IFE: por qué para el Gobierno el programa que otorga el bono de $ 10.000 es caro

En el Gobierno ven “improbable” la continuidad del ingreso familiar de emergencia tal cómo se implementó en abril y mayo por dos razones. Primero, la economía exhibirá algún grado de recuperación (al menos es lo que espera) y entonces en las próximas horas se irán adaptando las ayudas en función de dónde queda parada la economía. Segundo, el impacto fiscal de convertir en 'permanente' el IFE sería costosísimo. Los mismos motivos aplican para el ATP, el programa del Estado que ayuda a las empresas a pagar el 50% de los salarios a 2 millones de trabajadores.

Los economistas del Gobierno y los privados hacen los números. Va el caso del IFE. En abril fue percibido por 8,5 millones de familias. “Aunque terminaron siendo casi 9 millones”, apunta un funcionario importante. A $ 10.000 por inscripto, el gasto de la primera ronda equivalió a $ 90.000 millones. “Es muy improbable sostener esto hasta diciembre”.

En el caso del ATP, el cálculo mensual es de unos $ 49.000 millones.

Ambos programas son calificados de “onerosos” dentro del Gobierno. De ahí que tengan fecha de vencimiento y se evalúen criterios para ajustar su otorgamiento en función de familias y empresas que los necesiten aún cuando actividades y zonas geográficas vayan saliendo de la zona de restricciones. “Es algo que se irá viendo”.

¿Qué pasaría si el IFE se transformara en un gasto permanente?

Eco Go proyectó que el aumento en el gasto sería de 3,6% del PBI si el ingreso se mantuviera tal cual fue aplicado en abril-mayo. Sí la ayuda se redujera a 2 millones de personas en lugar de los 9 millones actuales, el impacto sería de 0,9% del PBI.

Ecolatina estimó que el déficit fiscal pasaría de 5,2% del producto a 7,3% del PBI si el IFE se volviera permanente.

Los economistas Oscar Cetrángolo y Javier Curcio, en un trabajo para la Fundación CECE, calcularon que el costo fiscal de las medidas sociales anunciadas llegaría a $ 122.797 millones por mes. Estableciendo supuestos de cuantos meses podrían sostenerse esos planes, proyectan un esfuerzo fiscal para el año de 1,5% del PBI. Cetrángolo-Curcio señalan que a la hora de dar 'marcha atrás' con el IFE habrá que tener en cuenta las distintas realidades de cada provincia. “Las diferentes estructuras socio económicas predominantes a lo largo del territorio argentino determinan un diferente alcance del IFE en las provincias, con porcentajes de participación que varían entre el 9,4% y el 26,5% del total de la población, con un promedio nacional del 17,3%”. “Las provincias con mayor producto por habitante, como la Ciudad y las petroleras patagónicas, son las que presentan menor participación de la población destinataria del IFE. Por el contrario, la mayor participación de la población que recibe el IFE se encuentra concentrada en las provincias de menor desarrollo relativo, ubicadas en el norte del país”.

Por su parte, el CIPPEC, en un trabajo reciente llamado 'Las cuentas de la Administración Pública Nacional argentina en tiempos de Covid-19', señaló que las erogaciones sociales registraron desde el inicio de las medidas un aumento anual de $ 500.000 millones, lo que representó un aumento interanual del 27% en términos reales. Las erogaciones de la seguridad social, que tienen el mayor peso dentro de las cuentas públicas, se incrementaron en $ 370.000 millones, registrando una suba del 26% interanual. “Las cuentas públicas muestran el activismo del Estado nacional para enfrentar la pandemia, pero al mismo tiempo ha expuesto aún más nuestras debilidades en materia fiscal”, explica José Gasparín, economista e investigador del CIPPEC.

Con información de www.clarin.com