Hugo Moyano, en la mira: el Gobierno incorpora la recolección de residuos a los servicios esenciales

• El Gobierno incorporó la recolección de residuos a los servicios esenciales, obligados a garantizar un 75% de prestación durante una huelga.
• La medida apunta directamente al poder de Camioneros y condiciona la capacidad de presión de Hugo Moyano.
• El proyecto retoma disposiciones de normas previas frenadas por la Justicia, como el DNU 70 y el decreto 340.
• Se endurece el régimen contra los bloqueos sindicales, ampliando la responsabilidad de las conducciones gremiales.
• La Ley Bases ya había calificado los bloqueos como “injuria grave”; la reforma profundiza esa línea.
• La CGT advierte que el debate será conflictivo y ve en este avance un golpe al sindicalismo tradicional.

La confirmación de las últimas modificaciones en la reforma laboral volvió a tensar los vínculos entre el Gobierno y el Sindicato de Camioneros. A último momento, el Ejecutivo decidió incluir el servicio de recolección de residuos dentro del listado de actividades consideradas esenciales, obligadas a garantizar un 75% de su prestación normal en caso de huelga. El agregado no solo altera el equilibrio de fuerzas en un sector históricamente dominado por Camioneros, sino que además coloca a Hugo Moyano en el centro de una disputa que promete repercusiones políticas, sindicales y judiciales.

El cambio aparece en la versión final del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso. Se trata de una reafirmación legislativa del espíritu que ya había intentado imponerse mediante el DNU 70 y el decreto 340, ambos frenados por la Justicia. El corazón de la propuesta fija un esquema rígido de servicios mínimos para actividades esenciales —75%— y para las denominadas de importancia trascendental —50%—, modificando los criterios más flexibles que establecía la Ley 25.877. Con esta actualización, el Ejecutivo apunta a garantizar la continuidad de sectores que considera críticos, incluso en medio de conflictos gremiales.

El listado de servicios esenciales es amplio: abarca desde el sistema sanitario y hospitalario hasta la producción y distribución de combustibles, energía eléctrica y agua potable. También incluye telecomunicaciones, internet, comunicaciones satelitales, aeronáutica comercial, servicios portuarios, controles aduaneros y migratorios, educación inicial y obligatoria, así como el transporte marítimo y fluvial. En ese conjunto, la novedad decisiva es la incorporación de la recolección de residuos, una actividad cuya ausencia en versiones previas del proyecto siempre resultó llamativa, dada su relevancia cotidiana y su fragilidad sanitaria.

La acumulación de basura en las calles durante paros prolongados se ha convertido, a lo largo de los años, en una herramienta de presión eficaz para Camioneros. Esa capacidad de impacto directo en la vida urbana es justamente lo que el Gobierno busca limitar. Con la nueva clasificación, si el proyecto se aprueba sin cambios, el gremio no podrá paralizar completamente el servicio y deberá sostener al menos tres cuartas partes de la actividad, lo que reduce significativamente el efecto de cualquier medida de fuerza.

El capítulo de complicaciones para Moyano, sin embargo, no termina ahí. La reforma introduce una ampliación clave en el régimen sancionatorio contra los bloqueos sindicales a empresas, una práctica que ganó notoriedad —y controversia— durante los años de mayor protagonismo de Pablo Moyano. El proyecto define como infracción muy grave “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”, ampliando sustancialmente la responsabilidad gremial. Ya no solo se apunta a quienes ejecutan el bloqueo, sino también a quienes lo impulsan, lo avalan o lo organizan desde la conducción.

Este endurecimiento complementa lo que estableció la Ley Bases, que calificó los bloqueos como “injuria grave” y habilitó el despido justificado de los trabajadores involucrados. Ahora, con la incorporación de sanciones a las cúpulas sindicales, el Ejecutivo busca desincentivar una modalidad de protesta que considera extorsiva y que durante años fue un arma estratégica en el repertorio de Camioneros.

En la CGT observan el panorama con creciente inquietud. Si bien la central obrera consiguió algunas concesiones en la negociación del texto final, el capítulo sobre servicios mínimos y el refuerzo de las penalidades para los bloqueos constituyen un punto de ruptura. La inclusión de la recolección de residuos, en particular, es interpretada como un movimiento directo contra el poder de Hugo Moyano, figura histórica del sindicalismo argentino cuyo peso trasciende lo meramente gremial.

Para el Gobierno, en cambio, se trata de consolidar reglas claras y reducir el margen de acción de prácticas que considera abusivas. La reforma laboral, que ya prometía un debate intenso, ingresa al Congreso con un componente explosivo: un cambio que afecta de lleno a uno de los gremios más poderosos del país y a su líder más emblemático.