Facundo Moyano tomó distancia de la CGT y abrió matices en el debate por la reforma laboral

• Facundo Moyano expresó una posición diferenciada de la CGT sobre la limitación de las cuotas solidarias.
• Respaldó que el descuento sindical requiera autorización expresa del trabajador.
• Advirtió que la reforma laboral, en su conjunto, es “anti sindicatos” y contiene aspectos inconstitucionales.
• Cuestionó la tercerización sin afiliación gremial y el nuevo esquema indemnizatorio.
• Reconoció que el Gobierno abrió un debate laboral que estaba pendiente, aunque criticó el contenido del proyecto.
• Planteó dudas sobre los mecanismos de control y sanción de la nueva normativa.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Peajes, Facundo Moyano, se sumó al debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional con una postura que introdujo matices dentro del frente sindical. Hijo del histórico dirigente Hugo Moyano y referente de peso en el mundo gremial, el sindicalista expresó diferencias con la posición mayoritaria de la Confederación General del Trabajo (CGT), especialmente en lo referido a la limitación de las denominadas cuotas solidarias, uno de los puntos más sensibles del proyecto que comenzará a discutirse en el Congreso.

La reforma propone restringir el aporte que realizan los trabajadores no afiliados a los sindicatos cuando un acuerdo salarial beneficia a todo el sector. Hasta ahora, el empleador podía actuar como agente de retención sin que mediara una autorización expresa del trabajador. El texto oficial plantea que ese descuento solo se aplique con el consentimiento individual, lo que implica un recorte directo a una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones sindicales, en particular de las más grandes.

Moyano reconoció que su posición genera incomodidad dentro del sindicalismo tradicional. “Muchos me van a putear”, admitió, pero aclaró que no está en desacuerdo con el cambio. Según explicó, el sistema anterior dejaba en manos del empleador la decisión de retener el aporte, mientras que la nueva modalidad devuelve al trabajador la facultad de elegir. “Si el trabajador manifiesta voluntad de que sea agente de retención, me parece perfecto. En nuestro sindicato el trabajador decide”, sostuvo.

La definición marca una diferencia clara con la postura de la CGT, que ha defendido históricamente la obligatoriedad de la cuota solidaria como herramienta clave para sostener la estructura sindical, la negociación colectiva y los servicios a los afiliados. En ese sentido, Moyano consideró que, si se reivindica la libertad individual como principio rector, esa lógica debe aplicarse también al financiamiento gremial. “El trabajador tiene que tener libertad de elección y si este gobierno es libertario tiene que serlo para todo”, enfatizó.

Sin embargo, el dirigente fue categórico al señalar que, en términos generales, la reforma laboral “es un proyecto anti sindicatos”. Advirtió que el texto contiene disposiciones que considera “anticonstitucionales” y que, de aprobarse sin cambios, podrían debilitar la representación gremial. Uno de los puntos que más cuestionó es la posibilidad de que las empresas tercericen personal sin que esos trabajadores puedan afiliarse a un sindicato, lo que, a su entender, fragmenta la organización laboral y reduce la capacidad de defensa colectiva.

Moyano también señaló que el proyecto incluye aspectos “sobreexagerados” que, en su visión, fueron incorporados como parte de una estrategia de negociación parlamentaria. Además, deslizó críticas hacia quienes redactaron la iniciativa, al sostener que algunos “no conocen la dinámica sindical”. Si bien evitó personalizar, dejó en claro que el debate requiere la participación de quienes tienen experiencia directa en el funcionamiento cotidiano de los gremios y las relaciones laborales.

En relación con el nuevo esquema indemnizatorio, el dirigente se mostró escéptico y consideró que los cálculos propuestos “no tienen sentido”. Respecto del fondo de cese laboral, cuya obligatoriedad el Gobierno busca eliminar, afirmó que podría ser una herramienta útil en sectores con alta rotación o dinámicas cambiantes, aunque advirtió que su aplicación concreta genera dudas y requiere una regulación clara.

El sindicalista también apuntó contra la oposición peronista, al señalar que los sectores que plantearon la necesidad de discutir una actualización de las normas laborales no encontraron eco en Unión por la Patria en el pasado. En ese marco, reconoció que el actual Gobierno abrió un debate largamente postergado, aunque aclaró que eso no implica avalar el contenido del proyecto.

Finalmente, Moyano planteó interrogantes sobre la capacidad del Estado para controlar y sancionar eventuales incumplimientos de la nueva normativa. “¿Quién va a controlar esto o a sancionar en el caso de incumplimiento?”, se preguntó, anticipando que el tratamiento legislativo será el escenario donde se definirán los alcances reales de una reforma que ya expone fisuras y debates internos dentro del sindicalismo.