El Gobierno apunta a eliminar el impuesto al “lujo” y el mercado automotor se paraliza a la espera de definiciones

• El Gobierno incluyó la eliminación del impuesto interno a autos de alta gama dentro de la reforma laboral.
• La medida podría reducir precios entre 15% y 20%, generando un freno inmediato en las ventas.
• Concesionarias de marcas premium confirman una fuerte caída en la demanda por expectativas de baja de precios.
• El efecto se extendió a autos de menor valor por confusión del público y especulación.
• La industria reclama una definición rápida para evitar más pérdidas en un mercado ya debilitado.
• La eliminación del impuesto tiene larga historia de idas y vueltas y ahora depende del tratamiento legislativo.

El sector automotor atraviesa días de fuerte incertidumbre luego de que el Gobierno incorporara en el proyecto de reforma laboral la eliminación de la escala vigente del Impuesto Interno que recae sobre los autos 0 km de mayor precio. La medida, que forma parte de un paquete más amplio de desregulaciones, fue celebrada por las automotrices, pero generó un efecto inmediato no previsto: un freno abrupto en las ventas a la espera de una eventual baja de precios.

Hoy, el tributo alcanza a los autos cuyo valor fiscal supera los $74.314.009 —equivalente a unos $120 millones al público— y aplica una alícuota del 18%. Se trata de una carga que las terminales y concesionarias vienen reclamando desde hace años, ya que consideran que distorsiona el mercado y empuja hacia arriba los precios finales de modelos que, sin ese recargo, podrían competir con mayor fluidez. Desde principio de año, el Gobierno había eliminado la primera escala del impuesto, pero la segunda —la más relevante— continuaba vigente y fue actualizada en noviembre. Su eliminación total implicaría una reducción de precios estimada entre el 15% y el 20%.

Ese potencial alivio fiscal es, paradójicamente, el que complicó el panorama en estos días. Al conocerse la propuesta oficial, compradores de autos premium comenzaron a postergar decisiones ante la expectativa de una reducción inminente de precios. Concesionarias de marcas como Mercedes-Benz, Audi y BMW reconocieron que la simple posibilidad de la medida paralizó operaciones. “La gente prefiere esperar. Nosotros intentamos cerrar ventas con el compromiso de aplicar la rebaja si el cambio se aprueba”, explicaron desde una agencia de Mercedes-Benz. En Audi, la reacción fue similar: “Se frenó todo. Los clientes preguntan por la baja y no quieren concretar ahora”.

El fenómeno no se limita a los segmentos más altos. En agencias generalistas admiten que se generó un “efecto cascada” de expectativas, con consumidores que suponen un ajuste de precios también en modelos de menor valor. Desde una concesionaria Ford señalaron que existe “mucha confusión” y que parte del público cree que la eliminación del impuesto afectará a la totalidad de los autos, algo que no es correcto. Sin embargo, ese malentendido alcanza para postergar compras en un mercado que ya venía golpeado por la caída de demanda.

Gerentes de marcas como Chevrolet advierten que la medida debería resolverse cuanto antes: “El mercado está duro como para perder operaciones por especulación. Cada día que pasa se frenan ventas que quizás no se recuperen”. Esta tensión se produce en un contexto de retracción general y con concesionarias que ven erosionarse sus márgenes mientras esperan definiciones legislativas.

Otro punto en discusión es el impacto que tendría la eliminación del impuesto sobre el stock existente. Muchas unidades importadas ya tributaron el gravamen y quedaron con un precio final inflado. En el sector señalan que habrá dos caminos posibles: absorber la pérdida y ajustar los valores, o intentar sostener precios más altos con descuentos parciales, dependiendo de la competencia y del ritmo al que ingresen vehículos bajo el nuevo esquema. Distinta es la situación de los autos que están en puertos o en tránsito, que aún no fueron nacionalizados y podrían beneficiarse directamente si la medida se aprueba antes de su ingreso formal al país.

El impuesto en cuestión tiene una larga historia de idas y vueltas. Fue endurecido durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, alcanzó niveles récord en 2014, tuvo una atenuación limitada bajo el gobierno de Mauricio Macri y volvió a ganar peso con Alberto Fernández. Además, en los últimos años se modificó su forma de cálculo, pasando de indexarse por inflación general a hacerlo sobre precios mayoristas, lo que amplió su alcance. La administración de Javier Milei retomó el planteo de eliminarlo, en línea con su programa de desregulación económica.

La discusión ahora pasa por el Congreso, donde el oficialismo buscará aprobarla dentro del paquete de reforma laboral. Mientras tanto, la industria atraviesa un limbo: un anuncio que entusiasma al sector, pero que, en el corto plazo, provocó un congelamiento comercial. La expectativa es que una definición rápida permita reactivar la demanda y dar previsibilidad a un mercado que continúa operando bajo presión.