Torres pidió incorporar el delito de ecocidio tras los incendios intencionales que afectan a la Provincia de Chubut

• Torres pidió incorporar el ecocidio como delito tras incendios que devastaron más de 2.200 hectáreas.
• La fiscalía determinó intencionalidad en al menos dos focos, con amenazas previas a brigadistas.
• El fuego puso en riesgo a más de tres mil personas en la zona de El Hoyo.
• La provincia ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para identificar a los responsables.
• El gobernador denunció impunidad y reclamó penas más severas por delitos ambientales.
• Nación y provincia coordinaron operativos y apuntaron a grupos violentos por los ataques.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó la incorporación de la figura del ecocidio en el Código Penal luego de los incendios forestales que arrasaron más de 2.200 hectáreas en la provincia y pusieron en riesgo la vida de miles de personas. El planteo se produjo en un contexto de extrema gravedad ambiental y judicial, tras confirmarse la intencionalidad de al menos dos de los cinco focos detectados por las autoridades, uno de ellos considerado el más grave por la magnitud del daño causado.

Según detalló el mandatario, tres focos ya fueron controlados, mientras que otros dos permanecían activos al cierre de la jornada. La fiscalía determinó que el incendio registrado en la zona de Puerto Patriada fue provocado de manera deliberada, luego de hallar materiales acelerantes y constatar amenazas previas dirigidas a brigadistas provenientes de Río Negro, Neuquén y Chubut. De acuerdo con la investigación, uno de los focos ya controlados también fue intencional, mientras que los restantes tuvieron causas accidentales o naturales.

El episodio más crítico se registró en la localidad de El Hoyo, donde el fuego consumió bosque nativo milenario y obligó a desplegar un operativo de emergencia ante el riesgo que corrieron más de tres mil turistas y residentes. Las llamas avanzaron sobre la única vía de salida habilitada del lago, lo que elevó el nivel de alerta y expuso la fragilidad de la zona frente a este tipo de siniestros. Ante ese escenario, el gobierno provincial dispuso una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar a los responsables, con posibilidad de realizar denuncias en cualquier dependencia policial.

Torres recordó antecedentes recientes en la región cordillerana y advirtió sobre una persistente “sensación de impunidad” derivada de sanciones judiciales que consideró leves. Como ejemplo, mencionó una condena de seis meses dictada contra un responsable de incendios en el Parque Nacional Los Alerces. En ese marco, cuestionó con dureza el “garantismo berreta” y reclamó penas ejemplares para quienes cometan delitos ambientales de esta magnitud.

El gobernador vinculó la intencionalidad de algunos ataques a la actuación de “grupos marginales y violentos con delirios revolucionarios”, a los que diferenció explícitamente de las comunidades originarias. Aseguró mantener una convivencia armoniosa con estas últimas y denunció el uso ilegítimo de simbología indígena para justificar hechos delictivos, tomas de tierras y amenazas. En la investigación se registraron inscripciones, símbolos anarquistas y advertencias escritas previas a los incendios.

La preocupación por el avance del fuego alcanzó también al Parque Nacional Los Alerces, donde se evaluó el riesgo sobre “El Abuelo”, un alerce de más de 2.600 años de antigüedad. Torres confirmó que el foco fue contenido a unos cinco kilómetros del ejemplar, aunque remarcó el daño irreversible al patrimonio natural. Subrayó que la regeneración de un bosque nativo puede demandar miles de años y que se trata de un bien común que pertenece a todos los argentinos.

El mandatario atribuyó parte de la gravedad del escenario a la peor sequía de los últimos veinte años y a temperaturas inusuales registradas en la región, según datos oficiales. En ese sentido, llamó a reforzar la responsabilidad y la concientización, especialmente entre los turistas, y recordó incendios recientes provocados por imprudencias humanas en otras provincias patagónicas.

En el marco de la visita del ministro del Interior, Diego Santilli, Torres adelantó que solicitó a los legisladores nacionales de Chubut que acompañen la iniciativa para incorporar el ecocidio como delito específico en la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno nacional. El planteo apunta a sancionar con mayor severidad conductas que destruyen ecosistemas y ponen en peligro la vida humana.

El gobernador destacó la coordinación entre la provincia y la Nación, con participación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, áreas sociales, de seguridad y organismos de inteligencia. Desde el Ministerio de Seguridad nacional se difundió un comunicado que señaló la existencia de “grupos terroristas” vinculados a acciones de terrorismo ambiental, una definición que volvió a encender el debate político y judicial sobre los límites entre protesta, delito y protección del ambiente.