El Gobierno impulsa la cobertura de vacantes judiciales y avanza con una reforma del Código Penal

• El Gobierno enviará al Senado 62 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia
• La medida apunta a mejorar el funcionamiento en fueros considerados colapsados
• El oficialismo sostiene que la falta de jueces afecta la eficiencia del sistema
• Se priorizarán áreas como familia, civil y penal en la Ciudad de Buenos Aires
• Avanza la redacción de un nuevo Código Penal con foco en delitos actuales
• El Ejecutivo evalúa presentar primero un paquete de reformas antes de un proyecto integral

En un contexto marcado por cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial, el Gobierno nacional decidió avanzar con una doble iniciativa que busca mostrar capacidad de gestión en un área clave del Estado. Por un lado, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó el envío al Senado de los primeros pliegos para cubrir cargos vacantes en distintos fueros. Por otro, comenzó a delinearse un nuevo proyecto de Código Penal que apunta a actualizar la legislación vigente con foco en delitos que impactan en la vida cotidiana.

La decisión de remitir los pliegos se terminó de definir tras una reunión en Casa Rosada entre Mahiques y el presidente Javier Milei. Según precisó el funcionario, en esta primera etapa se enviarán 62 postulaciones para cubrir cargos de jueces, fiscales, defensores y conjueces en áreas sensibles como el fuero penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y de la seguridad social.

Desde el oficialismo sostienen que la falta de cobertura de estos cargos no es un problema reciente, sino una deuda acumulada durante años. En ese sentido, remarcan que la ausencia de magistrados afecta directamente la capacidad operativa del sistema judicial y retrasa la resolución de causas. La iniciativa, aseguran, responde a la necesidad de restituir niveles básicos de funcionamiento en tribunales que hoy operan con estructuras incompletas.

La postura fue reforzada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien planteó que el déficit de personal en la Justicia Federal impacta en su desempeño general. Según su diagnóstico, la acumulación de vacantes contribuye a una baja en la capacidad de respuesta del sistema y profundiza problemas estructurales que derivan en demoras y desconfianza social.

En este escenario, el Ministerio de Justicia definió priorizar los fueros más comprometidos. Mahiques explicó que el criterio de selección no estará guiado por consideraciones políticas, sino por el grado de saturación de cada área. Entre los sectores más afectados mencionó el fuero de familia, el civil y el penal ordinario en la Ciudad de Buenos Aires, además de la Cámara Penal Económica, donde la escasez de jueces ya genera consecuencias concretas en el servicio.

En paralelo, el Gobierno comenzó a trabajar en la redacción de un nuevo Código Penal, una iniciativa que también surgió de conversaciones entre el ministro y el Presidente. El proyecto busca introducir modificaciones en delitos que han ganado visibilidad en los últimos años, como las estafas piramidales, las entraderas, las salideras bancarias y otras modalidades delictivas urbanas.

La elaboración del texto implicará revisar el borrador heredado de la gestión anterior, que había dejado un proyecto avanzado. Sin embargo, desde la actual conducción del Ministerio optaron por reformular parte de ese trabajo para adaptarlo a los lineamientos de la administración libertaria. La intención es incorporar una perspectiva que refuerce la protección de las víctimas y contemple nuevas dinámicas delictivas.

Entre los ejes que se evalúan incluir también aparecen cuestiones migratorias vinculadas al delito, el uso de armas en contextos carcelarios, el maltrato animal y las carreras ilegales de vehículos. Se trata de temas que, según fuentes oficiales, requieren una respuesta normativa más actualizada frente a su creciente incidencia.

Si bien el objetivo final es presentar un Código Penal integral, en el corto plazo el Gobierno analiza avanzar con un paquete más acotado de reformas. La estrategia responde a la necesidad de acelerar cambios en áreas consideradas urgentes, evitando demoras que podrían surgir en un debate legislativo más amplio.

De este modo, la administración de Milei busca instalar en la agenda pública una serie de medidas orientadas a mejorar el funcionamiento de la Justicia. La cobertura de vacantes y la actualización del marco penal aparecen como dos pilares de una política que intenta responder a demandas históricas del sistema y, al mismo tiempo, consolidar una impronta propia en materia institucional.