cristinismo y conformaron un espacio propio junto con Sandra Mendoza. En paralelo, Salino y Rejal crearon Justicia Social Federal, antes de que el senador riojano volviera a alinearse con el kirchnerismo.

Para la distribución de los representantes en el Consejo se consideran los bloques parlamentarios y no los interbloques, una distinción que ya generó controversias en el pasado.

El antecedente judicial que condiciona la pelea

La discusión remite al conflicto de 2022, cuando el entonces oficialismo dividió su representación en el Senado entre los bloques Nacional y Popular, conducido por Mayans, y Unidad Ciudadana, presidido por Juliana Di Tullio. La maniobra modificó el reconocimiento de las minorías y desplazó al entonces senador Luis Juez de un lugar que reclamaba en el Consejo.

El enfrentamiento llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en noviembre de ese año falló a favor de Juez y dejó sin efecto la designación de Martín Doñate para esa representación. El antecedente funciona ahora como referencia para una nueva controversia en la que las decisiones parlamentarias podrían volver a judicializarse.

Mientras se desarrolla esa disputa, el Senado también debe avanzar con otros temas legislativos. El oficialismo solicitó una reunión de Labor Parlamentaria para definir si habrá sesión el jueves. Entre las iniciativas con mayores posibilidades de avanzar figuran el proyecto sobre el mercado de huella de carbono y la propuesta radical de beneficios fiscales para inversiones desde los USD 12 millones.

También se espera una definición sobre el texto referido a salud mental, mientras que la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, devuelta por Diputados en segunda revisión, quedó encaminada para su tratamiento en comisión. La iniciativa incluye el capítulo sobre tierras rurales y el límite del 15% a la titularidad extranjera establecido por la legislación vigente.

La renovación del Consejo de la Magistratura se perfila así como una prueba para los acuerdos parlamentarios y la conducción institucional del Senado, con el riesgo de que una disputa por cuatro cargos termine nuevamente en los tribunales.