Arrancó el “operativo demolición” de Cristina Kirchner contra los jueces que investigan la corrupción

OPINIÓN Por Nicolás Wiñazki
La vicepresidenta consiguió sumar al Presidente a su ofensiva. La estrategia incluye pedidos de juicio político, remociones y denuncias
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Los jueces que investigan los delitos federales como los de corrupción, narcotráfico o lavado de dinero son parte de una conspiración antidemocrática y tienen un jefe político al que obedecen para perjudicar a sus rivales. Los fiscales federales también. La Cámara Federal de Apelaciones está integrada por magistrados que ocuparon esos cargos de modo irregular, todo por orden del mismo líder complotador. 

La Cámara de Casación Penal Federal, el máximo Tribunal del país, está integrada por jueces insurrectos que siguen el mismo plan sedicioso que el resto de sus colegas. Los tribunales orales y federales, que también juzgan crímenes complejos, son funcionales a ese plan oscuro.

El objetivo es perseguir y encarcelar a funcionarios, y ex funcionarios, inocentes de todas las acusaciones, y que además fueron electos por el voto popular. Dicen ser víctimas debido a la lucha que desde el poder afectó intereses de sus perseguidores.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación está conformada por juristas patéticos. Han decidido violar nada más ni nada menos que la Constitución Nacional. Siempre en favor del jefe del plan pérfido y miserable sostenido, al mismo tiempo sostenido por cómplices inaceptables. Son los medios de comunicación, que no tienen matrículas para accionar en la Justicia. Solo informan los avatares tribunalicios de todos los afectados multipartidarios, y de criminales diversos acusados de acechar una sociedad, con métodos aberrantes y múltiples.

Es lo que piensa y dicen en público la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, sus voceros y abogados defensores.

Así lo hizo en cartas firmadas por ella misma. En declaraciones que ratificó y masificó en redes sociales. Y en los medios de prensa (no los que son cómplices de la conspiración en su contra, otros). También profundizaron esos argumentos sus abogados en escritos jurídicos que tramitan, sobre todo, en la Corte Suprema.

Son argumentos que ahora repiten, con matices variables, el Presidente de la República, Alberto Fernández. Y la propia ministra de Justicia nacional, Marcela Losardo.

Si la vice Fernández tuviera razón en sus generalizaciones, no hay entonces instancia u organismo judicial en la Argentina que no esté contaminada y no actúe con y métodos intereses ilegales.

La crisis institucional generada por una confrontación constante entre el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial alcanzó límites jamás sucedidos desde los tiempos en el que país sufrió la suspensión de su Estado de Derecho.

Arrancó el "operativo demolición" de Cristina Fernández contra los jueces. Fiscales. De Instrucción. De los tribunales de alzada. Y de la Corte Suprema.

De las palabras se pasa a hechos.

Desde el Senado de la Nación, Fernández impulsó primero una rebaja en las jubilaciones de los judiciales. Después logró sancionar la remoción de dos camaristas federales. Y de un juez de un tribunal oral que debe juzgarla en un caso por corrupción.

Por orden de la vice, el Senado evita hace un año iniciar las audiencias públicas para nombrar al procurador general de la Nación. Es el jefe de los fiscales federales.

El cargo está ocupado por el procurador interino Eduardo Casal, a su vez, denunciado en el Congreso K. Se insiste, desde bancas del bloque oficialista, en que debe dejar su cargo.

La Cámara alta votó una media sanción para reformar de modo revolucionario al Poder Judicial que investiga al poder político. En Diputados el proyecto se trabó.

La vicepresidenta impulsa una ampliación de los jueces de la Corte Suprema.

Una comisión de legisladores, en paralelo, inició una pesquisa en el Congreso sobre camaristas federales y magistrados de la Corte: se los acusa de haber usado de modo delictual al organismo que interviene teléfonos y comunicaciones por orden de jueces y fiscales.

El "operativo demolición" de los jueces llegó a un punto de tensión total después de que la Cámara de Casación Penal Federal decidiera, por dos votos contra uno en disidencia, cambiar la jurisdicción de los juzgados y fiscales que deben investigar causas conexas de supuesto espionaje ilegal de la gestión presidencial de Mauricio Macri contra ex funcionarios K, en especial, y contra la propia ex presidenta y hoy vice, Fernández.

La sala IV de Casación Penal determinó que esos casos deben ser impulsados en un juzgado federal y una fiscalía de los tribunales de Comodoro Py. Ratificó todo lo pesquisado hasta ahora. La investigación sigue tal cual avanzó en el juzgado de Lomas de Zamora de Juan Pablo Augé.

