Memoria, tensión y campaña: la Legislatura cordobesa debatió el pasado con la mira en 2027

La Legislatura de Córdoba fue escenario de una sesión especial cargada de simbolismo, en el marco de la Semana de la Memoria y a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y ratificar el compromiso democrático, pero el clima de consenso se fue diluyendo a medida que avanzó el debate.

Lo que comenzó como una jornada institucional terminó convirtiéndose en un anticipo de la disputa política que ya se proyecta hacia 2027. Las diferencias no solo giraron en torno a la interpretación histórica, sino también sobre el uso actual de la agenda de derechos humanos, con cruces cada vez más duros entre el peronismo cordobés y los distintos bloques opositores.

El quiebre en el tono se produjo en el tramo final de la sesión, cuando el legislador Gregorio Hernández Maqueda cuestionó lo que consideró una apropiación partidaria de la bandera de los derechos humanos. A partir de allí, referentes del juecismo y del radicalismo intensificaron sus críticas, apuntando directamente contra la gestión del gobernador Martín Llaryora y el modelo cordobesista.

Uno de los discursos más encendidos fue el de Walter Nostrala, del Frente Cívico. Si bien comenzó reivindicando la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, rápidamente amplió el foco hacia el presente. Cuestionó al kirchnerismo por el manejo de esa agenda y trasladó el debate al plano local, al señalar déficits en áreas como educación, salud, seguridad y jubilaciones.

En la misma línea, Nostrala defendió el rol de Luis Juez en políticas de memoria, en respuesta a cuestionamientos del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros. El cruce dejó expuestas tensiones no solo entre oficialismo y oposición, sino también en relación a los alineamientos nacionales.

Desde la Unión Cívica Radical, la legisladora Alejandra Ferrero elevó aún más el tono. En un discurso con fuerte impronta electoral, contrastó la figura de Arturo Illia con el actual oficialismo provincial, al que acusó de restringir el debate y utilizar recursos públicos de manera discrecional. Su intervención generó una reacción inmediata en el recinto, incluso desde la presidencia, a cargo de Myrian Prunotto.

El cierre del debate estuvo en manos de Facundo Torres Lima, jefe del bloque oficialista, quien respondió con dureza a las críticas opositoras. Cuestionó el tono de las intervenciones y las vinculó con posicionamientos electorales, en una señal clara de que la discusión ya excede el plano conmemorativo.

El eje de mayor tensión en torno a la memoria histórica volvió a aparecer con los planteos de sectores alineados con la idea de la “verdad completa”. Hernández Maqueda insistió en que la conmemoración debía incluir a víctimas previas al golpe, mientras que Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza, cuestionó el ámbito mismo de la sesión y acusó al kirchnerismo de utilizar la memoria con fines políticos, aunque dejó en claro su rechazo a la dictadura.

Desde el PRO, Oscar Agost Carreño adoptó una postura intermedia: reconoció la complejidad del contexto histórico, pero advirtió sobre los riesgos de una memoria parcial.

La respuesta oficialista no tardó en llegar. El legislador Leonardo Limia vinculó los cuestionamientos opositores con el presente político nacional y apuntó contra la gestión de Javier Milei, al advertir sobre el impacto de sus políticas en derechos adquiridos.

En paralelo, el radical Miguel Nicolás sumó otra polémica al cuestionar un material audiovisual proyectado durante la sesión, por considerar que omitía figuras clave de la política cordobesa como Eduardo Angeloz, Ramón Bautista Mestre y José Manuel de la Sota.

Así, una jornada que buscaba consolidar consensos en torno a la memoria terminó reflejando las fracturas del presente. Entre homenajes, reproches y posicionamientos, la Legislatura dejó en claro que el pasado sigue siendo un terreno de disputa, pero también una herramienta clave en la construcción del futuro político.