Córdoba endurece los controles para ingresar al municipio: antecedentes penales, narcotests y nuevas exigencias para los empleados públicos

El Concejo Deliberante de Córdoba votará una reforma del Estatuto del Empleado Municipal que busca endurecer los requisitos de ingreso y permanencia en la función pública, con mayores controles sobre los antecedentes penales y el consumo de drogas ilegales.

La iniciativa llega después de cuatro meses y medio de debate en comisiones y tiene como antecedente el denominado “caso Agostina”, que generó fuertes cuestionamientos a la gestión municipal. El principal sospechoso del crimen, Claudio Barrelier, se desempeñaba en la Municipalidad de Córdoba y había sido promovido de becario a contratado poco antes de que el caso tomara estado público.

En aquel contexto, el oficialismo impulsó una serie de medidas para recuperar la iniciativa política, entre ellas la modificación del estatuto municipal con el objetivo de reforzar los controles sobre el personal. El proyecto original contemplaba la presentación semestral de certificados de buena conducta y pruebas de detección de drogas, además de sanciones más estrictas ante determinados incumplimientos.

Sin embargo, el texto acordado en comisión amplió el alcance de la reforma y modificó el esquema de sanciones. Entre los principales cambios, se exigirá a quienes ingresen al municipio la presentación de certificados de antecedentes penales provinciales y nacionales, constancias de no inscripción en los registros de deudores alimentarios morosos y de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, además de un certificado negativo de consumo de drogas psicotrópicas ilegales.

Los agentes municipales deberán renovar anualmente esa documentación y comunicar las imputaciones penales formalizadas en su contra. La normativa también limitará las posibilidades de disponer suspensiones preventivas y establecerá que la Dirección de Personal verifique los antecedentes mediante mecanismos de interoperabilidad con registros oficiales.

Los nuevos requisitos alcanzarán asimismo al personal contratado, transitorio y de planta no permanente, lo que, según la interpretación del oficialismo, incluirá también a los becarios. Además, se incorporarán cláusulas transitorias para facilitar acuerdos con organismos nacionales y provinciales, exigir información sobre imputaciones anteriores a la entrada en vigencia de la ordenanza y extender las regulaciones a la administración municipal descentralizada.

Desde el punto de vista político, la aprobación representará un avance para la gestión del intendente Daniel Passerini, que logró consensuar modificaciones con buena parte de la oposición. No obstante, persisten interrogantes sobre la eficacia concreta de los nuevos controles, ya que su implementación dependerá en gran medida de la reglamentación y de la capacidad del Ejecutivo para verificar los antecedentes del personal.

La reforma también podría abrir el debate en otros niveles del Estado. La Provincia de Córdoba sigue de cerca el impacto de estos episodios y podría impulsar medidas similares para reforzar los mecanismos de control y los requisitos de acceso al empleo público.