Un proyecto para blindar el equilibrio fiscal tensiona la relación Nación–provincias

• El Gobierno presentó un proyecto que prohíbe aprobar presupuestos con déficit.
• Se crea un mecanismo automático de ajuste si caen los recursos o sube el gasto.
• Funcionarios que amplíen gasto sin financiamiento podrán enfrentar penas de prisión.
• Las provincias no podrán endeudarse si tienen déficit o si su riesgo supera al de la Nación.
• El conflicto entre Caputo y Kicillof por el endeudamiento bonaerense quedó en el centro de la discusión.
• El oficialismo busca blindar el equilibrio fiscal antes del debate del Presupuesto 2026.

En la antesala del debate por el Presupuesto 2026 y con el Consejo de Mayo como telón de fondo, el Gobierno profundizó su estrategia de disciplina fiscal a través de un proyecto que promete reconfigurar el vínculo con las provincias. La iniciativa, presentada como Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, marca un endurecimiento explícito de las reglas sobre endeudamiento, déficit y manejo del gasto público en los tres niveles del Estado.

El texto, explicado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, trasciende el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal y apunta a convertirlo en un mandato legal ineludible. Según la propuesta, no podrá aprobarse ningún Presupuesto Nacional que proyecte déficit financiero. Además, ante cualquier desvío durante el año —ya sea por caída de la recaudación o aumento del gasto— el jefe de Gabinete deberá activar un mecanismo automático de corrección respaldado en un informe de Sustentabilidad Fiscal. La lógica es clara: quitar margen de maniobra política y garantizar que el gasto se ajuste sin demoras.

El proyecto también avanza en un terreno políticamente sensible: las modificaciones al Código Penal. Funcionarios que incurran en expansión del gasto sin financiamiento podrían enfrentar penas de uno a seis años de prisión, mientras que quienes ordenen emisión monetaria sin respaldo quedarían expuestos a condenas de hasta diez años. Se trata de un cambio drástico, que busca instalar la responsabilidad fiscal como obligación legal y no como compromiso político eventual.

En paralelo, el Gobierno apuntó directamente al manejo de la deuda provincial. La propuesta prohíbe que los distritos con déficit primario tomen nueva deuda, y establece límites adicionales según el riesgo crediticio relativo frente a la Nación. La movida no es casual: llega en medio del conflicto entre Luis Caputo y Axel Kicillof por la autorización del endeudamiento que la Legislatura bonaerense aprobó para 2026. El ministro sostiene que la provincia incumple normas vigentes y amenaza con autorizar solo la parte destinada al refinanciamiento de vencimientos. Kicillof, por su parte, reclama una resolución rápida y advierte que la falta de obras nacionales terminó cargando a la provincia con gastos no previstos.

La tensión crece en un contexto en el que varias jurisdicciones aprovecharon la mejora financiera global para emitir deuda en dólares. Córdoba, CABA, Santa Fe y otras provincias lograron colocaciones por más de u$s4.000 millones en noviembre, todas autorizadas por la Nación. La única excepción es Buenos Aires, cuya situación permanece trabada. Para el Gobierno, este dinamismo subraya la necesidad de reglas más estrictas; para las provincias, evidencia la necesidad de acceder a financiamiento para sostener obras que la Nación ya no ejecuta.

El Consejo de Mayo justificó la iniciativa con un repaso histórico contundente: en los últimos 63 años, Argentina solo logró superávit primario en 16 ejercicios y equilibrio financiero —incluyendo intereses— en apenas nueve. La persistencia del déficit, señalan, explica buena parte de las crisis inflacionarias y de deuda. Desde esa mirada, el equilibrio fiscal no es solo una meta coyuntural sino una condición estructural para la estabilidad futura.

Con el Congreso pronto a iniciar el tratamiento del Presupuesto 2026, la Casa Rosada busca acelerar la discusión y blindar jurídicamente su programa económico. La ley propuesta emerge como una de las piezas centrales de la agenda parlamentaria. De aprobarse, redefiniría el esquema fiscal de la Nación y las provincias, imponiendo un nuevo marco de responsabilidad que promete ampliar el margen de acción del Gobierno, pero también multiplicar los puntos de fricción con los gobernadores en un año políticamente decisivo.