Passerini encabezó un reclamo de 80 intendentes contra Milei: cuestionan los recortes en salud y los subsidios al transporte

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, llevó al Congreso Nacional un reclamo conjunto de más de 80 jefes comunales de distintas provincias contra las políticas del Gobierno de Javier Milei. La presentación puso el foco en dos cuestiones centrales: la reducción de los medicamentos incluidos en el programa Remediar y la distribución de los subsidios nacionales destinados al transporte público.

El planteo fue presentado ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por la cordobesa Carolina Basualdo. La intención de los mandatarios locales es trasladar la discusión al ámbito parlamentario y conseguir que diputados y senadores nacionales se pronuncien sobre las consecuencias que, según advierten, tienen las decisiones de la Casa Rosada sobre las administraciones municipales.

La convocatoria reunió a representantes de diferentes espacios políticos y regiones del país, unidos por una preocupación común: el impacto que tienen los recortes nacionales sobre los servicios que deben garantizar provincias y municipios.

El federalismo como eje del reclamo

Los intendentes consideran que las medidas nacionales profundizan las desigualdades entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país.

Esa postura quedó expresada en un documento del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), titulado “Un país desigual es un país injusto”, en el que cuestionaron la distribución de los recursos destinados a compensar las tarifas del transporte público.

Según los datos difundidos por el espacio, durante el año la Nación destinó alrededor de 460 millones de dólares al AMBA en concepto de compensaciones tarifarias. En cambio, sostienen que el interior no recibió transferencias equivalentes por fuera de los fondos vinculados al sistema SUBE.

La discusión también tiene un componente político en Córdoba. El cordobesismo busca instalar el reclamo federal como una de sus principales banderas frente a la administración nacional y pone bajo presión a los representantes provinciales en el Congreso, entre ellos el senador Luis Juez y el diputado Gabriel Bornoroni, titular de la bancada de La Libertad Avanza.

El impuesto a los combustibles, otro punto de conflicto

Uno de los principales cuestionamientos de los intendentes está relacionado con el destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Los municipios sostienen que se trata de un tributo que pagan los ciudadanos de todo el país y cuyos recursos deberían tener una distribución acorde con las necesidades de las distintas jurisdicciones.

Frente a lo que consideran un incumplimiento de ese objetivo, plantearon dos alternativas: que los fondos se distribuyan de manera equitativa para financiar el transporte público del interior y el mantenimiento de las rutas, o que directamente se elimine el impuesto.

Passerini incluso puso sobre la mesa una propuesta concreta para Córdoba capital. El intendente aseguró que, si el Gobierno nacional elimina ese tributo, el municipio podría reducir un 35% el precio del boleto urbano.

Además, no descartó recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar por la distribución de los recursos.

Preocupación por los recortes en el programa Remediar

El segundo eje de la presentación estuvo vinculado con la política sanitaria nacional.

Los intendentes cuestionaron la reducción del programa Remediar, que pasó de contemplar aproximadamente 128 medicamentos a incluir solamente seis, según los datos expuestos en el reclamo.

La preocupación radica en que la reducción de la cobertura puede trasladar nuevas responsabilidades financieras a provincias y municipios, que deberán afrontar con recursos propios parte de los tratamientos y la provisión de medicamentos esenciales.

Los jefes comunales advierten que esta situación se produce en un contexto de presupuestos ajustados y mayores demandas sobre los sistemas locales de salud.

Desde COFEIN sostienen que las administraciones municipales están absorbiendo gastos que anteriormente eran cubiertos mediante políticas nacionales, lo que compromete la capacidad de sostener otras prestaciones y servicios.

“Los municipios estamos hartos, pero no vencidos”, expresaron en el documento conjunto.

Una presión directa sobre diputados y senadores

A diferencia de otros reclamos institucionales, esta vez los intendentes buscaron que su presentación no quedara limitada a una exposición de preocupaciones.

El objetivo es involucrar directamente a los legisladores nacionales y conseguir que impulsen medidas concretas para modificar la distribución de los recursos y revisar las decisiones que afectan al interior.

El documento plantea una interpelación a los representantes parlamentarios de cada provincia: deberán definir si acompañan las demandas de sus comunidades o respaldan las decisiones del Ejecutivo nacional.

La estrategia apunta a transformar el reclamo municipal en iniciativas legislativas, modificaciones presupuestarias y gestiones que permitan recuperar fondos para servicios considerados esenciales.

Un reclamo federal que reúne a intendentes de distintos partidos

La presentación contó con la participación presencial y virtual de numerosos mandatarios locales de diferentes provincias.

Entre ellos estuvieron Pablo Javkin, de Rosario; Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán; Rosario Romero, de Paraná; Pablo Corsalini, de Pérez; Juan Manuel García, de Machagai; Isa Castagnino, de Victoria; y distintos intendentes cordobeses, como Emiliano Paredes, de Tanti; Claudia Godoy, de San Marcos Sud; Alejandro Arenas Diez, de Capilla del Monte; Francisco Iser, de General Roca; Franco Villar, de La Playosa; y Juan Pablo Vazzia, de Idiazábal.

La diversidad política de los participantes busca darle mayor alcance al planteo y demostrar que las dificultades señaladas no corresponden exclusivamente a una provincia o a un espacio partidario.

Con Passerini como uno de los principales impulsores de la iniciativa, los intendentes intentan abrir un nuevo capítulo en la disputa entre los gobiernos locales y la administración de Milei.

La discusión de fondo gira alrededor de quién debe financiar los servicios esenciales cuando se reducen los aportes nacionales. Mientras el Gobierno sostiene su política de equilibrio fiscal, los municipios advierten que cada vez deben asumir más responsabilidades con recursos propios y reclaman una distribución federal de los fondos públicos.