El Gobierno Apelará el Fallo sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad

• El Gobierno apelará el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
• La Justicia declaró inválido el artículo del Decreto 681/2025 que suspendía la ejecución de la ley.
• El Ejecutivo argumenta la falta de fondos para cumplir con la ley y sostiene que no se especificaron partidas en el presupuesto.
• La demanda colectiva fue impulsada por padres y organizaciones civiles que defienden los derechos de las personas con discapacidad.
• El fallo judicial subraya la violación del principio de supremacía constitucional y exige al Gobierno el cumplimiento de la ley.
• El Gobierno había suspendido la ley debido a la crisis fiscal y la falta de financiamiento para su implementación, lo que generó un conflicto con el sector de la discapacidad.

El Gobierno de Javier Milei ha decidido no cumplir con la solicitud de la Justicia federal que le exigía la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025. Según informaron fuentes oficiales, el Ejecutivo se enfrenta a la falta de recursos financieros para implementar la ley y, por lo tanto, apelará el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que declaró la invalidez de un artículo del Decreto 681/2025, el cual suspendía la ejecución de la norma.

En su resolución, el juez Charvay hizo lugar a una acción colectiva presentada por padres de personas con discapacidad y organizaciones civiles, y ordenó al Gobierno aplicar la ley sin más demoras. Además, declaró inválido el Artículo 2° del Decreto 681/2025, que había suspendido la vigencia de la Ley 27.793. La sentencia subraya la urgencia de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, especialmente de niños y adultos mayores, citando la reciente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al cuidado autónomo y la obligación estatal de garantizarlo.

El fallo llegó en medio de una fuerte tensión política. El Gobierno defendió la suspensión de la ley, argumentando que no podía implementarla sin contar con los fondos necesarios para financiarla, una interpretación que ha sido criticada por varios sectores. En un contexto de ajuste fiscal, el Ejecutivo adujo que el Congreso no había especificado cómo se financiaría la ley y que, por lo tanto, no estaba en condiciones de ponerla en marcha sin una modificación del presupuesto. Desde el Ministerio de Salud, además, se advirtió que la implementación de la ley sin un presupuesto específico pondría en riesgo la sustentabilidad fiscal y afectaría otros servicios esenciales del Estado.

Este conflicto comenzó cuando, tras la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Ejecutivo dictó el Decreto 681/2025 para suspender su ejecución, alegando que no se había asignado el financiamiento correspondiente. En paralelo, se impulsa una reforma fiscal que también se encuentra bajo análisis en el Congreso, con la intención de establecer un mecanismo para que toda nueva ley que implique un gasto solo entre en vigor una vez que se incluyan las partidas necesarias en el presupuesto.

La acción colectiva que llevó la causa ante la Justicia fue presentada por padres de personas con discapacidad y apoyada por diversas organizaciones civiles, entre ellas la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA) y el Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS). Las denuncias de estas entidades se centraron en la crisis estructural del sector, caracterizada por una inflación acumulada del 114,6% entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, mientras que los aranceles de los servicios para personas con discapacidad solo aumentaron un 42,6%. Este desfase generó una pérdida del poder adquisitivo de los prestadores, el cierre de instituciones y la interrupción de tratamientos.

El principal reclamo de la demanda colectiva fue la suspensión de la ley, que privaba a miles de personas con discapacidad de acceder a medidas de emergencia destinadas a garantizar la continuidad de tratamientos y la protección de sus derechos fundamentales, como la salud y la educación. La sentencia judicial también señaló que la decisión del Ejecutivo de suspender la ley violaba el principio de supremacía constitucional y que el Poder Ejecutivo no podía subordinar una ley sancionada por el Congreso a normas de rango inferior.

El fallo también refutó el argumento fiscal del Gobierno, sosteniendo que el Congreso había facultado al Jefe de Gabinete para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para la implementación de la ley, algo que el Gobierno ya había hecho en numerosas ocasiones desde 2023. En este sentido, la sentencia instó al Ejecutivo a utilizar los mecanismos legales a su disposición para cumplir con la ley y evitar la "discriminación" en el acceso a recursos públicos para las personas con discapacidad.

Con este escenario, el Ejecutivo ya anunció que apelará la decisión judicial, lo que promete profundizar la disputa entre los poderes del Estado sobre el cumplimiento de una ley clave para las personas con discapacidad en Argentina.