Dura crítica al convenio con EPEC: denuncian doble cobro y falta de control en el alumbrado público

El debate por el nuevo acuerdo entre el municipio y la empresa provincial de energía sumó un nuevo capítulo con fuertes cuestionamientos desde la oposición. La concejal Elisa Caffaratti lanzó duras críticas contra la iniciativa y advirtió que el esquema propuesto implica “una renuncia del Estado municipal a gestionar servicios básicos”.

Según explicó la edil, el convenio se financiaría con fondos provenientes del llamado “excedente” de la tasa municipal incluida en la factura de Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), que actualmente ronda el 9,9%. Para Caffaratti, ese concepto deja al descubierto una sobrecarga para los contribuyentes. “Si realmente hay excedente, lo que corresponde es reducir la tasa y aliviar al vecino, no redirigir esos recursos a un circuito de tercerizaciones”, planteó.

Uno de los puntos más sensibles del planteo opositor es la posible superposición de gastos. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical recordaron que el Presupuesto 2026 ya contempla una partida cercana a los 25.000 millones de pesos destinada al área de alumbrado público, que además cuenta con personal propio. En ese contexto, cuestionan que se avance en un esquema paralelo financiado también por los usuarios.

“El contribuyente termina pagando dos veces por el mismo servicio: por un lado, con la tasa municipal y, por otro, a través de la factura eléctrica. Es un sistema que no se puede justificar mientras hay sectores de la ciudad con deficiencias en la iluminación”, sostuvo la concejal.

Otro eje de preocupación tiene que ver con la transparencia en la ejecución del acuerdo. Caffaratti advirtió que el convenio habilitaría a EPEC a subcontratar servicios sin un control directo del municipio, lo que, según su visión, abre la puerta a mecanismos discrecionales en la asignación de obras.

En ese sentido, recordó antecedentes de programas anteriores en los que —según afirmó— no hubo información precisa sobre la instalación de luminarias. “No se puede avanzar con un contrato de esta magnitud sin detalles concretos sobre dónde se va a invertir, qué metas se buscan y cómo se va a auditar cada etapa”, remarcó.

Frente a este escenario, el bloque radical solicitó que el proyecto vuelva a comisión para un análisis integral. La intención es revisar tanto el esquema de financiamiento como los mecanismos de control y ejecución antes de su eventual aprobación.

El planteo opositor vuelve a poner en el centro de la discusión el modelo de gestión de los servicios públicos en la ciudad y el impacto que las decisiones tarifarias tienen en el bolsillo de los vecinos, en un contexto económico cada vez más exigente.