Reclaman al Senado aprobar una ley para prevenir y detectar la violencia contra niños y adolescentes

• El proyecto obliga a instituciones públicas y privadas que trabajan con menores a contar con protocolos de actuación.
• La iniciativa fue impulsada por la senadora del PRO Andrea Cristina.
• El dictamen obtuvo respaldo de legisladores de diferentes espacios políticos.
• La propuesta establece procedimientos específicos para abuso sexual, violencia física y violencia entre pares.
• Entre 2018 y 2025 se registraron 35.058 denuncias de violencia contra menores en la Oficina de Violencia Doméstica.
• Más de 30 organizaciones reclaman que el Senado apruebe la ley antes de finalizar noviembre.

Más de 30 organizaciones de la sociedad civil y organismos de protección de derechos de distintas provincias reclamaron al Senado que convierta en ley, antes de finalizar noviembre, un proyecto destinado a establecer protocolos obligatorios para prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La iniciativa cuenta con dictamen favorable de las comisiones correspondientes y tiene preferencia para ser tratada en la próxima sesión, pero su aprobación todavía depende de que el cuerpo legislativo avance con el debate.

El pedido fue impulsado por la Fundación Red por la Infancia, que advirtió sobre las demoras acumuladas durante los últimos ocho años y la falta de herramientas comunes para que las instituciones puedan intervenir ante situaciones de abuso, maltrato y otras formas de violencia que afectan a menores de edad.

El proyecto fue promovido en la Cámara alta por la senadora del PRO por Chubut, Andrea Cristina, vinculada políticamente al gobernador Ignacio Torres. El miércoles pasado consiguió despacho en un plenario de las comisiones de Legislación General y Población y Desarrollo Humano, con el respaldo de representantes de distintos espacios políticos.

Entre quienes acompañaron el dictamen se encuentran Patricia Bullrich y Nadia Márquez, de La Libertad Avanza; los justicialistas Pablo Bensusán y Fernando Salino; los kirchneristas Mariano Recalde y Jorge Capitanich; el radical Rodolfo Suárez y el peronista disidente Carlos Espínola. La senadora macrista María Huala, de La Pampa, presentó una disidencia parcial, pese al consenso general alcanzado alrededor de la propuesta.

El punto central de la iniciativa establece que todas las instituciones, públicas o privadas, que desarrollen actividades con niñas, niños y adolescentes deberán diseñar e implementar protocolos de prevención, detección y actuación frente a situaciones de violencia. La obligación alcanzará a establecimientos educativos, deportivos, sociales, recreativos, religiosos y a cualquier otro ámbito que involucre a menores de edad.

Esos procedimientos deberán elaborarse junto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción y seguir los lineamientos nacionales acordados en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. La intención es evitar que cada institución actúe de manera improvisada o sin criterios definidos cuando recibe una denuncia o identifica señales de alerta.

La normativa también contempla que los protocolos tengan características específicas según el tipo de violencia. Como mínimo, deberán existir procedimientos diferenciados para el abuso sexual, la violencia física y la violencia entre pares, además de otras modalidades que determine la autoridad de aplicación.

Ocho años de demoras

La historia parlamentaria del proyecto comenzó en 2018, después de que se conocieran los abusos y la explotación sexual de adolescentes que integraban las divisiones inferiores del Club Independiente. Desde entonces, la propuesta recibió el respaldo de diferentes fuerzas políticas y llegó a ser aprobada por unanimidad en ambas cámaras durante distintas etapas de su recorrido legislativo.

Sin embargo, nunca consiguió completar el trámite para convertirse en ley y perdió estado parlamentario en dos oportunidades. Para las organizaciones que reclaman su aprobación, esa sucesión de demoras representa una deuda institucional que dejó sin respuesta una necesidad concreta del sistema de protección de la infancia.

Durante ese período se conocieron nuevos episodios que volvieron a poner en evidencia las dificultades para prevenir, identificar e intervenir ante situaciones de violencia. Entre los antecedentes mencionados por la Fundación Red por la Infancia figuran las denuncias por abusos en jardines de infantes, los casos del Instituto Próvolo, Lucio Dupuy y las nuevas denuncias de grooming vinculadas a Independiente.

La dimensión del problema también aparece reflejada en las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre 2018 y 2025 se registraron 35.058 denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Además, durante 2025, en el 56% de los casos denunciados, las agresiones ocurrían diariamente o con frecuencia semanal.

La organización aclaró que esos registros corresponden a una sola jurisdicción y, por lo tanto, no representan la totalidad de los hechos que suceden en el país.

La directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia, Paula Wachter, sostuvo que el 80% de los episodios de violencia contra menores ocurre dentro de su entorno cercano. Por ese motivo, consideró indispensable que las instituciones que trabajan con ellos dispongan de herramientas concretas para prevenir los abusos y responder adecuadamente cuando se detectan situaciones de riesgo.

El reclamo apunta ahora a que el Senado aproveche el dictamen conseguido y la preferencia parlamentaria para tratar la iniciativa antes del cierre del período ordinario. Después de ocho años de proyectos, consensos y oportunidades legislativas perdidas, las organizaciones buscan que la prevención de la violencia contra la infancia deje de depender de decisiones aisladas y se convierta en una obligación institucional en todo el país.