El Gobierno declaró secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas

• El Gobierno declaró secreto militar una nueva adquisición mediante el Decreto 1205/2026, firmado por Javier Milei y Carlos Alberto Presti.
• La norma no identifica el equipamiento, el proveedor, la fuerza destinataria ni el monto de la operación.
• El Ejecutivo fundamentó la reserva en la posibilidad de que la difusión de información comprometa la seguridad nacional.
• La decisión se suma a otros decretos que mantuvieron bajo secreto contratos y obras vinculados con los aviones F-16.
• Un pedido de informes en Diputados cuestionó el alcance de la normativa de 1963 por sus posibles efectos sobre el control parlamentario.
• El proyecto de Presupuesto 2027 contempla endeudamiento por 3.500 millones de dólares para adquirir submarinos y fragatas.

El Poder Ejecutivo volvió a recurrir a una normativa de 1963 para mantener bajo reserva una adquisición de material militar, sin precisar qué equipos serán comprados, cuál será su destino ni cuánto dinero se destinará a la operación. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1205/2026, firmado el 16 de octubre por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y publicado en el Boletín Oficial.

La disposición establece el carácter secreto de las operaciones contractuales necesarias para concretar las adquisiciones incluidas en el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD. Sin embargo, el texto oficial no identifica los bienes involucrados, el proveedor, la fuerza que recibirá el equipamiento ni el monto previsto para la compra.

Como fundamento, el Gobierno argumentó que la difusión de los detalles del procedimiento podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación. En consecuencia, los organismos encargados de las contrataciones quedan exceptuados de cumplir con las disposiciones relativas a la publicidad de los actos administrativos vinculados con la operación.

El decreto también faculta a la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa a dictar las medidas necesarias para instrumentar la decisión. De esta manera, la adquisición podrá tramitarse bajo condiciones de reserva, sin que la norma publicada permita conocer sus características concretas.

La base jurídica utilizada por la administración nacional es el Decreto 9390, dictado en 1963 durante la presidencia de José María Guido. Esa disposición contempla entre los asuntos que pueden mantenerse en secreto las adquisiciones militares y los trámites relacionados con ellas. El nuevo decreto también invoca las leyes de Defensa Nacional y de reestructuración de las Fuerzas Armadas.

No es la primera vez que la gestión de Milei utiliza ese mecanismo para operaciones vinculadas con el reequipamiento militar. El antecedente más conocido corresponde al Decreto 370/2024, que en abril de ese año declaró secreto el contrato para comprar 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca.

La reserva se extendió posteriormente a otros aspectos del programa. En septiembre de 2024, el Decreto 807 incluyó las obras de infraestructura previstas en Tandil y Río Cuarto, mientras que en diciembre el Decreto 1073 amplió el alcance del secreto a contratos complementarios con Estados Unidos. En agosto de 2026, el Decreto 735 incorporó la exportación temporal de material de los F-16 para realizar tareas de mantenimiento.

La reiteración de estas decisiones vuelve a poner en discusión los límites entre la confidencialidad necesaria para determinadas operaciones de defensa y las obligaciones de transparencia del Estado. En la Cámara de Diputados existe un pedido de informes presentado en 2024 y reiterado en 2025 que cuestiona el alcance del decreto de 1963 por considerarlo genérico y difuso. Sus autores advierten que ese criterio puede dificultar el control parlamentario, aunque el planteo no obtuvo respuesta.

La Ley 26.134, sancionada en 2006, prohíbe las leyes secretas, pero esa restricción no alcanza a los decretos del Poder Ejecutivo. Esa diferencia normativa constituye uno de los elementos centrales de la discusión sobre el mecanismo utilizado para reservar información relacionada con las compras militares.

La decisión se conoce en un contexto de aumento del gasto destinado al equipamiento de las Fuerzas Armadas y de tensión con el Reino Unido por la cuestión Malvinas. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, el Estado destinó 445 millones de dólares a armamento y equipos militares y de seguridad, según los datos citados en el texto de referencia.

Además, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla autorizaciones de endeudamiento por 2.300 millones de dólares para la adquisición de tres submarinos y por otros 1.200 millones para dos fragatas. Esas previsiones muestran la dimensión de los planes de reequipamiento que enfrenta el área de Defensa.

Aunque algunas versiones atribuyeron a la nueva compra un valor de 500 millones de dólares, el Decreto 1205/2026 no consigna ninguna cifra ni permite confirmar esa estimación. Presti, el primer militar en ocupar el Ministerio de Defensa desde el regreso de la democracia, tampoco realizó declaraciones sobre la medida.