Llaryora le marcó la cancha a Milei: el interior se cansó de pagar la fiesta del AMBA

Resumen

• Llaryora profundizó su enfrentamiento con Milei y llevó al Congreso los reclamos del interior por la distribución de los subsidios nacionales.

• Cerca de 80 intendentes denunciaron las desigualdades entre el AMBA y las provincias en el financiamiento del transporte público.

• El recorte del programa Remediar encendió alarmas por la reducción de medicamentos esenciales y su impacto sobre los sectores más vulnerables.

• Los municipios también reclamaron deudas del PAMI y advirtieron sobre las dificultades para sostener las prestaciones sanitarias.

• El conflicto amenaza con escalar al Congreso y a la Justicia, en un escenario en el que Milei necesita acuerdos con los gobernadores para avanzar con el Presupuesto 2027.

  El gobernador de Córdoba profundizó su enfrentamiento con la Casa Rosada y llevó al Congreso una protesta que reunió a cerca de 80 intendentes de distintas provincias. El reclamo apunta a la desigual distribución de los subsidios al transporte, el fuerte recorte de medicamentos del Plan Remediar y las deudas del PAMI. La discusión amenaza con trasladarse al terreno judicial y complicar las negociaciones por el Presupuesto 2027.

  La pelea entre Martín Llaryora y Javier Milei sumó un nuevo capítulo y esta vez el escenario elegido fue el Congreso de la Nación. El gobernador cordobés decidió levantar la voz por los reclamos del interior y respaldó una ofensiva de intendentes que cuestionan lo que consideran un reparto profundamente desigual de los recursos nacionales.

  El conflicto tiene un detonante concreto: mientras el Gobierno nacional dispuso un incremento de los subsidios al transporte público para las empresas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las ciudades del interior continúan afrontando prácticamente solas el costo de sostener sus sistemas de colectivos.

  La protesta reunió a alrededor de 80 intendentes y representantes municipales de diferentes provincias y espacios políticos, que expusieron sus planteos ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por Carolina Basualdo, dirigente cordobesa de Provincias Unidas.

  Llaryora había cuestionado previamente la decisión del Ejecutivo y utilizó una definición particularmente dura al comparar la política de subsidios de Milei con la del kirchnerismo. Para el mandatario provincial, se trata de una distribución discriminatoria que vuelve a colocar al interior argentino en una posición de desventaja.

  El reclamo no es solamente económico: también es político. Los gobernadores e intendentes del interior buscan instalar nuevamente la discusión sobre el federalismo y el destino de los recursos que se recaudan en todo el territorio nacional.

  460 millones de dólares para el AMBA y nada para el interior

  Uno de los planteos más contundentes estuvo a cargo del intendente de Córdoba capital, Daniel Passerini, quien cuestionó que durante el año se hayan destinado aproximadamente 460 millones de dólares para compensar el transporte del AMBA, mientras que el interior no recibe una asistencia equivalente.

  El argumento central es que parte de esos recursos proviene del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que pagan los ciudadanos de todas las provincias, pero cuya distribución no se traduce en beneficios proporcionales para las jurisdicciones del interior.

  Passerini incluso lanzó una advertencia: si se eliminara ese impuesto, estaría en condiciones de reducir un 35% el precio del boleto urbano en Córdoba.

  En la misma línea se expresó el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien consideró insostenible que los ciudadanos del área metropolitana reciban un tratamiento tan diferente al de quienes utilizan el transporte público en otras ciudades argentinas.

  La discusión tiene consecuencias directas para los usuarios. Cuando Nación reduce o concentra las compensaciones, la diferencia termina trasladándose a los presupuestos municipales, provinciales o directamente al bolsillo de quienes deben pagar el boleto.

  El recorte sanitario también llegó al Congreso

  Pero el transporte no fue el único motivo de preocupación. Los intendentes también denunciaron el impacto del ajuste sobre el sistema de salud pública, especialmente por la reducción del programa nacional Remediar.

  La modificación de su cobertura provocó fuertes cuestionamientos: el vademécum de medicamentos esenciales pasó de aproximadamente 129 productos a solamente seis.

  La reducción deja afuera tratamientos utilizados para enfermedades como diabetes, hipotiroidismo, infecciones, asma y anemia, entre otras patologías.

  La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, advirtió sobre las consecuencias que puede tener esta decisión para miles de pacientes que dependen de los centros de atención primaria.

  El problema es evidente: cuando Nación deja de entregar medicamentos, la demanda no desaparece. Se traslada a los hospitales provinciales y municipales, que deben afrontar los gastos con presupuestos cada vez más exigidos.

  PAMI, deudas y municipios al límite

  Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con las obligaciones pendientes del PAMI con distintos municipios.

  El intendente de La Playosa, Franco Villar, denunció que existen prestaciones impagas y reclamó que el organismo nacional regularice las deudas acumuladas.

  También generó repercusión la exposición de Claudia Godoy, intendenta de San Marcos Sud, quien relató que, después de reclamar los pagos pendientes, recibió una auditoría del organismo con nueve inspectores provenientes de Buenos Aires.

  La funcionaria cuestionó el procedimiento y reclamó que, antes de desplegar semejante operativo, se cumplan las obligaciones económicas con su municipio.

  Una disputa que puede complicar el Presupuesto 2027

  El enfrentamiento entre Llaryora y Milei se produce en un momento particularmente delicado para el Gobierno nacional.

  La Casa Rosada necesita construir mayorías parlamentarias para avanzar con el Presupuesto 2027 y otros proyectos centrales de su agenda. En ese escenario, los legisladores que responden a los gobernadores del interior pueden convertirse en piezas importantes de la negociación.

  Los intendentes, por su parte, dejaron abierta la posibilidad de acudir a la Corte Suprema si no encuentran respuestas sobre la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles.

  La discusión también involucra al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, cuyos representantes coinciden con Córdoba en distintos reclamos vinculados con los intereses productivos del interior, entre ellos la postergada legislación sobre biocombustibles.

  Milei enfrenta así un problema que va más allá de una discusión por los subsidios: la relación con los gobernadores y los municipios comienza a mostrar nuevas fisuras.

  El Gobierno nacional sostiene su estrategia de reducción del gasto y ordenamiento de las cuentas públicas. Sin embargo, los mandatarios provinciales advierten que no pueden seguir absorbiendo responsabilidades sin los recursos correspondientes.

  La pregunta que queda planteada es si el ajuste nacional puede sostenerse sin profundizar el conflicto con las provincias.

  Porque una cosa es discutir el tamaño del Estado y otra muy diferente es que el interior pague impuestos, pierda recursos y después tenga que financiar con su propio presupuesto los servicios que Nación deja de cubrir.

  Y en esa discusión, Llaryora decidió dejar de hablar en voz baja.