"Es un fallo escandaloso", dijeron, palabras más, palabras menos, pero en ese tenor, el propio Presidente, su ministra de Justicia y uno de los abogados de la titular del Senado.

Denuncian que el solo cambio de jurisdicción y el pase de la instrucción a Comodoro Py significa que el expediente se cerrará para beneficiar a los funcionarios de Macri acusados en esta trama.

¿La nueva jueza y el nuevo fiscal dependen de Macri y eliminarán un caso ratificado por Casación en todas sus medidas?

Sí, dicen los Fernández y la ministra de Justicia.

¿Los tribunales de Comodoro Py son inservibles y mafiosos?

La vicepresidenta Fernández acusó al Poder Judicial, en todas sus instancias, de impulsar una guerra en su contra.

Hay una causa que investiga esa acusación.

Las máximas autoridades de algunos de los juzgados federales, fiscalías, camaristas y jueces de la Corte Suprema están asombrados por la confrontación constante que sufren desde la política, dijeron a Clarín fuentes que trabajan en cargos relevantes en cada una de esas instancias judiciales.

El oficialismo promueve juicios políticos, remociones y denuncias contra buena parte de los jueces, fiscales y defensores oficiales de Py. También se denunciaron a testigos de casos de corrupción.

El poder K avaló, entre otras manifestaciones políticas, una protesta frente al Palacio de los Tribunales, para pedir por la libertad de una ex dirigente social, Milagro Sala, con arresto domiciliario en Jujuy acusada de cometer varios delitos de corrupción y amenazas, entre otros.

Esa movilización terminó con el lanzamiento de cientos de kilos de basura sobre el edificio en el que se imparte Justicia. Basura.

Hace una semana, una comisión parlamentaria, con voto de una mayoría automática oficialista, modificó el Código Procesal Penal y abrió la posibilidad de que condenados de hoy o posibles condenados con sentencias firmes puedan a partir de ahora buscar un atajo legal para evitar la cárcel.

Son varios políticos en vías a juicio oral, posibles condenados, los que se aliviaron con estos cambios repentinos solo avalados por el oficialismo legislativo.

"Son cambios que se impulsaron en la era de Macri", argumentaron los instrumentadores de esos salvoconductos.

El cambio del Código Procesal Penal incluía otras nuevas reglas. Por ejemplo, que los jueces que tarden más de tres años en resolver casos de corrupción puedan ser removidos de sus puestos por mal desempeño de funciones si así lo determinara el Consejo de la Magistratura.

Sólo se cambiaron los artículos que benefician a potenciales delincuentes condenados por malversar fondos públicos, entre otros delitos, como narcotráfico.

Las puertas se abren para cualquiera, siempre y cuando sea primero en favor de la clase política.

Las declaraciones del Presidente de la República sobre el cambio de jurisdicción de los casos de supuesto espionaje ilegal choca contra el límite constitucional que le impide influenciar en causas judiciales en trámite.

La vice Fernández logra votaciones en el Senado que afecta a jueces, fiscales y modifica los procedimientos procesales mientras ella misma está siendo juzgada en la actualidad por corrupción en un juicio oral y público conocido como Vialidad Nacional. La esperan otros juicios por delitos similares.

La vice entró en furia con el traspaso de las causas de supuesto espionaje ilegal antes investigada en los tribunales de Lomas de Zamora a los juzgados de Comodoro Py.

El foco de la Casa Rosada es cuestionar al nuevo fiscal de la causa, Carlos Stornelli, quien está procesado por instigación a posible espionaje ilegal en una causa en Dolores.

Stornelli está de licencia. Por ahora hace silencio, Conoce y trató en persona al presidente Fernández y a la ministra Losardo.

Volverá al trabajo pronto.

El "operativo demolición" de los jueces, aunque incluye a la Corte Suprema, se centra en los juzgados del emblemático edificio tribunalicio de Comodoro Py.

El Comodoro Luis Py, que le dio el nombre a la calle en la que se alza la sede de las oficinas de la Justicia Federal, fue un jefe de la Armada de que en 1878 fue enviado por Julio Argentino Roca, el ministro de Guerra del presidente Nicolás Avellaneda, a una misión marítima para reconquistar para el país extensas tierras que habían sido ocupadas por una avanzada del gobierno de Chile. Py recuperó la soberanía de lo que empezó a ser entonces la provincia de Santa Cruz.

Casi un siglo y medio después, quienes acumularon poder político en esas tierras hasta lograr liderar a la Argentina están ahora en guerra con Py.

Otras voces, otros ámbitos.

Por Nicolás Wiñazki para Clarín

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