


El Gobierno Provincial movió con destreza las piezas que necesitó mover para contener, aún parcialmente, el déficit de la Caja de Jubilaciones. Se apalancó, discursivamente, sobre un proyecto ajeno, impulsado por una consulta popular de un nutrido grupo de jubilados, hizo un corte transversal sobre los sindicatos al segmentar los aportes y los beneficios, y los arrinconó contra el calendario, abordando el asunto en los últimos días del año, para que cualquier respuesta que ensayaran los perjudicados chocara contra el vacío del receso estival.
Los gremios, desconcertados, intentaron una resistencia, sin conseguir resultados, en el plano político, y, mientras tanto, se avocaron también al estudio de los aspectos jurídicos del tema, para evaluar la vía judicial.
En este segundo andarivel, obtuvieron una noticia relativamente promisoria en los últimos días, cuando la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación admitió la cautelar planteada por el primer amparo en contra de la aplicación de la Ley de Equidad Jubilatoria. Y ahora analizan, también, la posibilidad de revivir la protesta amoldándola a las vicisitudes de enero.
Entre los sindicatos más afectados por los nuevos aportes que dispuso la Ley de Equidad Jubilatoria aparecen los empleados municipales de Córdoba, liderados por Rubén Daniele, quien se ha expresado en los más duros términos en contra del gobernador por impulsar la reforma.
Además de controlar a placer el Suoem durante los últimos 40 años, Daniele es también el centro de gravedad del Fesimupc (Federación Sindical de Municipales de la Provincia de Córdoba). Y entre los empleados municipales de las diferentes localidades del interior provincial, que también han sido alcanzados por los tiempos de ajuste, el descontento es creciente.
De ahí la preocupación del Centro Cívico, que intuye que las “medidas sorpresivas” anunciadas por los gremios cordobeses en contra de la Ley de Equidad Jubilatoria terminarán traduciéndose en una suerte de patrulla sindical de verano, ideada para escrachar a los funcionarios provinciales cuando se acerquen a los festivales más convocantes, que año tras año son elegidos por las figuras más destacadas de la política cordobesa para ganar presencia y conocimiento en el interior.
No es una idea alocada. Nadie desconoce que los salarios estatales son los que más han sufrido desde la llegada del Javier Milei a la Presidencia. Como nadie desconoce la fragilidad de las cuentas en la mayoría de los municipios del interior, en enorme medida dependientes de una coparticipación cada vez más magra.
Además, el último conflicto sindical del Suoem en capital, luego replicado en distintas localidades, sentó las bases de una suerte de cooperación entre estos gremios. Las conciliaciones obligatorias que en su momento dictó la secretaría de Trabajo fue parcialmente sorteada por los sindicatos de empleados municipales con protestas escalonadas, afinando la cohesión entre cada uno de ellos a través de la Federación.
A esto debe sumarse que otros gremios de fuste y presencia en todo el territorio provincial, como los tres sindicatos de Luz y Fuerza (Córdoba, Río Cuarto y Regional Villa María), y las distintas delegaciones de la Asociación Bancaria o el sindicato de Judiciales también resienten la aplicación de los descuentos, y han sido signatarios del comunicado que días atrás anunció que las medidas de fuerza se extenderían sobre la temporada estival.
CON INFORMACION DE DIARIOALFIL.






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