El Gobierno evalúa un alivio para discapacidad si Diputados respalda el veto presidencial

• En una semana comienza formalmente la campaña electoral y el Congreso tratará la ratificación de los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia en Discapacidad y aumento de jubilaciones.
• La oposición logró convocar a sesión, pero para rechazar los vetos necesita una mayoría especial de dos tercios, algo difícil de alcanzar.
• El Gobierno prefiere sostener los vetos para evitar desequilibrios fiscales y preservar la confianza de los mercados.
• Como compensación, la Casa Rosada analiza una medida paliativa en materia de discapacidad, más económica que un aumento previsional.
• Las jubilaciones mínimas continúan en caída real y el bono extra permanece congelado en $70.000 desde el inicio de la gestión Milei.
• La votación del miércoles será un test político clave en la previa electoral y marcará el tono de la campaña.

En apenas una semana comenzará formalmente la campaña para las elecciones generales, aunque en los hechos el clima electoral ya domina la agenda política. La Casa Rosada enfrenta esta semana un desafío crucial: la Cámara de Diputados pondrá a consideración la ratificación o no de los vetos presidenciales sobre dos leyes sensibles, la de Emergencia en Discapacidad y la de incremento de las jubilaciones. El resultado no solo impactará en las cuentas fiscales, sino también en el tablero político y en la confianza de los mercados a pocos días del inicio de la campaña.

La sesión fue pedida por distintos bloques opositores —Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia por Siempre, la Coalición Cívica y la Izquierda— y se celebrará este miércoles, con un temario que incluye nueve proyectos acordados en la reunión de Labor Parlamentaria. Entre ellos, los dos vetos de Javier Milei concentran la mayor atención.

El oficialismo y la oposición coinciden en un punto: el escenario es incierto. Hasta el cierre de esta nota, ninguna de las partes arriesgaba números concretos sobre los votos. Lo que sí está claro es que el Gobierno prefiere ratificar los vetos, aun a costa de pagar un costo político. La razón es fiscal: de caerse, las iniciativas obligarían al Estado a desembolsar fondos que pondrían en riesgo la frágil ingeniería presupuestaria de la administración libertaria. Además, romperían con el escudo de vetos que Milei logró sostener desde su llegada al poder, lo que sería leído como un signo de debilidad.

En paralelo, la Casa Rosada busca amortiguar el impacto político. Según pudo saber Infobae, el Ejecutivo evalúa una medida paliativa en materia de discapacidad que funcione como compensación. “No va a ser un monto que mueva demasiado el amperímetro, pero hay conversaciones al respecto”, confió una fuente cercana al Gobierno. Otro funcionario admitió que se trabaja en la idea de una leve actualización del nomenclador de prestaciones, mecanismo que resultaría mucho más barato que un incremento en las jubilaciones. La decisión final, sin embargo, se anunciaría recién después de la votación en Diputados.

En el terreno previsional, en cambio, las señales son más difusas. Las jubilaciones mínimas se mantienen en terreno negativo: en términos reales, están un 4,4% por debajo de noviembre de 2023 y 1,6% por debajo de agosto de 2024, mientras que el bono extraordinario permanece congelado en 70.000 pesos desde el inicio de la gestión Milei. La oposición insiste en que el Gobierno debe atender a estos sectores, pero el oficialismo argumenta que no hay margen presupuestario.

La clave de la sesión estará en el número. Los bloques opositores que convocaron al debate pueden reunir quórum, pero para insistir con una ley vetada necesitan una mayoría especial de dos tercios. A casi dos años de iniciado el gobierno libertario, Milei logró sostener todos sus vetos en el Congreso, y por ahora ese blindaje parece mantenerse. Una fuente opositora que firmó la convocatoria lo reconoció con crudeza: “Lo más probable es que no tengamos los votos. Pero haremos el esfuerzo, porque hay mucha presión de los colectivos de discapacitados”.

Desde el oficialismo, la estrategia es clara: garantizar los votos para sostener el veto y, luego, habilitar una medida complementaria que permita mostrar sensibilidad en un tema tan delicado. “Al menos una persona de cada bloque pidió una medida alternativa para conversar el tema. En Discapacidad es unánime”, señalaron en La Libertad Avanza.

La tensión también alcanza al plano político-electoral. Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, fue tajante al salir de una reunión en Casa Rosada: “Acá no se trata de dónde hay necesidades, sino de cómo tenés recursos para cubrirlas sin agujerear el Presupuesto. Lo que está haciendo la oposición es buscar perjudicar al Gobierno, no beneficiar a jubilados o personas con discapacidad”.

Mientras tanto, el Ejecutivo avanza con políticas de recorte. Este medio reveló que el Gobierno licitó 720.000 cartas documento para notificar suspensiones de pensiones por invalidez laboral. Se espera que las bajas sean mucho menores, pero el ahorro proyectado, en caso de darse de baja 200.000 aportes, rondaría los 45.000 millones de pesos. La Nación adelantó que el plan de mediano plazo es reasignar esos fondos para actualizar prestaciones, aunque esa estrategia aún no tiene aplicación inmediata.

El miércoles será, entonces, una prueba de fuerza para Milei. No solo porque está en juego la ratificación de sus vetos, sino porque el desenlace marcará el tono de una campaña electoral que arranca bajo la sombra de la tensión fiscal, las demandas sociales y la necesidad de mantener el respaldo de los mercados.