Debate por la gestión de hospitales nacionales en Buenos Aires: deuda, privatización y pulseada política

• El Gobierno analiza cambiar la gestión de cinco hospitales nacionales en la provincia de Buenos Aires.
• La iniciativa se basa en una supuesta deuda provincial estimada en 500 mil millones de pesos.
• La opción con más fuerza es aplicar un modelo de concesión privada con sistema de cápitas.
• Los trabajadores de la salud rechazaron la propuesta y se declararon en alerta y movilización.
• También se evalúa transferir los hospitales a la órbita del gobierno bonaerense.
• Cualquier cambio requeriría una ley del Congreso o un eventual decreto presidencial.

El gobierno de Javier Milei analiza un cambio profundo en el esquema de administración de cinco hospitales públicos ubicados en la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que vuelve a poner en el centro de la escena el debate sobre el rol del Estado en el sistema de salud y la relación financiera entre la Nación y el distrito gobernado por Axel Kicillof. La propuesta contempla avanzar hacia un modelo de gestión privada o, como alternativa, transferir directamente esos establecimientos a la órbita provincial.

Los hospitales involucrados son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner”, ambos en La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela. Cuatro de ellos se encuentran en el conurbano bonaerense y uno en el interior de la provincia, lo que les otorga un peso estratégico clave en la atención de una población numerosa y mayoritariamente de bajos recursos.

El principal argumento que esgrime la Casa Rosada para justificar el cambio de modelo es una deuda millonaria que, según el Ejecutivo nacional, la provincia de Buenos Aires mantiene con la Nación para el sostenimiento de estos nosocomios. Desde el entorno del presidente Milei sostienen que el esquema actual resulta financieramente inviable y que la falta de aportes provinciales obliga a replantear el sistema de gestión.

En este contexto, la alternativa que aparece con mayor fuerza es la aplicación del denominado “sistema español”, un modelo de concesión a privados basado en el mecanismo de cápitas. Bajo este esquema, el Estado fija un monto por paciente y garantiza la atención de los sectores más vulnerables, mientras que la administración queda en manos privadas, con cupos y topes previamente definidos. Según fuentes oficiales, este sistema permitiría mejorar la eficiencia, ordenar costos y asegurar la continuidad de las prestaciones.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, no descarta otras opciones. Entre ellas, figura el traspaso de los hospitales a la provincia de Buenos Aires para que sean gestionados directamente por el gobierno de Kicillof. También se evalúa un esquema mixto, con aportes de empresas de medicina prepaga y obras sociales, bajo la premisa de que una gestión privada podría integrar distintas fuentes de financiamiento sin excluir a la población sin cobertura.

Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo en los trabajadores del sector. La Federación de Trabajadores de la Salud se declaró en estado de alerta y movilización, al advertir que cualquier forma de privatización podría afectar derechos laborales y el acceso universal a la atención médica. Desde el gremio sostienen que el problema es presupuestario y no de gestión, y reclaman una solución consensuada.

El trasfondo político también es ineludible. Actualmente, los cinco hospitales son gestionados por autoridades designadas por la Nación, pero cuentan con consejos de administración donde la provincia tiene representación minoritaria. Desde el Gobierno nacional, el vocero Manuel Adorni aseguró que la deuda reclamada a Buenos Aires ronda los 500 mil millones de pesos, una cifra que el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, rechaza, aunque admite la existencia de algunos remanentes impagos.

Cualquier cambio estructural requeriría, en principio, una ley del Congreso, ya que los hospitales fueron creados por esa vía. No obstante, en el oficialismo no descartan avanzar mediante un decreto, aun a riesgo de enfrentar resistencias políticas y judiciales. En silencio público, la administración de Kicillof observa el movimiento de la Nación, mientras el debate por el futuro de estos hospitales anticipa un nuevo capítulo de tensión entre ambos gobiernos.