Intendentes cordobeses llevarán a Buenos Aires el reclamo por una deuda millonaria del PAMI

Más de un centenar de municipios de Córdoba esperan el reintegro de fondos por prestaciones médicas a jubilados. Los jefes locales preparan una nueva protesta ante las autoridades nacionales y advierten sobre las dificultades financieras para sostener la atención sanitaria.

La disputa por los fondos que el PAMI adeuda a municipios cordobeses sumará un nuevo capítulo el próximo 6 de noviembre, cuando un grupo de intendentes y jefes comunales viaje a Buenos Aires para presentar su reclamo ante las autoridades nacionales de la obra social. La delegación también evalúa concurrir al Ministerio de Salud de la Nación para exigir una respuesta por los pagos pendientes.

El conflicto gira en torno a los reintegros por prestaciones médicas, traslados y prácticas de salud que los gobiernos locales afrontan para atender a jubilados y pensionados afiliados al PAMI. Según los cálculos presentados por los municipios, la deuda rondaba los 2.000 millones de pesos en abril, una cifra que refleja el impacto de los atrasos sobre las administraciones locales.

La nueva movilización se resolvió después de una reunión realizada en la sede cordobesa del organismo, ubicada sobre avenida General Paz, de la que participaron alrededor de 50 intendentes de distintos espacios políticos, con predominio del peronismo. Los representantes municipales sostienen que muchos gobiernos locales ya no cuentan con recursos suficientes para continuar financiando gastos que, de acuerdo con los convenios vigentes, deberían ser reintegrados por la obra social nacional.

La falta de respuestas y el impacto en los municipios

Uno de los principales cuestionamientos de los intendentes es que el reclamo ya había sido presentado en abril, cuando recibieron la expectativa de que los pagos se concretaran en junio. Sin embargo, los fondos no llegaron y la situación continúa generando preocupación entre las autoridades locales.

Durante el encuentro en Córdoba no fueron recibidos por funcionarios del organismo, lo que profundizó el malestar de los representantes municipales. Ante la falta de avances, decidieron trasladar la protesta a la Capital Federal para intentar darle mayor visibilidad al conflicto.

Además de la deuda por las prestaciones médicas, los intendentes advirtieron sobre las consecuencias que podría tener la reducción de medicamentos cubiertos por el programa nacional Remediar, que pasó de contemplar alrededor de 120 productos a un listado de apenas seis, según los cuestionamientos planteados por los gobiernos locales.

La preocupación radica en que una menor cobertura de medicamentos podría incrementar la demanda sobre los sistemas sanitarios municipales, que ya afrontan dificultades para sostener sus presupuestos.

La disputa también escala en el plano político

El conflicto comenzó a adquirir mayor relevancia dentro de la política cordobesa. Entre los destinatarios de los reclamos aparece Gabriel Bornoroni, diputado nacional de La Libertad Avanza y una de las principales referencias del oficialismo nacional en la provincia. Los intendentes buscan que el espacio libertario contribuya a destrabar las gestiones ante el Gobierno nacional.

La conducción del PAMI en Córdoba también quedó bajo cuestionamiento. Actualmente, el organismo está a cargo de Eduardo Frayre, mientras que su anterior titular, Gonzalo Roca, mantiene vínculos políticos con Bornoroni.

En paralelo, el gobernador Martín Llaryora viene señalando los efectos de los recortes nacionales sobre los servicios sociales. Entre los ejemplos mencionados por el mandatario aparecen las dificultades de cobertura del PAMI y el cierre de una clínica de Marcos Juárez que atendía a afiliados de la obra social.

El oficialismo provincial busca instalar estos casos como muestra del impacto del ajuste nacional sobre las prestaciones que reciben los ciudadanos, mientras se aproxima la disputa electoral de 2027.

Un reclamo que podría llegar a la Justicia

Ante la falta de respuestas, algunos intendentes evaluaron recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento de los convenios. Incluso mantuvieron consultas con el constitucionalista Antonio Hernández, especialista en derecho municipal, para analizar la posibilidad de presentar un amparo contra el organismo nacional.

Finalmente, los gobiernos locales desistieron de avanzar por esa vía, entre otros motivos por los costos que implicaría un proceso judicial y las dudas sobre la efectividad de una demanda contra la administración nacional.

Por ahora, la estrategia elegida es reforzar la presión política y hacer visible el problema en Buenos Aires. La movilización del 6 de noviembre buscará que las autoridades nacionales den una respuesta concreta a una deuda que, según los intendentes, compromete la capacidad de los municipios para sostener la atención médica de los adultos mayores.

Con más de cien localidades cordobesas vinculadas mediante convenios con el PAMI, el conflicto excede a un grupo puntual de administraciones y plantea un interrogante sobre cómo se financiarán las prestaciones sanitarias mientras continúen demorados los reintegros.