Oferta de último intento: el Gobierno mejora la propuesta salarial y pone la decisión en manos de los docentes

En un nuevo capítulo del conflicto salarial, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) dio a conocer la tercera oferta presentada por el Ejecutivo provincial, en lo que desde el entorno oficial consideran una propuesta clave para destrabar la negociación.

El ofrecimiento, elaborado por la Secretaría General de la Gobernación que encabeza David Consalvi, establece una paritaria anual que se extiende desde febrero de 2026 hasta enero de 2027. Durante los primeros dos meses, se prevé una recomposición promedio del 10,3%, lo que, descontando la inflación registrada y proyectada, implicaría una mejora real del salario por encima del índice de precios.

Para el resto del período, la propuesta introduce un esquema de actualizaciones mensuales atadas a la inflación, con incrementos remunerativos, bonificables y acumulativos desde abril. A diferencia de ofertas anteriores, estos ajustes quedarían desvinculados de la evolución de la recaudación provincial, un punto central que había sido cuestionado por el gremio.

En un contexto de caída sostenida de los ingresos del Estado, esta modificación busca garantizar que los salarios docentes no queden rezagados frente al avance de los precios, una preocupación que atraviesa a buena parte del sector público.

Uno de los aspectos más destacados del planteo oficial es el refuerzo inicial: se incluyen sumas fijas por cargo de $50.000 para febrero y $22.500 para marzo. A esto se suma una suba progresiva del FONID que, a lo largo del acuerdo, alcanzaría un incremento cercano al 92%. De aprobarse, los docentes podrían percibir pagos retroactivos significativos en abril.

La propuesta también contempla cambios en otros reclamos del sector, como la eliminación del tope del complemento remunerativo desde marzo, la suspensión del FOSAET y la continuidad de la pausa en la aplicación de normativas vinculadas a la profesionalidad docente.

Además, se incorporan cláusulas de revisión y de “mejor acuerdo”, que permitirían reabrir la discusión en septiembre o equiparar condiciones en caso de que otros gremios estatales logren mejoras superiores, aunque este último punto aparece como de difícil concreción.

En materia previsional, el ofrecimiento incluye una actualización de las bandas para los aportes jubilatorios y una suba del umbral que define el diferimiento de haberes, lo que dejaría a la mayoría de los jubilados fuera de ese mecanismo.

Sin embargo, uno de los puntos de conflicto se mantiene sin cambios: el Gobierno no incluyó un compromiso para evitar descuentos por los días de paro, una demanda impulsada por sectores opositores dentro del gremio.

Con la propuesta sobre la mesa, la definición quedó en manos de la estructura sindical. El cronograma ya está en marcha: asambleas informativas, debates en las escuelas y reuniones de delegados desembocarán en una Asamblea Provincial que tendrá la última palabra.

Mientras tanto, la tensión también se traslada a la calle. En paralelo al proceso interno, sectores docentes y de la salud preparan movilizaciones que podrían confluir en un frente estatal más amplio, en rechazo a la política salarial y en busca de mayor representación.

El desenlace, ahora, dependerá de una votación que no solo definirá el rumbo del conflicto docente, sino también el clima social en la provincia en las próximas semanas.