El Senado firmó dictamen para una nueva ley de discapacidad que busca reemplazar el régimen de emergencia

• El Senado firmó dictamen para avanzar con una nueva ley de discapacidad antes del vencimiento de la emergencia.
• El proyecto establece pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y actualización para preservar el poder adquisitivo.
• Los beneficiarios podrán conservar la pensión si acceden a un empleo formal y sus ingresos no superan dos salarios mínimos.
• Se garantiza la cobertura de salud mediante las prestaciones de la ley 24.901 y el Programa Incluir Salud.
• La iniciativa incorpora financiamiento específico, compensaciones del Tesoro y auditorías mediante cruces de información entre organismos públicos.
• Las deudas pendientes con prestadores deberán contar con un cronograma de pagos en 30 días y cancelarse dentro de los 90 días.

El proyecto que establece un nuevo régimen de protección para las personas con discapacidad consiguió avanzar en el Senado, donde un plenario de comisiones firmó el dictamen de la iniciativa que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados. El objetivo es reemplazar el esquema de emergencia vigente por una legislación permanente que garantice previsibilidad en las prestaciones, actualice los beneficios y establezca mecanismos de financiamiento y control.

El despacho fue suscripto durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. La primera está encabezada por el libertario Agustín Monteverde, mientras que la segunda es presidida por Alicia Kirchner, quien defendió la necesidad de avanzar con el tratamiento parlamentario antes del vencimiento de la actual emergencia, previsto para el 31 de diciembre.

La legisladora santacruceña reconoció que existen propuestas para incorporar modificaciones, pero consideró prioritario garantizar una respuesta legislativa en los plazos disponibles. Sostuvo que cualquier norma puede perfeccionarse, aunque advirtió que el sistema necesita asegurar la mayor cobertura posible y evitar que las personas beneficiarias queden expuestas a la incertidumbre por la finalización del régimen actual.

En la misma línea se expresó el senador Carlos Linares, también integrante de Unión por la Patria, quien decidió retirar su propuesta para prorrogar la emergencia. El legislador describió la situación como un escenario de profunda preocupación para las personas con discapacidad y sus familias. Si bien consideró que el proyecto representa la alternativa más cercana para resolver el problema, aclaró que todavía existen aspectos pendientes y planteó interrogantes sobre los recursos que se asignarán en el Presupuesto 2027.

Desde el oficialismo, Patricia Bullrich respaldó la iniciativa y destacó que busca establecer una respuesta permanente después de años de conflictos e incertidumbre. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que la nueva legislación permitirá ordenar el sistema y evitar que la discusión sobre las prestaciones se transforme en una disputa recurrente.

Bullrich también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los controles sobre el otorgamiento de pensiones, al advertir sobre irregularidades y beneficios concedidos sin los requisitos correspondientes. Al mismo tiempo, destacó como uno de los avances centrales que la percepción de una pensión no contributiva sea compatible con el acceso al empleo formal, siempre que se respeten los límites de ingresos establecidos.

La iniciativa contempla que las personas con Certificado Único de Discapacidad puedan conservar su pensión si trabajan en relación de dependencia o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. El mecanismo busca evitar que los beneficiarios deban elegir entre mantener una prestación y acceder a una oportunidad laboral.

La propuesta también incluye incentivos para los empleadores y apunta a mejorar la transparencia del sistema. Sin embargo, el debate no estuvo exento de diferencias políticas. La senadora cordobesa Alejandra Vigo reclamó modificaciones al texto, una posición que generó cuestionamientos entre otros integrantes del plenario debido a la urgencia por obtener una definición legislativa. Posteriormente, recibió el respaldo de Guillermo Andrada.

La discusión también estuvo atravesada por cruces entre legisladores de distintos espacios. Juliana di Tullio cuestionó las posiciones de Bullrich y recibió respuestas del oficialista Bruno Olivera Lucero. El intercambio continuó con intervenciones de otros senadores, entre ellos Joaquín Benegas Lynch y Carmen Álvarez Rivero, en un clima de tensión que contrastó con el consenso general sobre la necesidad de avanzar con la norma.

En cuanto al contenido, el proyecto establece que las pensiones no contributivas equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y reconoce al Certificado Único de Discapacidad como instrumento central para acceder al beneficio. También incorpora un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado, con el propósito de ordenar los valores y garantizar criterios comunes de cobertura.

Otro aspecto relevante es la continuidad de las prestaciones de salud para los titulares de pensiones por invalidez laboral y discapacidad, mediante el acceso a los servicios básicos contemplados en la ley 24.901 y el Programa Incluir Salud.

Para asegurar el financiamiento, el texto identifica partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y contempla compensaciones del Tesoro cuando los recursos resulten insuficientes. Además, establece que los ingresos de los beneficiarios deberán conservar su poder adquisitivo respecto del año anterior.

El nuevo régimen también incorpora auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de información con ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS. Las eventuales suspensiones preventivas deberán respetar un procedimiento que garantice notificación y rehabilitación provisoria.

Finalmente, establece que las deudas pendientes con prestadores deberán contar con un cronograma de cancelación dentro de los 30 días posteriores a la sanción y ser abonadas en un plazo máximo de 90 días. Con el dictamen firmado, el Senado quedó en condiciones de avanzar hacia el tratamiento de una iniciativa que busca reemplazar la emergencia por un sistema de protección permanente.