Escándalo en torno a la partida de “Cortesía y Homenaje”

El escándalo en torno a la partida de “Cortesía y Homenaje” en la Legislatura Unicameral ha sumado un nuevo capítulo con las recientes solicitudes de reintegro por parte del legislador Ramón “Cañito” Flores, del bloque Hacemos Unidos por Córdoba. 
De acuerdo con registros oficiales, Flores solicitó reintegros por casi 4 millones de pesos en los últimos días de diciembre de 2025. Las rendiciones incluyen servicios de catering y fotografía para varios eventos, algunos de los cuales han sido públicamente desmentidos por las instituciones mencionadas, que no reconocen haber recibido fondos.
La Municipalidad de Villa de María de Río Seco y el Club Social y Deportivo Villa Candelaria emitieron comunicados en los que niegan cualquier relación con los eventos citados. La comisión directiva del club afirmó no haber recibido fondos ni haber organizado los eventos por los cuales se rindieron cuentas, destacando que la situación afecta gravemente su reputación.
La Municipalidad también desmintió haber financiado actividades en el Hotel Sayr, propiedad del legislador Flores, afirmando que su único evento de cierre de año fue una Noche de Gala comunitaria, de carácter abierto e inclusivo.
Asimismo, la Liga Regional Norte negó recibir dinero por parte del legislador y aclaró que se sostiene con aportes de los clubes, resaltando la falta de fondos provenientes de funcionarios.
Este escándalo se enmarca en un contexto delicado, en el que el Presupuesto 2026 prevé un gasto de 870 millones de pesos destinados a “Cortesía y Homenaje”, un monto criticado por su incremento y falta de claridad en su uso.
Las desmentidas reavivan el debate sobre el manejo discrecional de recursos públicos, a medida que la Legislatura no ha emitido comentarios sobre las solicitudes de reintegro ni anunciado auditorías. Al mismo tiempo, el caso se complica por la difusión de otros gastos similares por parte de diferentes legisladores, lo que ha sido aprovechado por el Suoem —un sindicato que se opone a la reforma previsional que aumentará los aportes de los trabajadores estatales— para intensificar las protestas.
El sindicato aseguró que la partida cuestionada se nutre de recursos que se descontarán a los empleados públicos, añadiendo una nueva dimensión política al debate sobre el uso de los fondos provinciales.