Violencia, presión política y urgencia: el caso Brandán reabre el conflicto por los “naranjitas” en Córdoba

El violento ataque que dejó gravemente herido al comisario Rubén Brandán volvió a poner en primer plano un debate que la Legislatura de Córdoba viene postergando: qué hacer con la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la capital provincial.

El episodio no solo impactó de lleno en la agenda de seguridad, sino que aceleró los tiempos políticos y expuso la falta de definiciones en torno a una problemática que lleva años sin resolverse. En ese contexto, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, volvió a reclamar públicamente que se trate de manera urgente la reforma del Código de Convivencia.

El mensaje fue directo: la demora tiene consecuencias concretas. Una advertencia que el propio funcionario ya había planteado tiempo atrás y que, tras el ataque, cobra una dimensión mucho más crítica.

La oposición endurece el discurso

El caso reactivó también las críticas de la oposición, que apunta contra el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini por la falta de avances en la materia.

Uno de los referentes más duros es el legislador Gregorio Hernández Maqueda, quien insiste en la prohibición total de la actividad. Tras el ataque, volvió a cuestionar al oficialismo y responsabilizó directamente a la conducción política por la situación.

Desde ese sector sostienen que la convivencia urbana está desbordada y que los episodios de violencia —peleas, amenazas y agresiones— son evidencia de un problema que requiere una solución de fondo, sin matices.

Un oficialismo en equilibrio

Del otro lado, el peronismo cordobés intenta sostener una postura intermedia basada en la regulación. Sin embargo, el proyecto quedó frenado desde diciembre pasado, cuando su tratamiento fue postergado tras cuestionamientos del Arzobispado de Córdoba.

En ese escenario, el legislador Juan Manuel Llamosas, al frente de la Comisión de Seguridad, busca articular consensos entre el Ejecutivo, intendentes y distintos actores políticos. Pero el margen para dilatar definiciones se achica frente al aumento de la presión social.

Uno de los puntos más sensibles sigue siendo la postura de la Iglesia, que advirtió sobre el riesgo de criminalizar la pobreza si se avanza con medidas restrictivas sin contemplar el trasfondo social del problema. Esa tensión sigue atravesando el debate.

Un problema que dejó de ser marginal

Hoy, la normativa vigente permite la actividad bajo ciertas condiciones, aunque en la práctica los límites son difusos y abundan denuncias por extorsión y situaciones de violencia, especialmente en la ciudad de Córdoba.

El ataque al comisario terminó de instalar el tema en el centro de la escena. Comerciantes, vecinos y distintos sectores reclaman respuestas concretas, mientras el oficialismo busca una salida que no fracture su base política ni genere costos sociales.

En ese contexto, Quinteros volvió a marcar la urgencia con una frase que sintetiza el momento: “No hay seguridad jurídica en la calle”.

Con el proyecto aún en comisión y la presión en aumento, la Legislatura enfrenta una decisión que ya no parece postergable. La oposición busca capitalizar el malestar y señalar responsabilidades, mientras el oficialismo intenta construir una solución equilibrada.

Lo cierto es que el conflicto por los “naranjitas” dejó de ser un tema secundario y se convirtió en un eje central del debate público en Córdoba. Y esta vez, todo indica que no habrá margen para seguir dilatando una definición.