El sistema laboral que fabrica desempleo mientras finge proteger derechos

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La Argentina sostiene desde hace décadas una discusión laboral que parece girar sobre sí misma. Las palabras son siempre las mismas —protección, derechos, conquistas históricas—, pero los resultados revelan una paradoja difícil de ignorar: el andamiaje normativo diseñado para preservar el empleo formal convive con una informalidad estructural que ya no puede explicarse como una anomalía pasajera. Es, más bien, la señal de que el sistema produce efectos contrarios a los que proclama.

La arquitectura legal que rige las relaciones laborales nació en otro país económico. Fue concebida para una estructura productiva distinta, con mercados más cerrados, tecnologías menos disruptivas y un tejido empresarial menos fragmentado. Pretender que ese marco opere hoy con la misma eficacia es desconocer que el mundo del trabajo cambió de manera radical. La consecuencia no es abstracta: millones de personas quedan fuera del sistema formal, sin acceso a los derechos que la legislación promete resguardar.

Aquí aparece la primera tensión que la política evita nombrar con claridad. La protección, cuando se vuelve excesivamente rígida, puede transformarse en un mecanismo de exclusión. No porque el principio protector sea cuestionable —lo contrario sería socialmente regresivo—, sino porque su diseño actual introduce niveles de incertidumbre que alteran el cálculo económico de quien debe generar empleo. La contratación deja de ser una decisión puramente productiva para convertirse en una apuesta jurídica.

Ese clima de riesgo tiene efectos previsibles. Las pequeñas y medianas empresas, que concentran buena parte del empleo potencial, operan bajo la percepción de que cualquier conflicto puede escalar a costos difíciles de absorber. El resultado no es solo menor contratación formal, sino la consolidación de esquemas informales que, paradójicamente, desprotegen al trabajador. La norma que buscaba blindar termina empujando a muchos hacia la intemperie laboral.

En este escenario, la litigiosidad cumple un rol central. No se trata de negar la legitimidad de los reclamos judiciales —un sistema democrático necesita vías de reparación—, sino de observar cómo ciertos incentivos distorsionan la dinámica productiva. Cuando el conflicto se vuelve estructural, la relación laboral deja de ser un vínculo de cooperación para convertirse en un terreno de sospecha mutua. Esa cultura del enfrentamiento erosiona la confianza, un insumo tan importante como el capital.

La discusión pública suele empantanarse en una falsa dicotomía: flexibilidad versus derechos. Es un encuadre que simplifica un problema complejo. La verdadera pregunta es cómo ampliar el universo de trabajadores protegidos sin sofocar la creación de empleo. La informalidad masiva es, en sí misma, la forma más severa de precariedad. Defender un statu quo que solo alcanza a una porción del mercado laboral implica aceptar, de hecho, una exclusión persistente.

Modernizar el sistema no equivale a desmantelarlo. Significa rediseñar sus incentivos para que la formalidad resulte viable y atractiva. La previsibilidad aparece como un eje ineludible: reglas claras sobre costos, tiempos y responsabilidades reducen la incertidumbre y favorecen decisiones de inversión. Un marco más transparente no debilita la protección; la hace sostenible.

La experiencia comparada muestra que es posible combinar seguridad para el trabajador con flexibilidad operativa para la empresa. El punto no es copiar modelos, sino asumir que la rigidez extrema tampoco garantiza estabilidad social. Por el contrario, puede cristalizar un mercado dual: insiders altamente protegidos y outsiders condenados a la informalidad. Esa fractura, más que cualquier reforma, erosiona la cohesión social.

Persistir en el esquema actual tiene costos acumulativos. Cada ciclo de crecimiento encuentra el mismo techo: empleo que no se formaliza, productividad que no despega y empresas que operan a la defensiva. La política suele postergar este debate por su sensibilidad simbólica, pero la economía no suspende sus consecuencias. La exclusión laboral no espera consensos retóricos.

El desafío, entonces, no es elegir entre protección y dinamismo, sino construir una síntesis que los haga compatibles. Un sistema laboral eficaz debe proteger sin paralizar, incentivar sin desamparar. Eso exige abandonar consignas heredadas y aceptar que las instituciones, como los mercados, requieren actualización constante.

La Argentina enfrenta una decisión estructural: seguir administrando un modelo que expulsa trabajadores o animarse a reformularlo para integrarlos. La discusión ya no es ideológica, sino funcional. Se trata de preguntarse si el sistema laboral sirve a quienes dice defender. Hoy, los números sugieren que no. Ignorar esa evidencia prolonga un equilibrio que combina retórica protectora con exclusión real.

Modernizar, en este contexto, no es una concesión doctrinaria sino una necesidad práctica. El futuro del trabajo formal depende de la capacidad de adaptar reglas a una economía que ya cambió. La alternativa es perpetuar un sistema que promete inclusión mientras produce lo contrario.