Petri busca que Mendoza suspenda los embargos impositivos a productores y PyMEs hasta mayo de 2027

• Luis Petri impulsó un proyecto para suspender los juicios y embargos impositivos en Mendoza hasta mayo de 2027.
• La iniciativa alcanza las deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos.
• Los embargos vigentes no se levantarían automáticamente y exigirían adherir a un plan de pagos y abonar la primera cuota.
• El régimen incluiría obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, incluso las judicializadas.
• Se proponen al menos 18 cuotas, menores tasas de financiación y una reducción de intereses.
• El proyecto busca trasladar a Mendoza el alivio anunciado por el Gobierno nacional para las PyMEs.

La decisión del Gobierno nacional de frenar los embargos a pequeñas y medianas empresas abrió una discusión sobre el alcance de las medidas de alivio fiscal en las provincias. En Mendoza, el diputado nacional Luis Petri impulsó un proyecto para que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) suspenda los juicios y las medidas de cobro judicial por deudas impositivas, con el objetivo de evitar que productores y empresas queden expuestos a embargos mientras intentan regularizar sus obligaciones.

La iniciativa fue presentada por legisladores de Mendocinos por el Futuro, espacio vinculado con la fundación de Petri, pocas horas después del anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo. El planteo está dirigido al gobernador Alfredo Cornejo y propone extender al ámbito provincial un mecanismo similar al dispuesto por Nación, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2027.

El proyecto lleva la firma del diputado Ismael Jadur como autor y cuenta con el acompañamiento del resto de los legisladores del espacio. Entre sus principales disposiciones, establece que ATM deje de iniciar procedimientos de apremio y solicitar embargos o inhibiciones por deudas correspondientes a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y de Sellos.

La suspensión alcanzaría tanto a las nuevas acciones judiciales como a los expedientes que ya se encuentran en trámite. En estos últimos casos, la propuesta busca impedir que los recaudadores soliciten remates de bienes o la transferencia de los fondos que se encuentren retenidos por orden judicial.

Qué ocurriría con los embargos que ya están vigentes

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que los embargos existentes no se levantarían automáticamente. Para acceder al beneficio, el contribuyente debería incorporarse al régimen de regularización de deudas y abonar la primera cuota del plan de pagos.

Una vez cumplidos esos requisitos, ATM tendría que solicitar ante el juez correspondiente el levantamiento del embargo o su reemplazo por otra garantía dentro de un plazo de cinco días hábiles. De esta manera, la propuesta combina la suspensión de las medidas de ejecución con un mecanismo para que los contribuyentes puedan ponerse al día sin perder de inmediato los recursos necesarios para mantener sus actividades.

El esquema de financiación incluiría las obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, incluso aquellas que ya se encuentren judicializadas. Para cancelar los compromisos, se contempla un régimen de al menos 18 cuotas, con una tasa de financiación inferior y una reducción de los intereses acumulados.

El texto no establece los valores concretos de esas condiciones financieras. También prevé que quienes ya estén adheridos a planes de pago con términos más favorables puedan conservarlos, evitando que la nueva alternativa implique un perjuicio para los contribuyentes que actualmente cumplen con acuerdos vigentes.

Petri busca trasladar el alivio nacional a la provincia

El argumento político y económico de Petri es que la suspensión anunciada por el Gobierno nacional debería tener una correlación en las administraciones tributarias provinciales. «Lo que Nación deja de embargar no puede ser retenido inmediatamente por ATM», sostuvo al explicar la presentación.

El legislador afirmó que el propósito es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin comprometer la continuidad de las empresas y de las actividades productivas. También aclaró que la propuesta no contempla una condonación de deudas, sino una modificación de las condiciones para que los contribuyentes puedan regularizar su situación.

«Que el Estado cobre sin fundir al sector productivo», resumió Petri al definir el objetivo de la iniciativa. En la misma línea, agregó: «Al que produce hay que ayudarlo a pagar, no perseguirlo».

El planteo apunta especialmente a productores y pequeñas y medianas empresas que enfrentan dificultades financieras y pueden quedar comprometidos por medidas judiciales de cobro. Desde esa perspectiva, la posibilidad de suspender ejecuciones y ofrecer plazos más amplios permitiría preservar recursos para sostener el funcionamiento cotidiano de los establecimientos.

La propuesta ahora deberá ser considerada en el ámbito legislativo provincial y dependerá de la respuesta política del gobernador Cornejo. Su eventual aprobación determinará si Mendoza adopta un esquema de alivio tributario semejante al nacional o mantiene los mecanismos actuales de ejecución fiscal.

El debate plantea, en definitiva, cómo compatibilizar la necesidad de las administraciones públicas de recaudar los impuestos adeudados con las dificultades que atraviesan los sectores productivos para cumplir sus compromisos sin afectar la continuidad de sus actividades.