Una reforma fiscal que busca apuntalar la inversión y destrabar el clima económico

• Reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades desde 2026.
• Exenciones para alquileres destinados a vivienda y venta de inmuebles por personas físicas.
• Eliminación de impuestos internos para electrónicos, automotores y bienes de lujo.
• Beneficios impositivos para inversores financieros, salvo para criptomonedas.
• Actualización por inflación de quebrantos y amortización acelerada para empresas.
• Creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones con beneficios fiscales y límites diferenciados.

El Gobierno ultima los detalles del nuevo proyecto de Reforma Laboral, cuyo capítulo fiscal se convirtió en uno de los pilares centrales de la negociación con el sector privado y de la estrategia para reactivar la economía. El borrador, circulado entre cámaras empresarias y funcionarios, incorpora una serie de cambios impositivos que buscan aliviar la carga tributaria, favorecer la inversión y corregir distorsiones que, según la visión oficial, frenaban la actividad productiva y el ingreso de capitales.

El corazón del esquema está en la modificación del Impuesto a las Ganancias para sociedades, una deuda reclamada hace años por los distintos sectores económicos. A partir de 2026, las empresas tributarán bajo nuevas escalas: la alícuota del 30% descenderá al 27%, y la del 35% lo hará al 31,5%. La medida apunta a dar previsibilidad en la planificación de inversiones y, en paralelo, reforzar el mensaje político de que la reforma laboral viene acompañada por un entorno más amigable para quienes apuestan al país. En su ronda de conversaciones con ejecutivos y multinacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que la reducción de Ganancias será clave para destrabar nuevos proyectos.

Otra pata relevante del proyecto se encuentra en el mercado inmobiliario. El texto propone eximir del pago de Ganancias los alquileres destinados a vivienda única, un sector donde —según argumenta el Gobierno— predominan operaciones informales. A esto se suma una exención más amplia: desde el 1 de enero de 2026, la venta de inmuebles por parte de personas físicas quedará completamente fuera del alcance del impuesto. Con estas medidas, la administración busca dinamizar un mercado que viene mostrando niveles bajos de actividad y restricciones de acceso tanto para inquilinos como para propietarios.

El proyecto también introduce un fuerte giro en los impuestos internos. Se elimina la carga impositiva que alcanzaba a productos electrónicos, bienes de lujo y automotores, además de seguros, espectáculos cinematográficos, videogramas grabados, telefonía celular y servicios audiovisuales. Aunque la iniciativa no detalla el impacto sobre fabricantes y comercializadores, apunta a reducir costos y simplificar un esquema tributario históricamente señalado como complejo y regresivo.

En el capítulo financiero, el Gobierno propone un paquete de estímulos para inversores. La compraventa de activos como bonos, acciones, fondos comunes y Cedear quedará exenta de Ganancias, tanto para operaciones en mercados autorizados como para activos que no cotizan. Las únicas excepciones serán las criptomonedas y activos digitales, que seguirán alcanzados por el impuesto. La eliminación de los impuestos cedulares —tanto para la renta financiera como para la enajenación de inmuebles— completa un paquete que busca atraer capitales y promover el movimiento en los mercados locales.

Dentro del sector productivo, la reforma incluye alivios específicos. El agro recibirá una exención de IVA para la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego, un punto sensible en el equilibrio de costos del sector. Además, se incorpora la posibilidad de actualizar por inflación las pérdidas fiscales desde 2025, un reclamo extendido entre empresas que veían erosionado su capital contable por el proceso inflacionario. El régimen también habilita amortización acelerada de bienes de uso, permitiendo deducir inversiones en plazos significativamente más cortos.

Uno de los elementos novedosos es la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que busca atraer tanto capital nacional como extranjero. El programa establece mínimos de inversión que van desde US$ 150.000 para microempresas hasta US$ 30 millones para grandes compañías, e incluye beneficios como devolución anticipada de IVA y amortización acelerada. Solo serán admitidos proyectos productivos —no financieros— y empresas sin deudas o antecedentes tributarios.

Por último, el proyecto incorpora ajustes técnicos, entre ellos cambios en la valuación de hacienda para el sector agropecuario, un reclamo que venía siendo discutido por entidades rurales. En conjunto, el paquete fiscal aparece como una pieza clave de la estrategia para garantizar apoyo legislativo y acompañar la reforma laboral con señales concretas hacia el sector privado.