Sin Llaryora en el acto, la Justicia cordobesa defendió su independencia y marcó postura frente a las críticas

El inicio del año judicial 2026 en Córdoba dejó señales políticas y judiciales de peso. Sin la presencia del gobernador Martín Llaryora, quien envió a parte de su gabinete en representación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Domingo Sesín, encabezó el acto con un discurso enfocado en la defensa de la independencia judicial y el funcionamiento institucional.

Durante su intervención, Sesín destacó una particularidad del sistema cordobés: la imposibilidad del Ejecutivo de alterar el orden de mérito que define el Consejo de la Magistratura de Córdoba para la designación de jueces. Según afirmó, esa práctica posiciona a la provincia en un estándar “de nivel internacional” en materia institucional.

El planteo no pasó desapercibido, sobre todo porque a nivel nacional el presidente sí cuenta con esa facultad. De hecho, en el mismo acto estuvo presente el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien anticipó que el máximo tribunal buscará impulsar mecanismos que reduzcan la discrecionalidad política en la designación de magistrados.

Sesín, que asumió por octava vez la presidencia del TSJ, llegó al cargo tras una votación ajustada dentro del propio cuerpo, reflejo de una interna que también atravesó el acto. La ceremonia se realizó sin la presencia de algunos integrantes del tribunal, en un contexto de tensiones internas que no pasan inadvertidas.

Independencia judicial y mensaje político

En su discurso, el titular del TSJ puso el foco en la necesidad de resguardar la autonomía del Poder Judicial frente a presiones externas. Cuestionó las críticas excesivas a los fallos y advirtió sobre el uso indebido de mecanismos como el jury de enjuiciamiento, al sostener que no pueden convertirse en instancias paralelas de revisión de sentencias.

Además, defendió la existencia del “error judicial” como parte del sistema, remarcando que las instancias de revisión están previstas precisamente para corregirlo.

En primera fila escuchaba el senador Luis Juez, uno de los dirigentes más críticos de la Justicia provincial, a la que ha acusado reiteradamente de falta de independencia frente al poder político. En ese marco, las palabras de Sesín también funcionaron como respuesta indirecta a esos cuestionamientos.

El magistrado incluso había generado polémica días atrás al afirmar públicamente que “en Córdoba no hay corrupción”, argumento que vinculó con el rol preventivo del Tribunal de Cuentas de Córdoba, encargado de auditar el gasto público.

Cruces políticos y presencia del gabinete

El acto también fue escenario de gestos políticos. Entre los funcionarios presentes estuvo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien en los últimos días protagonizó cruces con el entorno de Juez. Ambos coincidieron en el evento, aunque sin interacción.

Quinteros, en cambio, mantuvo un trato más cercano con el exintendente Ramón Mestre, en una postal que no pasó inadvertida. También asistieron otros ministros provinciales como Julián López, Sergio Busso y Fabián López, además de legisladores y dirigentes de distintos espacios.

Justicia, tiempos y tecnología

En el tramo final de su exposición, Sesín abordó los desafíos actuales del sistema judicial, incluyendo el impacto de la tecnología y la irrupción de la inteligencia artificial. En ese sentido, sostuvo que estas herramientas deben funcionar como apoyo y no como reemplazo de los jueces.

También se refirió a uno de los reclamos más frecuentes de la sociedad: la demora en los procesos judiciales. Lejos de prometer mayor rapidez, defendió los tiempos actuales al considerar que están vinculados a la garantía del debido proceso.

“Los plazos procesales son plazos temporales”, subrayó, en un mensaje que apuntó tanto a la presión mediática como a la opinión pública.

Con ese cierre, y bajo la mirada atenta de Lorenzetti, el presidente del TSJ dejó planteada una posición clara: la independencia judicial, más que un privilegio corporativo, es una garantía para los ciudadanos. Un concepto que, en el actual clima político, adquiere un peso particular.