El viceintendente de Córdoba, Javier Pretto, anunció un paquete de medidas orientadas a reducir el gasto en el Concejo Deliberante de Córdoba, con el objetivo de generar un ahorro estimado en $650 millones antes de fin de año.
La iniciativa se basa en una reestructuración del organigrama legislativo, que implica la reducción de cargos jerárquicos y la eliminación de áreas. Entre las principales modificaciones, se destaca la transformación de la Secretaría de Coordinación General en una dirección, la reducción de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la decisión de no cubrir tres direcciones actualmente contempladas en la estructura.
Según explicó Pretto, la medida responde a una estrategia más amplia de ordenamiento fiscal impulsada por la gestión municipal. En ese sentido, vinculó el recorte con la meta planteada por el intendente Daniel Passerini, quien busca alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas en 2026, tras años de déficit.
El funcionario remarcó que la reducción de la estructura política se complementa con otras acciones ya implementadas dentro del Concejo, como la disminución en la contratación de becarios y monotributistas por parte de los distintos bloques, así como la revisión de contratos con proveedores externos, incluyendo servicios de limpieza y seguridad. Con este conjunto de medidas, la proyección oficial es alcanzar un ahorro total cercano a los $1.000 millones.
En paralelo, el viceintendente también hizo foco en la necesidad de generar señales favorables al sector privado. En esa línea, recordó la reciente aprobación de una ordenanza que contempla beneficios impositivos para proyectos en sectores estratégicos como la industria, el turismo, la salud y la economía del conocimiento.
La iniciativa apunta a incentivar inversiones y promover la generación de empleo formal, en un contexto donde el municipio busca fortalecer su perfil productivo. Pretto destacó especialmente el rol del sector tecnológico local como uno de los motores de crecimiento, con fuerte potencial en la exportación de servicios basados en el conocimiento.
Con estas medidas, la gestión municipal intenta avanzar en un doble objetivo: ordenar las cuentas públicas y, al mismo tiempo, crear condiciones para dinamizar la economía local.
