Villarruel acelera el retiro voluntario en el Senado en medio de polémicas designaciones

• Victoria Villarruel impulsa en el Senado un plan de retiro voluntario para personal cercano a la edad jubilatoria, replicando una medida de la gestión Michetti.
• El régimen incluye personal permanente y temporario con más de dos años de antigüedad; ofrece un pago equivalente a un salario bruto mensual más 10% adicional, con actualización por paritarias.
• Un primer correo de Recursos Humanos generó polémica al advertir que no se garantizaba la permanencia si no se adhería; luego se envió otro mensaje aclarando que se trataba de una “mala expresión”.
• Villarruel firmó decretos de recategorización sin publicar nombres ni legajos, alegando confidencialidad, lo que alimenta críticas por falta de transparencia.
• Se estima que ya se redujo un 13% la planta de personal y el objetivo es llegar al 25%, condicionado a la aprobación de fondos por Economía.
• En paralelo, la vicepresidenta mantiene numerosas designaciones para cumplir compromisos políticos de campaña, incluidas estructuras conocidas como “raviolones”.
• El proceso combina recortes y nombramientos estratégicos, generando acusaciones de opacidad en un Senado con historial de hermetismo administrativo.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, avanza con un paquete de medidas que agita las aguas en la Cámara alta: la incorporación de nuevos asesores —varios de ellos en cargos sensibles— y el impulso a un régimen de retiro voluntario que ya generó tensión interna y, al menos, un traspié comunicacional.

El jueves pasado, un correo electrónico enviado por la Dirección de Recursos Humanos sorprendió a más de un empleado. Con una redacción amable pero tajante, el mensaje advertía: “En caso de no adherir al mismo, no podemos garantizarle la permanencia en su puesto actual”. La “oportunidad” en cuestión es un retiro previo a la jubilación para personal de planta permanente o temporaria con hasta cinco años para alcanzar la edad mínima jubilatoria (65 años en hombres, 60 en mujeres), siempre que cumplan con los años de aportes requeridos.

La medida replica una iniciativa aplicada durante la gestión de Gabriela Michetti y fue formalizada mediante el decreto presidencial 362/25. Uno de los puntos más llamativos: permite que personal temporario con más de dos años de antigüedad y vinculado a estructuras orgánicas estables pueda sumarse al programa, ampliando así la base de potenciales beneficiarios.

El incentivo económico incluye el pago de una remuneración bruta mensual, más un adicional del 10%, con actualizaciones según las paritarias. Sin embargo, el tono del correo encendió alarmas en varios despachos, sobre todo entre quienes no cumplen los requisitos para acceder.

El viernes al mediodía, un segundo email buscó desactivar la polémica. En él, Recursos Humanos atribuyó a una “posible mala expresión” la advertencia inicial y aclaró que la mención a la “movilidad en los cargos” aludía a cambios habituales y no a sanciones contra quienes rechacen el retiro. Se pidió explícitamente “descartar el correo anterior”.

Mientras tanto, Villarruel continúa con otras decisiones administrativas que reavivan críticas sobre la transparencia en el Senado. La vicepresidenta firmó decretos de recategorización sin anexos que detallen nombres o legajos, argumentando razones de “confidencialidad”. Sin embargo, en el sitio oficial existen resoluciones similares —con datos completos— cuando se trata de uno o dos casos. La diferencia, sostienen las críticas, es que en esta oportunidad se trata de designaciones masivas.

No es la primera vez que ocurre algo así. El 20 de julio, dos decretos con recategorizaciones fueron publicados y luego retirados del portal oficial. Posteriormente, reaparecieron, pero sin la información sobre el personal involucrado, entre quienes figurarían la directora de Recursos Humanos, Alejandra Laura Figini, y su allegada Carola María Yacon, recientemente ascendida a la categoría más alta del Senado (A-1).

Fuentes internas describen un proceso de “limpieza” que ya habría alcanzado al 13% del personal desde el inicio de la gestión, con la meta de llegar al 25%. El objetivo, según las mismas voces, es concretar un retiro voluntario con pago inmediato, “taca taca y adiós”, al estilo de los aplicados en los años 90 bajo la presidencia de Carlos Menem. Para ello, Villarruel necesitará que el Ministerio de Economía libere los fondos necesarios.

En paralelo, la vicepresidenta mantiene un ritmo elevado de nombramientos para cubrir compromisos políticos asumidos durante la campaña electoral de 2023. En la jerga legislativa, proliferan los llamados “raviolones”: estructuras creadas para ubicar asesores o funcionarios afines.

La combinación de recortes selectivos y designaciones estratégicas configura un cuadro de fuerte reordenamiento interno en la Cámara alta. Con un ojo en la reducción de la planta y otro en la consolidación de su equipo, Villarruel camina sobre una delgada línea entre la promesa de austeridad y las acusaciones de opacidad.

En un Senado históricamente señalado por su hermetismo administrativo, los movimientos actuales no han hecho más que reforzar esa imagen. Las próximas semanas serán clave para definir si el retiro voluntario se convierte en una herramienta efectiva para el redimensionamiento del cuerpo o si, como temen algunos, será recordado como un episodio más en la larga lista de controversias que envuelven a la gestión de Villarruel.