El país que se animó a mirarse al espejo

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay ideas que no llegan como una tormenta. Llegan como una llovizna persistente. No hacen ruido. No asustan. Pero con el tiempo empapan todo.

Durante décadas, la Argentina vivió bajo una de esas lloviznas. La creencia de que el Estado podía hacerlo todo. Que bastaba con que estuviera presente —muy presente— para que la sociedad funcionara mejor. Que el bienestar podía administrarse desde un escritorio.

Esa convicción se volvió casi religiosa. Nadie la discutía demasiado. Al contrario: cuestionarla era sospechoso. ¿Cómo oponerse a un Estado que prometía proteger, cuidar, redistribuir?

El problema es que la realidad tiene la mala costumbre de cobrar las facturas.

Con el paso de los años, ese Estado fue creciendo. Primero un poco, luego bastante, después demasiado. Ministerios, oficinas, programas, subsidios, planes, regulaciones. Cada crisis pedía más Estado. Cada problema se respondía con una nueva estructura.

Y sin embargo, mientras el Estado se expandía, el país se encogía.

La moneda se volvió frágil. Las empresas empezaron a desaparecer como negocios familiares que cierran sin hacer ruido. El trabajo formal dejó de crecer. La pobreza se volvió una presencia cotidiana.

Algo no cerraba.

El relato decía que el Estado estaba ahí para cuidar a los ciudadanos. Pero el resultado era una sociedad cada vez más vulnerable. Como si el salvavidas tuviera un agujero.

La explicación, aunque suene incómoda, es bastante simple.

El Estado no produce riqueza. No cultiva campos. No levanta fábricas. No inventa tecnología. El Estado administra recursos que antes generó alguien más.

Cada vez que el aparato público gasta, ese dinero salió primero del bolsillo de una persona o de una empresa. Y cuando el gasto supera lo que entra —algo que en Argentina ocurrió demasiadas veces— aparece la tentación más peligrosa de todas: la ilusión de que se puede gastar igual.

Entonces llegan los atajos conocidos: deuda, emisión, inflación.

Y la inflación, ese viejo fantasma argentino, es quizás el impuesto más cruel. Porque no se discute en el Congreso ni se vota en una ley. Simplemente ocurre. Y golpea más fuerte a quienes menos tienen.

El jubilado lo siente cuando va al supermercado. El trabajador cuando su sueldo se evapora antes de fin de mes. El comerciante cuando ya no sabe a qué precio vender.

Durante mucho tiempo el país vivió en ese círculo vicioso: el Estado prometía ayudar mientras, al mismo tiempo, debilitaba las bases que hacían posible esa ayuda.

Es una paradoja bastante argentina: el mismo sistema que decía combatir la pobreza terminaba multiplicándola.

Pero hay otro daño menos visible, aunque quizás más profundo.

Cuando el Estado ocupa cada espacio, cuando todo depende de una decisión política, algo empieza a cambiar en la cultura de una sociedad. El esfuerzo pierde valor. El mérito se vuelve sospechoso. La dependencia aparece como una salida más rápida que el trabajo.

No sucede de un día para el otro. Sucede lentamente. Como aquella llovizna inicial.

La Argentina que a comienzos del siglo pasado creció gracias al empuje de millones de inmigrantes creía en algo muy simple: trabajar, ahorrar, invertir, progresar. Era una ética austera, casi silenciosa.

Con el tiempo, esa lógica fue desplazada por otra más cómoda pero menos sostenible: la de esperar que el Estado resuelva lo que la sociedad ya no produce.

El resultado fue un país lleno de derechos declarados pero cada vez más pobre para sostenerlos.

Por eso el momento actual tiene algo de experimento histórico.

El gobierno de Javier Milei llegó al poder proponiendo algo que durante mucho tiempo parecía políticamente imposible: reducir el tamaño del Estado y devolverle protagonismo a la sociedad.

No es un camino sencillo. Nadie puede arreglar en pocos años lo que se deterioró durante generaciones. Y mucho menos sin tensiones.

Pero hay algo distinto en el clima de época. Una parte importante de la sociedad parece haber entendido que la prosperidad no nace de los decretos ni de los subsidios permanentes. Nace del trabajo, de la inversión, de la confianza en reglas estables.

En otras palabras: de un país que funcione sin pedir permiso todo el tiempo.

Las reformas que hoy se discuten en Argentina no son solamente económicas. Son, en el fondo, culturales. Intentan cambiar la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Menos tutela. Más responsabilidad.

Menos dependencia. Más iniciativa.

No se trata de eliminar al Estado —algo que ningún país serio hace— sino de devolverlo a un lugar más razonable: garantizar reglas, seguridad, justicia y estabilidad.

Cuando eso ocurre, algo interesante empieza a pasar. Los individuos vuelven a ocupar el centro de la escena.

Y cuando los individuos recuperan protagonismo, los países suelen encontrar su camino.

Argentina todavía está en ese proceso. Nadie sabe con exactitud cómo terminará. Pero por primera vez en mucho tiempo el debate dejó de girar alrededor de cómo agrandar el Estado.

La pregunta ahora es otra.

Cómo volver a agrandar el país.