Adela Arning busca llegar a la Corte Suprema para frenar la revocatoria de su mandato

La intendenta de Mendiolaza, Adela Arning, inició una nueva estrategia judicial para intentar evitar el referéndum que podría definir la continuidad de su gestión. Con la votación prevista para el próximo 29 de noviembre, la mandataria apuesta a llevar la disputa hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cuestionar las decisiones judiciales y electorales que permitieron avanzar con el procedimiento.

El proceso de revocatoria fue impulsado a comienzos de 2025 por un grupo de vecinos encabezados por Alberto Dalmasso, quienes denunciaron presunto mal desempeño de la intendenta en el ejercicio de sus funciones. La Junta Electoral municipal ya estableció la fecha de la consulta popular mediante la resolución 07/26.

La estrategia judicial para llegar a la Corte

Los abogados que representan a Arning preparan un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), con la intención de que el expediente pueda llegar al máximo tribunal nacional.

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el padrón electoral que deberá utilizarse en el referéndum. La defensa de la intendenta pretende que solamente puedan votar quienes integraban el registro de electores de 2023, cuando Arning fue elegida para ocupar el cargo.

En cambio, los vecinos que promovieron la revocatoria reclamaron que se utilice el padrón actualizado, postura que finalmente recibió el respaldo del Tribunal Superior de Justicia.

La resolución judicial no fue unánime. Los vocales Luis Rubio y Sebastián López Peña expresaron una posición diferente y consideraron que correspondía contemplar a los electores originales de la mandataria.

Ese desacuerdo dentro del máximo tribunal provincial es uno de los argumentos a los que pretende recurrir la defensa para intentar habilitar la intervención de la Corte nacional. Sin embargo, la presentación extraordinaria no suspendería automáticamente el proceso electoral.

Cuestionamientos a la Junta Electoral municipal

La estrategia de Arning también apunta contra la propia integración de la Junta Electoral de Mendiolaza, que fijó la fecha del referéndum.

Los representantes legales de la intendenta cuestionan la actuación de su presidenta, Cecilia Matías, jueza de paz subrogante de Unquillo, a quien señalan por una presunta afiliación partidaria al Partido Comunista. Según la denuncia, esa situación podría comprometer la imparcialidad necesaria para intervenir en el procedimiento.

También solicitarán el apartamiento de una de las directoras de establecimientos educativos que participa como vocal de la Junta, por una situación similar vinculada con una supuesta afiliación política.

A estos planteos se suman otras objeciones sobre la validez de las 1.391 firmas presentadas por los vecinos para impulsar la revocatoria.

Entre las irregularidades que denuncia la defensa aparecen posibles inconsistencias en algunas rúbricas, la inclusión de efectivos de la Policía provincial y personas fallecidas en los registros, además de cuestionamientos relacionados con los horarios y las condiciones de funcionamiento de la Junta Electoral.

Estos planteos también serán llevados ante el juzgado electoral provincial.

Los plazos que condicionan el futuro de la intendenta

El calendario electoral representa otro elemento central de la disputa. Según la normativa municipal, el referéndum debe convocarse antes del 10 de marzo de 2027, es decir, con al menos nueve meses de anticipación respecto de la finalización del mandato.

Para que prospere la revocatoria, se necesita alcanzar la mitad más uno de los votos válidos emitidos. La participación en la consulta es obligatoria, independientemente de la cantidad de electores que concurran.

En este contexto, el entorno político de Arning busca ganar tiempo y agotar las instancias judiciales disponibles para intentar impedir que la votación se concrete en la fecha establecida.

También sigue de cerca el calendario electoral provincial y una eventual convocatoria del gobernador Martín Llaryora, ya que un adelantamiento de los comicios podría modificar los tiempos de la transición política en Mendiolaza.

Una disputa política y judicial que sigue abierta

La situación de Adela Arning se convirtió en uno de los conflictos institucionales más relevantes del escenario político de las Sierras Chicas.

Mientras el grupo de vecinos que impulsó la revocatoria busca que la ciudadanía pueda expresarse en las urnas, la intendenta apuesta a cuestionar el procedimiento por distintas vías judiciales y administrativas.

Con el 29 de noviembre como fecha prevista para el referéndum, la definición dependerá ahora de las próximas resoluciones judiciales y de la capacidad de cada sector para sostener sus argumentos.

El futuro político de Mendiolaza permanece así atravesado por una disputa que excede la continuidad de una intendenta y pone en discusión los mecanismos de participación ciudadana, el funcionamiento de las instituciones locales y los límites de los procesos de revocatoria de mandato.