El banco de horas extra, eje del nuevo debate laboral que impulsa el Gobierno

• El proyecto laboral incorpora el “banco de horas extra” como mecanismo central de reorganización de la jornada.
• El acuerdo será voluntario, por escrito y sin superar las 48 horas semanales ni las 9 diarias.
• Convenios colectivos podrán definir métodos de cálculo y controles para registrar horas.
• El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral y redefine el cálculo de indemnizaciones.
• Se amplía a seis meses el período de prueba sin derecho a indemnización.
• El debate legislativo enfrentará al Gobierno con sindicatos y sectores opositores.

El envío del proyecto de reforma laboral al Congreso volvió a instalar en la agenda un debate que divide posiciones desde hace años: cómo modernizar las regulaciones del trabajo sin avanzar sobre derechos básicos. Esta semana, la Casa Rosada formalizó el texto que incluye, entre sus puntos principales, la incorporación del “banco de horas extra”, un mecanismo utilizado en distintos países y que busca flexibilizar la organización de la jornada sin modificar el máximo legal permitido.

El presidente Javier Milei firmó el proyecto para que sea tratado durante las sesiones extraordinarias, con la intención de que el paquete de reformas pueda avanzar antes de fin de año. Con esta presentación, el Ejecutivo acelera una agenda que combina cambios en la estructura laboral, reducción de cargas patronales y nuevas fórmulas de indemnización. En ese esquema, el banco de horas aparece como la herramienta llamada a tener impacto inmediato en la dinámica cotidiana de empresas y trabajadores.

El mecanismo habilita a empleador y trabajador a acordar por escrito un sistema voluntario de compensación de horas, permitiendo que una jornada larga se equilibre con otra más breve sin alterar el máximo semanal. Los convenios colectivos podrán fijar sus propios métodos de cálculo, siempre respetando descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y de 35 horas continuas semanales. La idea central es ordenar los picos de actividad sin incurrir necesariamente en horas extras pagadas, aunque dentro de los límites legales vigentes.

El proyecto ratifica que no habrá cambios en el tope permitido: la jornada sigue limitada a 8 horas diarias y 48 semanales, con la posibilidad de distribuirlas de manera desigual siempre que ninguna jornada supere las 9 horas. El banco de horas, previsto en el artículo 198, se define como un instrumento de uso interno, que requiere mecanismos de control para registrar las horas efectivamente trabajadas y las disponibles para compensación.

Sin embargo, el banco de horas es solo una pieza dentro de un paquete más amplio de reformas que el oficialismo busca aprobar. Uno de los puntos más sensibles es la redefinición del sistema de indemnizaciones por despido. El texto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte del 3% del salario del trabajador, que funcionaría como un fondo de garantía para cubrir las indemnizaciones. Además, se modifica el modo de cálculo excluyendo conceptos como aguinaldo, vacaciones, propinas y premios, lo cual reduciría el monto total. También se habilita la posibilidad de pagar en cuotas el resarcimiento.

Otro aspecto clave es la ampliación del período de prueba. El proyecto establece que los contratos por tiempo indeterminado tendrán seis meses bajo esta modalidad, durante los cuales cualquiera de las partes puede extinguir la relación sin derecho a indemnización. El límite para evitar abusos es que el empleador no podrá aplicar este período más de una vez con la misma persona.

Para el Gobierno, estas modificaciones constituyen un intento de adaptar la legislación a las demandas actuales del mercado laboral y reducir los incentivos a la informalidad. Para los sindicatos, en cambio, significan una flexibilización que debilita derechos históricos y recorta la protección de los trabajadores frente al despido.

El banco de horas, no obstante, aparece como el punto de menor confrontación dentro de un proyecto que promete un debate áspero en el Congreso. Su implementación ya existe en numerosos convenios sectoriales, pero su formalización en la ley abre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre flexibilidad y garantías laborales.

Mientras el Ejecutivo busca aprobar la reforma antes de fin de año, el Congreso será el escenario donde se miden fuerzas, argumentos y resistencias. Lo que se discute, en el fondo, es cómo organizar el trabajo en una economía que reclama cambios urgentes, sin debilitar los cimientos que protegen a quienes dependen de él.