



Por RICARDO ZIMERMAN
x: @RicGusZim1
La discusión sobre las elecciones de 2027 empezó a convertirse en una de las primeras grandes pruebas de capacidad política para el Gobierno. La Casa Rosada aceleró durante las últimas semanas los contactos con los gobernadores, convencida de que existe una posibilidad concreta de modificar el calendario electoral y llegar al próximo año sin elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El dato que alimentó esa expectativa fue la coincidencia, aunque con matices importantes, de cinco gobernadores radicales: Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo.
No se trata todavía de una victoria parlamentaria ni de un acuerdo cerrado. Mucho menos de un compromiso automático de los senadores que responden a esos mandatarios. Pero para la administración de Javier Milei hay una diferencia política sustancial entre encontrar cinco gobernadores radicales enfrentados a la suspensión y encontrar a cinco que, por distintas razones, consideran posible que las primarias nacionales no formen parte del calendario de 2027. En una negociación donde cada voto cuenta, esa diferencia puede ser decisiva.
El objetivo de máxima de Milei continúa siendo eliminar las PASO. Los gobernadores, en cambio, parecen haber encontrado una fórmula menos ambiciosa y, por eso mismo, más negociable: suspenderlas nuevamente para las elecciones del año próximo. La distinción no es menor. Mientras algunos dirigentes sostienen que las primarias siguen siendo una herramienta válida, también admiten que no necesariamente deben utilizarse en cada elección nacional.
Juan Pablo Valdés fue quien mostró la posición más próxima a la pretensión presidencial. El gobernador de Corrientes sostuvo que siempre estuvo en contra de las PASO y consideró que no sería descabellado avanzar directamente hacia su eliminación. Su reclamo, además, tuvo un componente político evidente: entendió que el Gobierno perdió tiempo cuando existían mejores condiciones para alcanzar un acuerdo y que esa demora terminó haciendo más difícil la construcción del consenso.
Carlos Sadir introdujo el límite que probablemente refleje mejor la posición de buena parte de los sectores dialoguistas. El gobernador de Jujuy aceptó la posibilidad de una nueva suspensión, pero rechazó la eliminación definitiva. Para Sadir, las PASO siguen siendo una herramienta útil. Su postura permite acompañar una decisión coyuntural del Gobierno sin aceptar necesariamente el cambio permanente que pretende Milei.
Maximiliano Pullaro transitó un camino parecido. El gobernador de Santa Fe consideró que las primarias nacionales fueron utilizadas muy poco y que representan un gasto importante para el Estado. Pero su evaluación cambia cuando se refiere al sistema electoral santafesino, donde las PASO cumplen, según su visión, una función concreta para resolver las competencias internas de los partidos. La diferencia revela que el problema no sería necesariamente el mecanismo, sino su utilización en determinados escenarios.
Leandro Zdero también se ubicó entre quienes abrieron la puerta a la suspensión. Su posición adquirió especial relevancia después de su encuentro con Diego Santilli en la Casa Rosada, donde el Presupuesto 2027 y la reforma electoral formaron parte de una agenda más amplia de negociación. Chaco, además, ya había avanzado por su propia cuenta hacia la suspensión de las primarias provinciales para 2027.
Alfredo Cornejo completó el cuadro durante la Argentina Week en París. El gobernador de Mendoza reivindicó la utilidad de las PASO cuando existen verdaderas disputas internas, pero cuestionó su sentido cuando las principales fuerzas llegan a esa instancia con candidaturas prácticamente definidas. En esos casos, sostuvo, una elección costosa puede terminar funcionando simplemente como una encuesta previa de enorme dimensión.
Allí aparece la zona de encuentro que la Casa Rosada necesita explotar. No hace falta que los cinco gobernadores compartan la misma concepción sobre las PASO. Basta, por ahora, con que ninguno cierre la puerta a que en 2027 no se realicen.
La dificultad está en transformar esa coincidencia política en una mayoría legislativa. La reforma de las reglas electorales necesita 37 votos en el Senado, y La Libertad Avanza debe construirlos mediante acuerdos con sectores que no forman parte de su núcleo propio. Por eso los gobernadores adquirieron una importancia que excede sus declaraciones públicas: el Gobierno necesita conocer hasta dónde pueden influir sobre los legisladores de sus provincias.
El viaje a París contribuyó a acelerar ese proceso. La presencia de 13 gobernadores y la vicegobernadora de Córdoba junto a Milei permitió combinar una agenda económica destinada a atraer inversiones con conversaciones políticas sobre los asuntos que el Congreso deberá resolver. No hubo un pacto definitivo, pero sí una mayor intensidad en los contactos y una percepción oficial de que existe margen para negociar.
Karina Milei, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem quedaron así frente a una tarea que excede la discusión puntual sobre las primarias. El Gobierno pretende relacionar la reforma electoral con el Presupuesto 2027, los recursos provinciales, las obras y otros entendimientos entre la Nación y las provincias. La negociación, por lo tanto, no ocurre en compartimentos separados.
Hay además una razón estrictamente política para que Milei quiera resolver el asunto cuanto antes. La Libertad Avanza llegará a 2027 sin una competencia interna relevante en torno de la candidatura presidencial, mientras el peronismo deberá resolver sus diferencias de liderazgo, alianzas y candidaturas. La ausencia de PASO podría privar al principal espacio opositor de una herramienta institucional para ordenar esas disputas.
La paradoja es que el Gobierno puede terminar aceptando una solución menos ambiciosa para conseguir una victoria concreta. Si los 37 votos necesarios para eliminar definitivamente las PASO no aparecen, la suspensión para 2027 podría transformarse en el punto de equilibrio entre la aspiración presidencial y las reservas de los gobernadores.
Después de París, la Casa Rosada parece haber encontrado una ventana política. Pero una ventana no es todavía una puerta abierta. El Gobierno deberá convertir declaraciones, gestos y conversaciones reservadas en votos efectivos. Esa será la verdadera prueba de la negociación.



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