Escándalo en la ANDIS: el Gobierno acelera auditoría y busca contener la crisis

• Escándalo en la ANDIS: se filtraron audios de Diego Spagnuolo describiendo un presunto circuito de coimas con proveedores de medicamentos.
• Reacción oficial: el Gobierno instruyó al interventor Alejandro Vilches a realizar una auditoría integral y descartó, por ahora, presentar una denuncia.
• Francos en defensa: el jefe de Gabinete dio una extensa entrevista donde relativizó los audios y aseguró que están editados y tienen más de un año.
• Funcionarios cuestionados: además de Spagnuolo, está bajo sospecha Danel Garbellini, criticado por mala gestión y actitudes discriminatorias.
• Allanamientos clave: se secuestraron 266 mil dólares al empresario Emmanuel Kovalivker, vinculado a Suizo Argentina, y se hallaron cajas fuertes vacías en la casa de su hermano Jonathan.
• Clima político: en la Casa Rosada sospechan de una operación, pero apuestan a que la auditoría sobre contratos y licitaciones esclarezca responsabilidades.

A muy pocos días de la difusión de los explosivos audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional comenzó a delinear una estrategia de control de daños frente a un escándalo que amenaza con derivar en una crisis política de final abierto. En esas grabaciones, realizadas en secreto y difundidas con precisión quirúrgica, Spagnuolo describía un supuesto circuito de coimas en el organismo encargado de asistir a las personas con discapacidad, en medio de negociados con proveedores de medicamentos.

La Casa Rosada instruyó al interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos y resoluciones del organismo. Por ahora, se descartó la idea de presentar una denuncia judicial inmediata, mientras los funcionarios ensayan explicaciones públicas para atenuar el impacto de una trama que golpea en el corazón del discurso anticorrupción con el que Javier Milei llegó al poder en diciembre de 2023.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar el primer paso. En una extensa entrevista radial, expuso los argumentos oficiales: los audios tendrían al menos un año de antigüedad, fueron editados y carecen de sustento probatorio. Según la versión gubernamental, Spagnuolo habría exagerado o inventado datos para impresionar a un interlocutor aún desconocido. Sin embargo, el propio Francos admitió que el contenido obliga a revisar a fondo lo ocurrido durante la gestión de un funcionario que nunca terminó de ganarse la confianza plena en el círculo de poder presidencial.

El caso arrastra además a otro ex directivo de la agencia, Danel Garbellini, que había sido eyectado tras múltiples cuestionamientos. Bajo su mando se depuraron apenas 120 mil pensiones de un universo de 1,2 millones, se produjo un resonante destrato al activista Ian Moche, y se difundió una resolución administrativa con términos ofensivos hacia las personas con discapacidad. La suma de ineficiencias, errores y ahora las denuncias de corrupción configuran un cuadro explosivo.

“Veremos qué ocurre con la auditoría. No se va a ocultar nada y, si aparece algo turbio, lo vamos a hacer mierda”, señaló una fuente oficial a Infobae, en línea con la idea de que el Ejecutivo necesita mostrar reacción y firmeza. Nadie en el Gobierno cree que Spagnuolo le haya transmitido al propio Milei una sospecha sobre supuesta protección política a este esquema, algo que de haberse comprobado habría significado su salida inmediata del círculo presidencial.

Las sospechas se intensifican a partir de los allanamientos de la semana pasada, que derivaron en la incautación de 266 mil dólares en efectivo al empresario Emmanuel Kovalivker, vinculado a la droguería Suizo Argentina, proveedora del Estado. El hallazgo de dinero fraccionado junto a su pasaporte despertó versiones de un intento de fuga. En otro procedimiento, en la casa de su hermano Jonathan, se encontraron tres cajas fuertes, una de ellas abierta y vacía, con restos de bandas elásticas. La hipótesis de que logró escapar antes del operativo tomó fuerza en los despachos judiciales.

Mientras tanto, el interventor Vilches encabezó este viernes una revisión exhaustiva de documentación en la sede de la calle Ramsay. Fuentes oficiales confían en que el personal de planta colaborará para exponer posibles irregularidades, dado el mal recuerdo que dejó la gestión anterior. La prioridad inmediata es verificar la autenticidad de los audios y determinar si los hechos narrados ocurrieron.

En paralelo, en Balcarce 50 llaman la atención las coincidencias temporales. Los audios aparecieron justo antes del debate legislativo sobre la nueva ley de discapacidad. El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, presentó la denuncia y, en menos de 24 horas, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi activaron allanamientos, secuestraron dinero, teléfonos y documentación. “Celebramos la celeridad, pero es raro”, deslizó un funcionario con evidente suspicacia.

El Gobierno busca transmitir que no habrá encubrimiento. Pero puertas adentro saben que el impacto político es profundo: los audios ponen bajo sospecha la administración de recursos destinados a un sector extremadamente sensible de la sociedad. Y, sobre todo, cuestionan la promesa central de Milei de terminar con la “casta” y la corrupción sistémica. La auditoría se convirtió, así, en una carrera contrarreloj para evitar que la crisis derive en una herida institucional de consecuencias imprevisibles.