En la oposición creen que el Gobierno quiere “canjear” la sanción de un proyecto que alivia a las provincias por el apoyo a la reforma judicial

¿Es posible un “plan canje” que incluya el reparto de fondos públicos para las provincias a cambio de que sus legisladores apoyen la reforma judicial? El Gobierno lo niega, pero la especulación circula en los pasillos del Congreso luego de que a mediados de la semana pasada tomó forma un proyecto de ley que puede ser clave para convencer a los legisladores más renuentes a acompañar los cambios que proyectan Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el Poder Judicial.

Es la iniciativa que el Frente de Todos quiere aprobar en el recinto esta semana y que permitirá aliviar a 20 provincias del pago de una deuda de 126.000 millones de pesos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES por préstamos contraídos durante el gobierno de Mauricio Macri y cuyo cobro vence este mes.

Alberto Fernández decidió la semana pasada suspender por 45 días el cobro de esa deuda, que incluye desde los 6.650 millones de pesos de la provincia de Buenos Aires, 1.515 millones de pesos del Chaco y 1.484 millones de pesos de Entre Ríos, entre las provincias gobernadas por el oficialismo, hasta los 2.007 millones de la Ciudad de Buenos Aires, 1.268 millones de Mendoza, 864 millones de Jujuy y 1.129 millones de Corrientes, entre los distritos opositores.

Esa deuda millonaria complica a la ANSES, que con esos fondos debería hacerse cargo de abonar los haberes de más de 800.000 jubilados que estaban contemplados en la Ley de Reparación Histórica que había impulsado el gobierno de Mauricio Macri. Si se aprueba la ley, será el Tesoro Nacional el que se encargue de esos pagos.

Cuando el Gobierno desempolvó este tema, crecieron las sospechas de que podría haberlo hecho para presionar a los gobernadores con el fin de que disciplinen a sus legisladores y, de esa forma, el Frente de Todos pudiera alcanzar los votos suficientes para aprobar la controvertida reforma judicial: en la Cámara de Diputados, la relación de fuerzas con la oposición es muy pareja, a diferencia de lo que sucede en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría.

Los temores tomaron cuerpo porque el Gobierno se había comprometido en enero ante gobernadores y legisladores radicales a no descontarles las deudas a las provincias, y luego, en abril, el Presidente lo ratificó en una videoconferencia con mandatarios del interior, lo que derivó en un agradecimiento del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, la ANSES les descontó este mes a las provincias una parte de la coparticipación, que les complica aún más las cuentas y que los obliga a apurarse a negociar con los funcionarios una rápida solución.

Cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, descartaron enfáticamente cualquier suerte de “plan canje” y aseguraron que todos los bloques, excepto el de Juntos por el Cambio, dieron su aval para debatir el próximo miércoles el proyecto para refinanciar las deudas provinciales y otro que endurece las multas a la pesca ilegal.

“Cuando llegue la reforma judicial a Diputados, que sería recién la semana que viene, el proyecto que beneficia a las provincias ya estará aprobado, así que no hay lugar a ninguna especulación -dijo la misma fuente-. Si existiera algún canje legislativo, ¿no deberíamos esperar a que entrara primero a la Cámara el proyecto de reforma judicial?”.

Desde los diputados de Juntos por el Cambio aseguraron a Infobae que Massa aún no les comunicó su decisión de sesionar el miércoles y advirtieron que no podría hacerlo porque ya se venció el protocolo que habían acordado para mantener sesiones virtuales. Ahora, el principal bloque opositor quiere acordar los proyectos sesión por sesión y no por plazos y sin temas definidos, como pretende el oficialismo. Es una manera de obturarle el paso a la reforma judicial.

La réplica del massismo fue desafiante: “La reforma judicial es un tema, pero Diputados tiene 40 temas en agenda. No vamos a parar la Cámara de Diputados por un solo tema. ¿Quieren el Congreso abierto o quieren que se cierre”.

Por eso el titular de Diputados avanzará esta semana con la refinanciación de las deudas provinciales aun sin el acuerdo de Juntos por el Cambio: los allegados a Massa afirmaron que puede convocar a sesión especial por pedido de un bloque, y que si se alcanza quórum se puede debatir. Y aseguraron, con tono desafiante: “Tenemos largamente los votos necesarios. Sin JxC, calculamos que reuniremos a 138 diputados. Y Rodríguez Larreta, (Gerardo) Morales y (Gustavo) Valdés les pidieron a sus legisladores que vayan a la sesión porque necesitan que se apruebe la ley”.

Aun así, ¿será el nuevo proyecto para aliviar las finanzas de las provincias la llave maestra para que los gobernadores disciplinen a sus legisladores para votar la reforma judicial? “Ningún gobernador puede exigir a sus legisladores un suicidio político semejante, que sería, además su propio suicidio político”, advirtió un dirigente opositor.

Es cierto, de todas formas, que a algunos les resultó sugestivo que la solución a las deudas provinciales sea mediante una ley: si querían concretarlo de manera rápida, el Gobierno podría haberlo hecho mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. “Los DNU se pueden aplicar a todo aquello que no sea del ámbito penal, tributario ni electoral, y, además, nadie lo iba a impugnar si estaba destinado a refinanciar la deuda de las provincias”, interpretó un legislador.

Por las dudas, al opinar sobre el supuesto “plan canje”, el diputado de la UCR Luis Petri dijo a Infobae que “sería un grosero error y equivaldría a confirmar que volvieron peores, con una actualización de las viejas practicas del kirchnerismo de intentar someter y presionar a las provincias”. Agregó que “el gobierno nacional en ninguna circunstancia puede extorsionar ni ahogar financieramente a las provincias, y mucho menos en época de pandemia”.

Sea como fuere, a partir de esta semana se abrirá una etapa decisiva para que se despejen las incógnitas sobre la estrategia del Gobierno para avanzar con la reforma judicial y cómo podrán neutralizar el intento desde la oposición. Porque otro proyecto cuyo tratamiento parlamentario coincidirá en los tiempos con el que tanto le interesa a Cristina Kirchner es el presupuesto 2021, mediante el cual también se puede asfixiar financieramente, o no, a las provincias.

Todas estas especulaciones sobre un supuesto “plan canje” serán difíciles de disimular en caso de que se concreten, y más aún luego del banderazo, que demostró que hay una porción importante de la sociedad que podría movilizarse de nuevo si se avanza en cambios en el Poder Judicial hechos a medida para las necesidades de la Vicepresidenta.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Ricardo Carpena